La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) acaba de pedir al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que tome declaración a tres nuevas víctimas que habrían sufrido en sus propias carnes las presuntas torturas por parte del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Por medio de un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la acusación de la causa que el líder saharaui tiene abierta por presuntos delitos de tortura y genocidio señala al juez que esos interrogatorios aportarían pruebas directas de los delitos que se le imputan a Ghali.
Se trata, al parecer, de tres testigos presenciales de los hechos relatados en la querella. Todos ellos, según figura en el escrito habrían sido secuestrados por las fuertas del Polisario en las últimas décadas. Todos habrían presenciado prácticas presuntamente genocidas, de "aniquilación o exterminio sistemático y deliberado por motivos raciales, políticos y religiosos".
Los tres, según indica la acusación, podrían identificar y señalar a los "torturadores" que figuran en la querella, entre los cuales está el propio Ghali. Por el momento, el magistrado ha dictado una providencia según la cual da traslado a la Fiscalía de esta petición. Una vez ésta se pronuncie, Pedraz decidirá si citar a esos tres nuevos testigos o no.
Crisis diplomática
Brahim Ghali llegó a España a mediados del pasado mes de abril, y permaneció ingresado en un hospital de Logroño aquejado por la Covid-19 hasta el 1 de junio. Tras declarar ante el juez y que este le permitiera conservar su pasaporte, pudo salir del país rumbo a Argelia, donde continúa hospitalizado.
Su avión aterrizó en la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Zaragoza el día 18 de abril. Horas después, cuando llegó a La Rioja en una ambulancia medicalizada, se le inscribió en el centro sanitario con el nombre de Mohamed Ben Batouch.
La medida del Gobierno de introducirle en el país de manera subrepticia propició una crisis diplomática con Marruecos y la mayor avalancha de inmigrantes sobre Ceuta, ya que 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días.
Su registro con otro nombre en el hospital de Logroño, así como la opacidad en el procedimiento por el que llegó a territoro nacional, soliviantaron a la monarquía alauí, a la que España no informó de ese movimiento.
Investigación paralela
De forma paralela a la causa en la Audiencia Nacional, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza lleva semanas tratando de averiguar si Ghali accedió con documentación falsa a territorio nacional, quién se la proporcionó, quién le acompañaba y todas las demás vicisitudes de ese movimiento que que originó la crisis diplomática más importante en años con Rabat.
Por el momento espera la respuesta que ha exigido al Ministerio de Defensa, al que ha encargado un total de 9 diligencias con el fin de esclarecer los hechos.
La petición llegaba después de considerar insuficiente el oficio que le llegó desde el departamento de Seguridad de la Guardia Civil del aeropuerto de esa ciudad. Aquel informe apenas constaba de 7 escuetas líneas que no aclaraban gran cosa y sí creaban multitud de lagunas.
Y el juez, a fin de cuentas, quiere conocer detalles concretos sobre la hora a la que aterrizó el avión procedente de Argelia, la nacionalidad de la aeronave, si era de transporte militar o se trataba de un avión oficial, la razón por la que aterrizó en la zona militar del aeropuerto, quién autorizó allí el aterrizaje, "especificando tanto el nombre y cargo del responsable" que dio dicha autorización.
A su vez, el magistrado reclama saber si esa persona actuaba "de acuerdo con orden o indicación previa de otra u otras autoridades". Y si así fuera, exige conocer qué autoridades le dieron la orden de llevar hasta allí a Ghali.
Con estas y el resto de diligencias, el juez intenta desentrañar desde donde partió la orden -Defensa o Exteriores- para acoger al líder saharaui. Ghali llegó al hospital de Logroño el 18 de abril, con el fin de ingresarle para ser tratado de la Covid-19.
La medida se adoptó de manera subrepticia, sin informar a Marruecos, y a sabiendas -tal y como reveló EL ESPAÑOL- de que los informes de Inteligencia remitidos a Moncloa desaconsejaban dar ese paso en circunstancias tan arriesgadas.
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