Unidas Podemos pretende incluir la salud mental entre los aspectos a proteger por la ley de Prevención de Riesgos Laborales, y prevé duras sanciones para quienes la incumplan. En concreto, plantean penas de cárcel para aquellos empresarios que no favorezcan "la promoción de un ambiente agradable en el trabajo" y permitan el mobbing.
Así se refleja en el redactado de la ley presentada por los morados en el Congreso de los Diputados y que pretende ser el punto de partida para una norma "consensuada" con el resto de grupos parlamentarios y el Ministerio de Sanidad.
Unidas Podemos ha presentado la proposición de ley después de que Más País haya cogido el estandarte de la salud mental durante toda la legislatura. Además, el famoso "vete al médico" hacia Íñigo Errejón por parte de un diputado del PP cuando denunciaba sobre la tribuna el aumento de la depresión y la ansiedad, entregó a Más País todo el protagonismo en este terreno.
En su propuesta, Más País hablaba de diseñar políticas de empleo y vivienda reales y accesibles para reducir "el impacto negativo de los determinantes sociales en la salud mental". Pero, ahora, los morados van más allá y entran en el entorno laboral.
Y es que, Podemos quiere que la prevención de la salud mental sea también un pilar en la salud laboral del trabajador como lo son los riesgos físicos. Es decir, que al igual que se evalúa el riesgo de un empleo por la nocturnidad o la exposición a productos químicos, se tenga en cuenta la salud mental que el entorno laboral general al empleado.
De esta forma, y según Unidas Podemos, se busca que el empresario adopte las medidas de "prevención, vigilancia y control necesarias para garantizar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras".
Además, se pretende que sea "efectivo" el derecho a la desconexión digital, "la promoción de un ambiente agradable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras".
Hay que recordar que, según la legislación actual, el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales conlleva sanciones administrativas. Están estipuladas por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en su Sección 2.ª. En la parte económica, las sanciones oscilan entre los 40 y los 819.780 euros de multa según se trate de infracciones leves, graves o muy graves.
Prevención
Si se dan circunstancias de excepcional gravedad, la sanción puede acarrear además la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o el cierre del centro de trabajo correspondiente (artículo 53 LPRL).
Del mismo modo, en el Código Penal se concretan diversos delitos en los que el empresario puede incurrir ante el incumplimiento de su deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, que si se aprueba la ley de Podemos incluiría la salud mental.
Tal y como consta en el artículo 316 del Código Penal, los infractores podrán ser "castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses". Así las cosas, cuando este delito se comete por imprudencia grave se castiga con la pena inferior en grado. Es decir, con prisión de tres meses a seis meses menos un día y multa de tres meses a seis meses menos un día.
De este artículo 316 del Código Penal, se desprende que debe existir una infracción de la norma, un comportamiento omisivo y la generación de peligro.
Fuentes sindicales consultadas por EL ESPAÑOL explican que el objetivo final de esta parte de la ley es hacer un ejercicio de prevención, sobre todo en un momento en el que la Covid-19 ha causado secuelas psicológicas entre los trabajadores.
En el caso de problemas psicológicos derivados de mobbing, sería necesario probar que el problema de salud mental "tenga una relación de causa con el trabajo".
"Es decir, el fin último de esta normativa es que la salud mental sea concebida como un problema derivado del entorno laboral y un riesgo dentro del trabajo", explican estas fuentes sindicales, que pretenden evitar que la "mala salud mental" sea una consecuencia de un "entorno laboral desfavorable".
Aun cuando la ley de Unidas Podemos no deja de ser ahora un proyecto, esta misma semana se ha conocido un caso que podría entrar dentro de la casuística que plantea la formación morada: el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año de cárcel impuesta a un empresario que acosó a una trabajadora que acabó suicidándose.
Los jueces entienden que el hombre cometió un "contumaz acoso" contra la mujer "con menosprecio a su dignidad como trabajadora" cambiando su puesto de trabajo sin darle ni funciones ni herramientas, y que eso derivó en su decisión de suicidarse.