Las presuntas falsificaciones de las notas de algunos estudiantes en la Escuela Nacional de Policía de Ávila empiezan a tener su repercusión en el ámbito político. Este miércoles el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha exigido mediante una solicitud la comparecencia del Director General de la Policía en la Comisión de Interior.
El PP quiere que la cabeza visible del cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, ofrezca explicaciones sobre esa querella admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 1 de Ávila. En ella se detallan las presuntas maniobras de algunos responsables para aprobar a alumnos que figuraban como suspendidos.
Esa petición del PP llegaba tan solo unas horas después de que EL ESPAÑOL publicara buena parte del contenido de las grabaciones que figuran en poder del juez que instruye la causa. Tal y como figura en los documentos aportados al juez, dos de los repsonsables, empleando de justificación las anómalas circunstancias del curso (la pandemia por la Covid-19 y los meses de confinamiento), habrían pedido a determinados docentes que a aquellos alumnos que hubieran obtenido más de un 4 les cambiaran esa nota por un 5.
Esos cambios debían realizarse en la plataforma informática en la que se almacenan los datos de cada uno de los aspirantes una se han corregido los exámenes . "Decidlo vosotros por ahí, al resto de profesores, para que se enteren”, afirmaba uno de los responsables. El querellante entonces le respondió, delante de otras dos profesoras, que consideraba que debía ser el jefe del departamento el que diera esa instrucción a todos los profesores de la asignatura.+
Dos investigados
El magistrado investiga como querellados tanto al comisario jefe de estudios como al inspector jefe responsable del departamento de ciencias jurídicas de la escuela de Ávila, en la que cada año se forman 3.000 personas para convertirse en futuros agentes de la Policía Nacional.
Ambos tendrán que declarar el próximo 29 de enero en calidad de querellados para responder por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones.
El magistrado tiene en su poder una serie de grabaciones aportadas a la causa por el profesor que interpuso la querella. Su contenido probaría las presuntas irregularidades.
El docente que ha acudido a la justicia acudió, el mismo día que le deslizaron aquella orden, al despacho del comisario y jefe de estudios para exponerle lo sucedido y mostrar su desacuerdo.
- Si nadie más está de acuerdo… Se ve que tengo un criterio distinto.
- Pues muchas gracias, me gustaría que fueras un poquito más flexible, le respondió el comisario.
- No, flexible...
-Que colaborases más con la institución...
-Lo que no voy a colaborar es que si tiene un cuatro yo…
-No, si me ha quedado claro que tú no vas a hacer absolutamente nada.
-Yo no voy a poner una nota que no corresponda.
-Muchas gracias por tu colaboración, y ya está. (...) Yo no te puedo obligar a que prevariques. Entonces, si no te sale de donde te tiene que salir...
Otras polémicas
Antonio Suárez-Valdés, abogado del profesor que se querelló contra esos dos responsables del centro, conoce bien la situación de la academia. Especializado en casos relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto él como su equipo pueden llegar a tramitar "más de 300 recursos" al año de aspirantes que denuncian "todo tipo de irregularidades en este tipo de oposiciones".
No es la primera polémica que envuelve la academia de Ávila. En noviembre de 2019, casi 17.000 aspirantes de la XXXVI promoción se presentaban a las 2.506 plazas convocadas para la escala básica de la Policía Nacional. Muchos de ellos se llevaron una desagradable sorpresa al constatar que la Dirección General de la Policía había decidido elevar la nota de corte del examen de Conocimientos y Ortografía del proceso selectivo al Cuerpo después de que los aspirantes hubieran realizado la prueba.
Las normas eran claras, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para ser calificado como apto era preciso sacar un cinco. Después de ese cambio, que llegó tras la realización del test, la Policía decidió subir sin previo aviso el umbral de aprobados. De la noche a la mañana, era necesario obtener como mínimo un 6,2.
Casi 4.000 personas se vieron afectadas. Esa sorpresiva modificación provocaba que muchos suspendieran un examen que habían aprobado. Desde entonces, 2.000 de aquellos aspirantes han ido presentando sus respectivos recursos con el fin de impugnar los resultados. Pero a raíz de esta polémica, muchos otros pretenden ir más allá. Su intención es la de revisar por completo el sistema.
Desde la vía administrativa, desde la vía judicial, el objetivo final es el de escrutar y analizar hasta el último detalle todo el sistema de exámenes y de pruebas necesarias (las físicas, las psicotécnicas, los reconocimientos médicos, las entrevistas personales) que se deben superar para acceder al Cuerpo Nacional de Policía.