El Gobierno se marchaba esta semana de vacaciones, después del último Consejo de Ministros el pasado martes, dando evidentes signos de descoordinación.
Al margen de las habituales cuitas con Podemos, que salían a relucir tanto a cuenta del Rey emérito, como del acuerdo para ampliar con 1.700 millones de euros El Prat de Barcelona o la opa de IFM sobre Naturgy, incluso la parte socialista del Ejecutivo tenía problemas para bailar al mismo son.
Además de la ampliación del aeropuerto de la Ciudad Condal, otro asunto derivado de la comisión bilateral Estado-Generalitat -que se reunía por primera vez el pasado lunes en Madrid y de la que salía una intensa agenda de trabajo con reuniones cada mes lo que queda de 2021- como es el posible traspado del MIR a Cataluña, provocaba desmentidos dentro del propio Ejecutivo.
Al final de la semana se producía la misma situación a cuenta de las posibles medidas fiscales para compensar a otras comunidades el efecto capitalidad de Madrid.
El primero de los episodios de descoordinación tenía lugar el miércoles. Durante su habitual rueda de prensa después del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se abordan las medidas de combate de la pandemia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, negaba que estuviese "en la agenda" gubernamental el traspaso a Cataluña del MIR, el sistema de formación de los médicos, con una prueba única en toda España.
La consejera de Presidencia del Gobierno que preside Pere Aragonès, Laura Vilagrà, una de las representantes catalanas en la reunión del lunes en la capital, se apresuraba a desmentir a Darias a través de Twitter. "Sí que está en la agenda" afirmaba Vilagrà, recordando que se habían creado grupos de trabajo específicos para esa y otras compatecencias susceptibles de ser traspasadas. Todo ello en un calendario que había detallado el mismo lunes tras la reunión entre Gobierno y Govern la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
El MIR está considerado como una de las claves del éxito del sistema sanitario público español, del que el PSOE presume tradicionalmente como una de sus grandes aportaciones a España.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Su posible traspaso a Cataluña, que supondría el troceamiento del sistema por el que se forman los médicos residentes en nuestro país, ha sido duramente criticado por sindicatos y representantes de los futuros residentes. Estos colectivos recelan de que la Generalitat lo pudiera utilizar para hacer valer algún tipo de requisito lingüístico para acceder a la profesión.
Montero y Escrivá
Si este primer episodio de descoordinación se producía entre una de las nuevas ministras, la también portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez, y una de las que ya estaban en el gabinete, Darias, el segundo se producía entre dos de los ministros que llevan en el Gobierno desde el principio de la legislatura. La titular de Hacienda, con la autoridad que ello le confiere en materia fiscal, desautorizaba al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
María Jesús Montero negaba de manera verbalmente muy contundente que estuviera en la agenda gubernamental o fuese a estar "nunca", apostillaba, algún tipo de impuesto especial para Madrid.
José Luis Escrivá había dado alas a la idea precisamente tras reunirse en Valencia con el presidente autonómico, Ximo Puig, quien semanas antes había puesto en circulación esa propuesta como manera de compensar para otras comunidades el "efecto capitalidad" del que se beneficiaría Madrid. Pero el antiguo responsable de la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, quedaba desautorizado precisamente en una de sus materias de especialización.
Las palabras de Montero, que las remarcaba diciendo "creo que he sido bastante clara", suponían también una carga de profundidad ante los planteamientos de uno de los ejecutivos socialistas autónomicos más importantes, el de Valencia, en coalición con Compromís.
Este desacompasado final de curso en Moncloa se produce tras la crisis de Gobierno de la que el próximo martes se cumple un mes. Entre las salidas más importantes se produjo la de Carmen Calvo, vicepresidenta primera desde la llegada de Sánchez al poder en 2018. Aunque no con ese rango, las funciones de coordinación las ha asumido, así como buena parte de su agenda, el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los hombres de mayor confianza del jefe del Gobierno.