El PP exigirá al Gobierno que frene el informe del Consejo de Europa contra la sentencia del 'procés'

La batalla del PP contra los indultos que el Gobierno prepara para los líderes independentistas se da en varios frentes, y no solo en el institucional o el de la movilización ciudadana.

Además de la recogida de firmas en toda España contra la medida de gracia -que ya ha superado las 100.000- y de las mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos  -que a juicio de los populares está "retratando" al PSOE, por su voto en contra- hay otro asunto que preocupa a los de Pablo Casado y por el que van a exigir al Gobierno una actuación inmediata.

En menos de diez días, el próximo 21 de junio, el Consejo de Europa debatirá y eventualmente aprobará el informe del relator letón, el socialista Boris Cilevics, sobre el procés independentista y la condena dictada por el Tribunal Supremo contra Oriol Junqueras y el resto de dirigentes separatistas por los delitos de sedición y malversación.

El texto califica de "desproporcionadas" las penas impuestas por el Alto Tribunal y se muestra favorable a los indultos y a la supresión de las peticiones de extradición que tiene España sobre los fugados, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Aun así, admite que en 2017 hubo un "quebrantamiento" del orden constitucional por parte de los líderes independentistas y que el 1 de octubre tuvo lugar un "referéndum ilegal" convocado por la Generalitat.

Los ataques a la democracia española han sido destacados por las fuerzas independentistas y el Govern de Pere Aragonés; la quiebra de la ley, por el Gobierno central a través de un comunicado de Asuntos Exteriores. Pero fuentes del PP aseguran que el Ejecutivo debería ir más allá y tomar muy en serio lo que supone que ese informe se llegue siquiera a aceptar para ser votado. Y que debe intentar frenarlo.

Argumentan los de Casado que aunque no sea vinculante, el documento puede tener perniciosas consencuencias para España. Y lo cierto es que el comunidado del Ministerio de Arancha González Laya se expresa en términos muy duros contra el texto, que considera lastrado por un "prejuicio". Y es que el informe parte, advierte Exteriores, de "la presunción de que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato". 

"Muy tarde"

Consultados por este periódico, antiguos miembros del Consejo de Europa -un organismo del que forman parte representantes de hasta 47 Estados, más allá de los 27 socios de la Unión Europea (UE)- consideran que es "muy tarde" para enmendar el texto.

A principios de este mes, el informe fue aprobado ya en el Comité de Derechos Humanos -algo análogo a una comisión parlamentaria-, y ahora debe recibir la ratificación del plenario. En dicho órgano, los socialistas españoles sí enmendaron parte del texto, elaborado por un correligionario suyo, el citado Cilevics, muy conectado con los independentistas catalanes. 

El informe está recibiendo una fuerte contestación intelectual en ámbitos del constitucionalismo catalán. El antiguo presidente de Societat Civil Catalana (SCC) y catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, ha elaborado una detallada respuesta que está siendo dinfundida por el Foro de Profesores para recabar adhesiones, y que se ha traducido al inglés. 

En ella se describe en estos términos el procés: "Desde el año 2013, las autoridades autonómicas decidieron dejar de actuar dentro del marco constitucional español y adoptaron distintas resoluciones, tanto en el Parlamento autonómico como por parte del Gobierno autonómico y de las administraciones locales, que suponían el rechazo expreso a la Constitución española, con la intención explícita de que dichas instituciones pasaran a convertirse en la administración de un nuevo Estado denominado 'República Catalana'".

Esta prolija respuesta al informe de marras se dirige al Consejo de Europa, una institución que data del final de la Segunda Guerra Mundial, para preguntarle si "¿acaso esta Comisión puede ir en contra de los valores y principios esenciales del Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949 que crea el Consejo de Europa y del que emanan los poderes de la Asamblea Parlamentaria?". 

Pero además de la contestación intelectual a las tesis del independentismo que Arenas y sus compañeros ven reflejadas en la literalidad del informe, le afean algunos errores de bulto.

Entre ellos, la incorrecta apreciación de que el Ministerio del Interior controlaba en 2017, durante las semanas previas al 1-O, a los Mossos d'Esquadra, cuando lo cierto es que la Policía autonómica dependendía de la Generalitat, salvo el tiempo de aplicación del artículo 155 de la Constituición, que entró en vigor a finales de octubre, después de la declaración de independencia. 

En aquel momento, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -que negoció el 155 con Pedro Sánchez-, convocó elecciones autonómicas sin demorar un solo día desde la aplicación, por primera vez en a historia, de ese artículo que permitió intervenir poderes de una Autonomía.