El Servicio Aragonés de Salud acaba de informar al juez que investiga la entrada irregular en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, de que no tiene constancia en sus registros de que el mandatario saharaui fuese trasladado en ninguna de sus ambulancias desde la base aérea de Zaragoza hasta el Hospital de San Pedro de Logroño, donde fue ingresado para tratarle de la Covid-19 a instancias del Ministerio de Exteriores.
En un escrito al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, el jefe del servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales, Carlos Gustavo Brosa Aragonés, de ese departamento de Sanidad en Aragón, responde al juez. En él afirma que "no existe constancia en registros efectuados en esta Comunidad Autónoma de que el ciudadano Brahim Ghali haya sido trasladado desde la base aérea de Zaragoza hasta la Comunidad autónoma de La Rioja, en concreto, al Hospital de San Pedro de Logroño".
Remacha su contestación diciendo que en sus registros no les figura que fuese trasladado "ni con medios propios ni con medios ajenos dependientes del Servicio Aragonés de Salud".
El magistrado Rafael Lasala ya había ordenado, entre otras diligencias, desde la Diputación General de Aragón informasen sobre si alguna de sus ambulancias fue a recogerle aquella tarde del 18 de abril al aeropuerto. También exigía saber quién había contratado ese servicio y por orden de quién.
Por el momento, tal y como afirma el abogado Antonio Urdiales, quien interpuso la querella por falsedad documental contra Ghali, se trataría de una "ambulancia fantasma".
Por el momento, el magistrado ya ha exigido Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores que remitan todos los documentos y comunicaciones, las llamadas telefónicas y los mensajes, que puedan identificar a las personas que dieron la orden de introducir en España al mandatario saharaui sin pasar por el control fronterizo.
La respuesta del Servicio Aragonés de Salud al juez.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, exigía a ambos ministerios la identidad, "indicando nombre y apellidos, de las personas", que desde ambas instancias hubiesen intervenido en las comunicaciones entre Asuntos Exteriores y el Estado Mayor del Ejército del Aire, y entre éste y el general de la Base Aérea de Zaragoza, donde aterrizó el avión argelino que trajo a Ghali.
Pedía todas esas diligencias después de que el general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate, reconociese ante él que recibieron una orden por vía telefónica procedente del Estado Mayor del Ejército del Aire según la cual el avión no debía pasar el control de pasaportes, ni tampoco la aduana.
En esa misma respuesta, tal y como reveló hace semanas EL ESPAÑOL, el general iba más allá y detallaba cómo fue el ministerio dirigido por Arancha González Laya el que dio directamente la orden a Defensa de que Ghali entrara en España sin identificarse, saltándose el protocolo establecido por el Ejército del Aire.
Eso explicaría que ni en Defensa ni en la base de Zaragoza se supiera quién iba en aquel avión, dado que no se identificó a sus ocupantes.
El jefe de la Base de Zaragoza aseguraba también en su respuesta al juez que a día de hoy no puede informar del nombre de los pasajeros que viajaban en el avión, puesto que "no se solicitaron los pasaportes".
La base Aérea de Zaragoza dispone de un Procedimiento Operativo según el cual todas las aeronaves extranjeras procedentes de países de fuera de la Zona Schengen que aterricen en ella, deben pasar el control de pasaportes y someterse a la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta norma está basada en una Instrucción General del Estado Mayor del Ejército del Aire. Sin embargo, en este caso, el jefe de la base asegura que no se siguió el procedimiento habitual "debido a la orden recibida del Estado Mayor del Ejército del Aire".
Crisis con Marruecos
El Ministerio de Exteriores, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, contestará al juez que se "siguieron escrupulosamente los procedimientos habituales" de no realizar un control de pasaportes a los pasajeros que lleguen en un vuelo oficial.
Aquella medida de introducirle en el país de manera subrepticia, que pronto fue conocida por los servicios secretos de Marruecos, cuya monarquía lleva décadas enfrentada con el Frente Polisario, propició una crisis diplomática con Marruecos y la mayor avalancha de inmigrantes sobre Ceuta, ya que unas 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 24 horas.
Su registro con otro nombre en el hospital de Logroño, así como la opacidad en el procedimiento por el que llegó a territoro nacional, soliviantaron a la monarquía alauí, a la que España no informó de ese movimiento.