Colectivos feministas han salido este sábado a la calle en varias ciudades de España para mostrar su rechazo a la ley trans, que permitirá el cambio de sexo sin necesidad de informe médico a partir de los 14 años y que llega este martes al Consejo de ministros.
"¡Irene Montero, dimisión!" y "Mujeres del PSOE, romped la disciplina" han sido algunos de los eslóganes que se han escuchado este mediodía en la Puerta del Sol, donde varios centenares de mujeres han respondido al llamamiento de Confluencia Movimiento Feminista y 8M Movimiento Feminista de Madrid.
Estos colectivos acusan al Ministerio de Igualdad de "ignorar y despreciar" al movimiento feminista promoviendo leyes "contra las mujeres" que sustituyen el concepto de sexo por el de género y hacen peligrar sus derechos.
La portavoz de Confluencia Movimiento Feminista y de 8-M Movimiento Feminista de Madrid, Laura de la Fuente, ha explicado que el Gobierno "no ha cumplido con la agenda feminista" y considera que el PSOE ha aceptado esta ley para conseguir "réditos políticos".
"De los cuatro compromisos del Pacto de Coalición, no ha cumplido ninguno y, además, eleva a la categoría de pacto esta Ley de Autodeterminación de Sexo cuando no estaba registrada ni consensuada en estos términos", ha señalado, y ha añadido que pese a ser el Gobierno "más feminista de la historia", es también el que menos medidas por las mujeres ha llevado a cabo.
El anteproyecto de la ley será previsiblemente aprobado este martes por el Consejo de Ministros tras arduas negociaciones entre Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia Primera, ya que Carmen Calvo se oponía a la llamada "libre autodeterminación de género", el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes ni testigos.
Finalmente, aunque el concepto no se incluye en el anteproyecto, será posible el cambio de sexo sólo con un periodo de espera de tres meses desde la primera solicitud; y se abre a los menores. Igualdad apostaba por los 12 años, pero la edad mínima quedará fijada en los 14, según han informado a Efe fuentes de la negociación.
"Nos llamarán tránsfobas o brujas, pero el movimiento feminista siempre ha estado al lado de las minorías, no nos hemos vuelto locas", ha asegurado Laura de la Fuente.
A su juicio, la ley, al impedir hacer un diagnóstico diferencia de la disforia de género, también perjudicará a las personas trans, ya que acabará con el desmantelamiento de las unidades integrales en las que ahora reciben tratamiento.
El proyecto ha dividido al movimiento feminista, con unos colectivos que defienden la normalización e integración de las mujeres trans y otros, como los que se han manifestado este sábado, que sostienen que "ser mujer no es un sentimiento", sino "una realidad material".
"No es una ley para el 0,4 o 0,5 % de la sociedad -cifra de personas trans que se estima que hay, según diversos estudios-, no les afecta solo a ellas, el ámbito subjetivo de esta ley es toda la población", ha alertado De la Fuente.
Con gritos de "la infancia no se toca", han denunciado que asociaciones del movimiento "queer", a través de la educación afectivo sexual, "inducen" a los niños a pensar que hay chicos y chicas que han podido nacer en el cuerpo equivocado, "provocando dudas" y orientándolos hacia una transición al sexo contrario.
Si se aprueba la ley trans, han advertido en pasquines repartidos en la plaza, un maltratador podría inscribirse como mujer, el deporte femenino se convertirá en un juego sucio, las estadísticas que se usan para combatir la desigualdad que sufren las mujeres dejarán de ser fiable y los considerados "espacios seguros" para las mujeres ya no lo serán.
Además de en Madrid, también se han producido concentraciones similares en Galicia, Cataluña, Murcia y Baleares.
Leyes Rhodes y Celaá
Estas organizaciones feministas reclaman la derogación de todas las leyes trans existentes en el territorio español en las que se "sustituye la categoría jurídica 'sexo' por 'identidad de género'".
Además, quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discriminación) que "introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros".
También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celaá (LOMLOE), que, en su opinión, "generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad".
Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres, ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando "una ley misógina" que "destroza" los derechos de las mujeres y que estará "rendida a los deseos de los varones".