Pablo Iglesias va dejando sucesoras, tras su sorpresiva salida del Gobierno y del Congreso de los Diputados para encabezar la candidatura de Podemos a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Algunas de ellas tan relevantes como la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que ascenderá próximamente a vicepresidenta del Gobierno (aunque tercera y no segunda, el rango que tenía su jefe de filas) y a la que el secretario general de la formación morada señala ya como candidata a las próximas elecciones generales. O como Ione Belarra, quien ocupará en su lugar la cartera de Derechos Sociales, en la que hasta ahora era secretaria de Estado de Agenda 2030.
Pero hay una tercera sucesora, menos relevante políticamente, y menos conocida para la opinión pública. Se trata de Mercedes Pérez, quien ocupará su escaño por Madrid en la Cámara Baja. La número seis en la lista morada por la capital de España ya fue diputada en la mini legislatura de 2019, cuando España volvió a entrar en un bloqueo y tuvieron que repetirse las elecciones en noviembre. Entonces su partido se dejó un parlamentario y se quedó sin su escaño, el que ahora recupera fruto de la renuncia al mismo de Iglesias.
Pérez, que el pasado noviembre cumplió 60 años, es conocida por ser una de las autodenominadas 'espartanas' de Coca-Cola. Sin titulación alguna, su trayectoria profesional ha estado exclusivamente vinculada a la embotelladora de la compañía del célebre refresco, Casbega. En 2014 protagonizó, junto a otros compañeros, entre ellos su marido, un sonado conflicto laboral con esa empresa por el cierre de la planta que tenía la empresa en Fuenlabrada, una localidad del sur de Madrid.
La empresa siempre adujo que tenía un plan de reducción del número de fábricas, por una cuestión de "economía de escala" y que se dieron condiciones de compensación económica a quienes tuvieran que trasladarse para trabajar en otra fábrica.
Un chalet y 100.000 euros
En su declaración de bienes realizada hace dos años cuando salió elegida diputada, Pérez reseñaba su condición de delagada sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y el sueldo que percibió (como deben hacer todos los parlamentarios) antes de salir elegida, que ascendía a los 86.000 euros anuales. Habiendo pagado en concepto de IRPF 22.000 euros, como corresponde a quienes se les grava por los tipos más altos.
Además, esta representante de los trabajadores tenía entonces 100.000 euros en su cuenta corriente, un fondo de pensiones por valor de 177.000 euros y la propiedad, en gananciales, de un chalet en El Escorial, en el norte de la Comunidad de Madrid.
Su llegada al Congreso tuvo entonces un morbo político innegable por cuanto coincidiría con Marcos de Quinto, el antiguo presidente de Coca-Cola al que Albert Rivera había fichado como número dos de Ciudadanos, también por la circunscripción de Madrid. Lo que se presumía como un coche de trenes quedó en combate nulo ya que apenas coincidieron seis meses de una anómala legislatura, con el Gobierno de Pedro Sánchez en todo momento en funciones.
Ahora que Pérez vuelve al Hemiciclo De Quinto ya no está en él, tras renunciar al acta y abandonar el partido naranja, por discrepancias con la dirección de Inés Arrimadas, en 2020.
Esta vez se cruzaron casi sin coincidir en el camino, pero para Pérez el exdiputado de Ciudadanos ha sido uno de sus objetivos. Como para todos los 'espartanos', que le señalan como una persona "sin sensibilidad por los trabajadores". De Quinto, por su parte, ha reiterado en multitud de ocasiones que él no hizo ERE alguno como responsable que era de la multinacional.
El que fuera vicepresidente mundial de Coca-Cola llegó a sufrir un escrache de esos trabajadores el día de su boda, un hecho que denunció ante la Justicia, aunque recientemente un tribunal absolvió a quienes le acosaron a las puertas de la iglesia donde contrajo matrimonio.
Las movilizaciones de los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada, con encierros incluidos, coincidieron en el tiempo con el surgimiento de Podemos a principios de aquel 2014. Pérez, que pese a su activismo sindical nunca había militado en política, no dudó en inscribirse en el proyecto impulsado por Iglesias, al que ahora releva como parlamentaria.
Como diputada no sufrirá una merma excesiva de sus ingresos. El sueldo de un parlamentario raso supera los 4.000 euros al mes, aproximadamente lo que percibía cuando era simplemente 'espartana'.