La dimisión del JEMAD pone en evidencia el protocolo de vacunación: ni el Rey está inmunizado

Cerca de un mes después de inyectarse en España la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus -el pasado 27 de diciembre-, la dimisión del JEMAD ha situado el debate sobre el protocolo nacional de actuación en su punto más álgido.

En España, a diferencia de lo que sucede en otros países, la cúpula del Estado no forma parte de los llamados "grupos prioritarios". ¿Debe vacunarse el Jefe del Estado Mayor en plena tercera ola? ¿Y el Rey? ¿Qué pasa con los ministros del Gobierno? ¿Por qué no lo hacen los presidentes de las Comunidades autónomas?

Una negativa por respuesta -la que ha elegido el Gobierno de Sánchez- deja sin inmunidad, por el momento, a los máximos responsables de la gestión. El Ejecutivo portugués, también socialista, eligió el camino contrario.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? A lo largo de este texto, responden expertos en Ética, Derecho Constitucional y Comunicación Política.

El documento del Ministerio de Sanidad deja claro que en la primera fase de inmunización los "grupos prioritarios" son los internos en residencias, el personal de estos centros y la primera línea del ámbito sanitario y sociosanitario.

Inmunizados estos grupos, algo que todavía no ha pasado, el departamento que dirige Salvador Illa establece que las dosis serán para el resto de personal sanitario y sociosanitario y para las personas consideradas como grandes dependientes.

A pesar de ello, en los últimos días se han sucedido los nombres de políticos y cargos públicos que se han saltado la norma y se han vacunado antes de lo que les corresponde. Una picaresca que enturbia, pero al mismo tiempo intensifica este debate.

El portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, criticó que “alguno, en virtud del cargo que tiene, se cree más importante que el resto y se vacuna antes".

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, calificó como “lógico y razonable” que “quienes dirigen la nación, quienes tienen esa responsabilidad de tomar decisiones a futuro, se vacunen".

Dos enunciados que reflejan cómo la dicotomía que justifica este texto ya ha invadido también la esfera política. El debate no es baladí y trasciende ideologías.

"Normal, lógico"

"Es esencial proteger a los titulares de altos cargos", justificó hace unos días Francisco Ramos, coordinador del grupo de trabajo responsable del plan de vacunación portugués.

Esa misma opinión sostiene, en conversación con EL ESPAÑOL, Roberto L. Blanco, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela.

“En una situación como esta, es lógico que las autoridades, los responsables de dirigir los operativos para luchar contra el coronavirus, se vacunen”, asegura.

En opinión de este constitucionalista, "sería lo normal" que personas que ostentan cargos de gestión, como podría ser el presidente del Gobierno, un consejero autonómico o el propio jefe del Estado Mayor (JEMAD) reciban las primeras dosis.

“No es cuestión de privilegio, es una decisión derivada de la necesidad de proteger a quienes dirigen el país, a quienes lideran su funcionamiento", argumenta.

Además, Roberto Blanco subraya que estos dirigentes conforman un grupo “ínfimo”, “de no más de 2.000 o 3.000 personas”, en comparación con la cantidad de dosis recibidas -1.346.100, según el último reporte de Sanidad fechado este viernes-.

No obstante, este catedrático reconoce que “es difícil fijar la barrera” de quiénes sí y quiénes no dentro de la gestión de la pandemia. La figura del Rey, en su opinión, sería una de las que generaría más polémica. "Sería muy mal visto, pero que se vacunara es lo más normal, tanto él como sus hijas. No tienen mucha relevancia política pero son las sucesoras de la Corona", defiende.

El protocolo 

El problema que ha dado pie a la polémica radica entonces en que esta teoría no se corresponde con la práctica, con el protocolo establecido. “Está justificado que el JEMAD se vacune pero la ley no lo contempla. No se puede razonar en términos de bien o mal, eso lo decide la norma”, matiza Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Este experto asegura que el régimen especial que tienen tanto el Rey como los diputados “justificaría que los vacunaran primero”, pero “una cosa es que esté justificado y otra que se haga”.

“El Estado de Derecho en España se caracteriza por el gobierno de las normas, no de las personas. Está lo político, la toma de decisión, y lo jurídico, la aplicación. El protocolo de vacunación es una decisión política y, una vez se toma, hay que cumplirla. Si los políticos se han saltado la norma, deben dimitir. Desde el punto de vista jurídico hay poco que discutir”, argumenta.

Los “criterios objetivos” para establecer quiénes deben vacunarse primero son numerosos: hay justificación para que sean las personas mayores, por el riesgo epidemiológico; también los cargos públicos, por el peso de sus labores.

Por ello, también adquiere una relevancia la comunicación. “Cuando esos cargos dirigentes están más alejados del ámbito de la salud, su inmunización es más complicada de entender para la población”, asegura Ruiz.

El profesor de Ética en las Universidades de Valencia y Navarra, José María Torralba, indica que, a la hora de tomar decisiones, hay que tener en cuenta “la repercusión pública y cómo se explican”. “Si desde el principio se establece el debate y se argumenta la decisión, no habría polémicas”, asegura.

“Desde el punto de vista racional, algunas decisiones pueden ser lógicas, pero hay que tener en cuenta el impacto social que tienen. Hay una gran desafección hacia la clase política; si todo el mundo considerara la labor de los políticos esencial no lo verían como un problema”, sostiene.