El bloqueo judicial del plan de Marlaska deja a más de 1.000 menas sin horizonte en Ceuta

Todo ello por un posible resbalón jurídico del ministro del Interior, el jurista Fernando Grande-Marlaska, al que la Audiencia Nacional (el tribunal en el que desempeñó durante años su labor como magistrado) ha dado un plazo de veinticuatro horas para que verifique la comunicación dada a la Delegación del Gobierno en Ceuta para proceder al retorno asistido de los menores. Ya este lunes un juzgado ceutí paralizaba cautelarmente durante 72 horas la operación de devolución.  

Más de mil menores, entre los trescientos que ya estaban en Ceuta y los ochocientos que llegaron en mayo, fruto de un asalto instigado por el régimen de Mohamed VI en respuesta a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quedan así sin horizonte en nuestro país y su salida bloqueada. 

El presidente de la Ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, lanzaba la voz de alerta este martes asegurando que esos menores están viviendo en "asentamientos infrahumanos" y que la situación es insostenible.

Fuentes jurídicas aseguran que el requerimiento de la Audiencia Nacional puede posponer mucho tiempo la operación, meses incluso, lo que agravaría la acuciante situación de emergencia humanitaria que se vive desde mayo en territorio ceutí. En principio, se tendría que informar de cada caso, individualmente, y recabar la opinión de cada uno de ellos. 

Marlaska defiende en público, como hacía en varias entrevistas radiofónicas y televisivas este martes, la legalidad del proceso, aunque admitía que si hubiera algún "matiz" que hubiera que "corregir" se procedería a ello.

Varios de los menores de Ceuta, hace días en el inicio de su traslado. EFE

De la posible ilegalidad del procedimiento por el que se pretende enviar de vuelta a Marruecos a unos ochocientos menores no acompañados, los denominados menas, vienen altertando desde el pasado viernes decenas de ONG, entre ellas Save The Children o la Red española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, pero también el Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán.

También Podemos ponía el grito en el cielo por un proceder que la líder morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera no ajustado a la legalidad. 

"El interés superior"

La Fiscalía General del Estado, de hecho, abría el fin de semana una investigación para conocer las condiciones exactas de esa repatriación. La comunicación oficial de Interior al respecto era muy genérica y no especificaba ni el número concreto de menores que entraban en la operación ni la fecha en la que daría comienzo.

Marlaska afirmaba en público que "el interés superior del menor era el retorno a su familia, a su entorno social" y que, explicaba en declaraciones a La Sexta, cada menor está identificado y tiene una "valoración de vulnerabilidad" individualizada. 

En todo momento, la versión de Interior ha sido que eran en primer lugar los menores, medio centenar de los cuales ya han sido devueltos a Marruecos, quienes querían regresar a su país. Sin embargo, cerca de cien se han fugado de los centros de acogida ceutíes desde que el viernes se conociera el acuerdo entre el Gobierno de España y Rabat. 

Las ONG han intensificado su campaña en contra de la devolución con una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que muestran su "profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada". 

Algunas de estas organizaciones cifran en uno de cada cuatro los que podrían estar en "situación de extrema vulnerabilidad" por estas huyendo, afirman, de situaciones de maltrato familiar, explotación laboral o incluso violencia sexual.