El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley que regula la eutanasia en España. Con 198 votos a favor y 142 en contra, el Gobierno de coalición saca adelante una de las grandes promesas sanitarias de Pedro Sánchez durante la campaña electoral de 2019.
Con la socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo como cabeza visible del proyecto, PSOE y Unidas Podemos se reencuentran en el debate parlamentario en una semana fría entre ambos socios.
La unión que representa la aprobación de la Ley de la Eutanasia deja atrás la negativa de los socialistas a una norma de similares características durante la legislatura de 2017. Momento en el que Podemos, por iniciativa de Izquierda Unida, presentaba una legislación que la bancada (que ahora arropaba la ferviente defensa de Carcedo) rechazaba.
"Para los que aman la vida, pero aspiran a tener una ley cuando necesiten un final", defendía la exministra socialista en un ataque directo hacia el PP y Vox. Los partidos de derechas han acusado al PSOE de poner en marcha una ley "poco garantista" y que puede posibilitar "eutanasias no justificadas".
La ley ha sido acusada de una tramitación "en tiempo récord" y sin un "debate social". Algo que Carcedo ha negado en forma de testimonios de varias personas que han luchado o reclamado la práctica eutanásica. "Quiero tener una bala en la recámara", ha recordado bajo la atenta mirada de Carolina Darias que se levantaba de su asiento al finalizar la intervención de su antecesora.
Precisamente la ministra de Sanidad se ha levantado al final del debate para agradecer a los grupos parlamentarios su trabajo para sacar adelante esta proposición de ley, "especialmente al grupo socialista". El texto había aceptado previamente varias autoenmiendas en el Senado que ampliaban la participación de la Enfermería.
"Avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa. Más allá de las diferentes opiniones, la eutanasia se asienta sobre unos principios esenciales recogidos en la Constitución Española: el derecho a la vida y la dignidad y la autonomía de las personas. Hoy damos un paso más para tener una sociedad más decente", ha declarado Darias desde su asiento en la Cámara Baja.
Tribunal Constitucional
En sus palabras, Darias ha asegurado que la ley atiende una demanda "importante" de la sociedad española. Recordando a las entidades de la sociedad civil que llevan "años" luchando por este derecho, Darias ha puesto en valor su inclusión en la cartera básica de servicios.
Algunos partidos políticos como PP o Vox (que han votado en contra de su aprobación) han decidido iniciar una vía de actuación para evitar que la Ley de la Eutanasia se ponga en marcha en España. El partido de ultraderecha ha decidido que llegará hasta el Tribunal Constitucional para evitar a toda costa que la ley entre en vigor.
La denuncia de Vox puede ser un problema, puesto que en Portugal ha sido este órgano el que se ha interpuesto en la puesta en marcha de la eutanasia. Hace apenas 3 días, el Tribunal Constitucional (TC) de Portugal rechazaba la ley que despenaliza la eutanasia, aprobada a finales de enero por el Parlamento, al considerarla inconstitucional por utilizar conceptos "imprecisos", aunque abrió la puerta a que el Parlamento vuelva a tramitarla.
El presidente del tribunal, João Pedro Caupers, comunicó que siete de los doce jueces votaron en contra de la norma, aunque señaló que la eutanasia, por sí misma, no es inconstitucional: "El derecho a la vida no se puede transfigurar en un deber de vivir en cualquier circunstancia".
Entrada en vigor
Para que esta ley sea efectiva y España se convierta en el cuarto país de Europa y sexto del mundo donde esta ley sea un derecho, necesita que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque el Gobierno no ha concretado una fecha exacta, podría ser este mismo viernes.
Tras dicha publicación, el país deberá esperar tres meses para solicitar este nuevo derecho. En este tiempo de 'espera', cada comunidad autónoma deberá de empezar a configurar las comisiones de garantías. Unos órganos "decisorios e imprescindibles" que tiene la misión de revisar la decisión de aquellos sanitarios que hayan rechazado practicar la eutanasia a un solicitante.
En la primera redacción de la norma, se solicitaba que la comisión la conformaran "siete sanitarios y juristas". Pero, tras su paso por el Senado, se especifica que sea "personal médico, enfermeras y juristas".
El hecho de incluir a las enfermeras modifica el papel que, hasta ahora, tomaban las profesionales en este proceso. El peso siempre se había puesto sobre los hombros de los médicos, pero el PSOE incluye a las enfermeras como "defensoras del paciente".