La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -un órgano consultivo que se encarga de vigilar el respeto de los derechos humanos en el continente- ha aprobado este lunes una resolución en la que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que indulte a los presos del procés, que retire las euroórdenes contra Carles Puigdemont y sus exconsejeros fugados en Bélgica y que reforme el delito de sedición para reducir las penas. El dictamen equipara la situación de España con la deriva autoritaria de Turquía.
El texto, elaborado por el socialista letón Boris Cilevics, ha recibido luz verde durante una sesión plenaria en Estrasburgo por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. De los 12 diputados españoles, los representantes del PP, PSOE y Vox han votado en contra. En contraste, han apoyado la resolución el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino; la senadora de ERC Laura Castel; y la diputada del PNV Nerea Ahedo.
La Asamblea Parlamentaria -formada por 324 parlamentarios nacionales de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, que no tiene nada que ver con la UE y que cuenta entre sus miembros a Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Moldavia o Andorra- ha rechazado todas las enmiendas de los representantes españoles para corregir los puntos más polémicos del informe. En particular el referido a las euroórdenes, que se considera una injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Tampoco se ha aceptado la enmienda de ERC en defensa de una amnistía general en Cataluña.
El dictamen deja al Gobierno de Sánchez un sabor agridulce. Por un lado, le sirve como aval europeo para su política de distensión en Cataluña y para los indultos. Al mismo tiempo, el Gobierno está indignado por el paralelismo entre España y un régimen autoritario como el de Turquía (los dos casos se abordan en una misma resolución) y por la alegación de que los políticos del procés han sido condenados por sus declaraciones y no por sus actos contrarios a la ley y la Constitución.
Un pecado original
"España y Turquía son obviamente dos países muy diferentes con culturas legales y problemas distintos, pero tienen algo en común: varios políticos bien conocidos han sido enviados a prisión durante muchos años por declaraciones que hicieron en el ejercicio de su mandato. No se han observado casos así en ningún otro lugar de Europa", ha asegurado Cilevics en el debate previo a la votación.
El título del informe, aunque aparezca entre interrogantes, ya se considera toda una afrenta por parte de las autoridades españolas: "¿Deben ser perseguidos los responsables políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?". Tanto el ministerio de Asuntos Exteriores como los diputados españoles en la Asamblea han tratado de frenar el texto con alegaciones o enmiendas, pero no han logrado una mayoría suficiente, según ha admitido la jefa de la diplomacia, Arancha González Laya.
"Yo creo que este informe adolece de un pecado original que es poner en cuestión la libertad de expresión de los políticos en nuestro país y poner en el informe el caso de España con el caso de Turquía. Todo lo que viene después parte de este error inicial en el planteamiento", ha señalado González Laya en rueda de prensa virtual tras participar en la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.
Durante el debate de la Asamblea Parlamentaria, la mayoría de intervinientes han criticado que se equipare la situación de España con la de Turquía. Al mismo tiempo, han sostenido que las penas impuestas a los líderes del procés son excesivas y han celebrado el anuncio por parte de Sánchez de los indultos.
Penas desproporcionadas
"Reconocemos que los líderes catalanes cometieron actos ilegales contra la Constitución española en octubre de 2017. Es un hecho. Pero las penas son desproporcionadas, ya se apliquen a cargos electos o a personalidades de la sociedad civil", ha dicho el portavoz del grupo liberal Jacques Maire, miembro de La República en Marcha de Emmanuel Macron. "Por eso, nuestro grupo espera del Gobierno español una reducción de las penas aplicadas a los líderes catalanes. En este sentido, nos animan las últimas decisiones del Gobierno español", ha apuntado.
"Me gustaría dar la bienvenida a los últimos acontecimientos: 9 de los políticos a los que se refiere este informe van a ser indultados. Es un paso increíblemente importante para la reconciliación y la resolución de esta situación muy difícil y delicada en España", ha afirmado la portavoz del grupo socialista, la islandesa Thorhildur Sunna Aevarsdóttir.
Entre los intervinientes no españoles, sólo la griega Theodora Bakoyannis, portavoz del grupo popular, ha criticado abiertamente el informe. "Las condenas en España se produjeron a raíz de actos ilegales concretos, como la sedición, la malversación de fondos públicos y el incumplimiento de órdenes judiciales. Ha habido procedimientos adecuados en materia de Estado de derecho, varias decisiones judiciales, incluyendo del Tribunal Constitucional (...) Es importante no enviar el mensaje equivocado a los separatistas", ha dicho.
Entre los diputados españoles, los más activos han sido Sergio Gutiérrez por parte del PSOE y Pablo Hispán por parte del PP, que han intentado sin éxito que se aprobaran sus enmiendas para corregir al menos las partes más polémicas de la resolución. El primero ha insistido más en las euroórdenes, mientras que Hispán se ha centrado en los indultos.
"No podemos estar de acuerdo con el texto que pide que se suspenda la petición de extradición de aquellos fugados de la justicia española porque se pide directamente que la justicia no cumpla con su papel constitucional", ha defendido infructuosamente Gutiérrez.
"Rechazamos que se pueda dar ningún tipo de perdón presidencial a políticos que han sido condenados por grandes delitos, que además han dicho que lo volverán a hacer, que no se arrepienten de nada, y con los informes en contra tanto del Tribunal Supremo de España como de la Fiscalía. Se propone dar un perdón a los políticos condenados en contra de la legalidad, en contra de su voluntad porque no lo han pedido, en contra del sentido común y además poniendo en grave riesgo la estabilidad institucional y legal de España", ha señalado el exjefe de gabinete de Pablo Casado.
¿Voto de confianza?
González Laya ha intentado poner el foco en la parte positiva del informe, que a su juicio supone un "voto de confianza" en el funcionamiento del Estado de derecho en España y el reconocimiento de que los jueces son independientes. La resolución admite además que los políticos catalanes fueron juzgados por sus actos y no por sus opiniones y que sus actuaciones durante el procés fueron ilegales e inconstitucionales.
Al mismo tiempo, el dictamen de Cilevics contiene recomendaciones "incoherentes" y "confusas", admite la jefa de la diplomacia española. En particular, la Asamblea Parlamentaria reclama al Gobierno español que "se inmiscuya" en decisiones del poder judicial, como la paralización de las euroórdenes, una solicitud que a juicio de González Laya no es propia de un Estado de derecho con separación de poderes.
Pese a todos estos problemas, la ministra de Exteriores ha querido concluir con un juicio favorable sobre la resolución. "Nos satisface que se reconoce que el Estado de derecho en España es un Estado de derecho fuerte, pleno y sólido. Y creo que eso es el mensaje principal que entendemos que sale de este informe", ha dicho González Laya.
Algunas de las recomendaciones del Consejo de Europa "sonarán de algo" a la política del Gobierno de Sánchez, como es el caso de los indultos, la reforma de la sedición o el relanzamiento del diálgo en Cataluña, admite la ministra de Exteriores.