"Ahora cualquier guardia civil sabe que como se salga del guión pierde el puesto. Nos quieren convertir en ovejas". La sentencia con la que la Audiencia Nacional ha declarado legal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido recibida mayormente con críticas en el seno de la Guardia Civil. Críticas, por ejemplo, como las de la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC), una de las múltiples agrupaciones de agentes que se han manifestado en contra de esta decisión judicial.

La decisión, que pone el acento en que el cese fue motivado y que la alegada "pérdida de confianza" constituye un motivo amparado por la ley, insufla algo de aire al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya imagen no pasaba -una vez más- por su mejor momento en las últimas semanas tras el episodio de la falsa agresión homófoba en Malasaña. 

El fallo se ha conocido este miércoles. En él se declaraba legal la orden que adoptó Interior al cesar al coronel de puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios de coronavirus.

Desde la asociación Jucil, Agustín Leal, secretario de comunicación de la asociación asegura que, pese a acatarla, les resulta imposible compartirla. "El cese del coronel se produce por haberse negado a cometer un delito. La jueza había decretado el secreto de las diligencias, y la Policía Judicial cuando eso sucede solo puede informar al juez. Él cumple con su deber y se niega a cometer un delito".

Sin embargo, el fallo insiste ante estos argumentos, presentes en la sentencia dictada el pasado marzo por el juez de lo contencioso-administrativo, en la que se declaró ilegal el cese de Pérez de los Cobos y se ordenó reponerle en su puesto. Ante ellos expone que "la Administración ha actuado conforme a la normativa específica".

Afirma esto la Audiencia Nacional en referencia a la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, según la cual los destinos de libre designación podrán ser revocados libremente por las autoridades competentes para su asignación."La normativa recoge la revocación libre" como mecanismo de cese y, al ser el fundamento prístino de su asignación la 'confianza', la pérdida de la misma constituye motivo para el cese", afirma.

El cese fue decidido por Grande-Marlaska después de que el coronel, un mando de la Benemérita que ha sido clave en la causa del 'procés' y en la lucha contra ETA, se negara reiteradamente a la petición de sus superiores políticos de facilitarles información sobre el procedimiento penal que instruía la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando la pandemia del Covid-19 ya estaba extendida.

Recurso ante el Supremo

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) centra en su reflexión en el problema de fondo del caso: la elección de cargos por libre designación en el Instituto Armado. Explican que las vacantes de ese tipo tienen, para bien o para mal, esas características "y es que se pueden ser desocupadas por pérdida de confianza".

"Venimos -prosigue su portavoz, Pedro Carmona- reclamando cambios urgentes en este sentido reduciendo y limitando el acceso a este tipo de vacantes y así lo ratificó Europa, pero la Guardia Civil posteriormente volvió a cambiar la norma y volvió a aumentar las plazas de libre designación".

Ahora el Coronel Perez de los Cobos sufre, a juicio de esta asociación, una situación en la que muchos otros se han visto antes. Debido a ello, "para nosotros, ya lo sufra un coronel o un guardia civil, estas vacantes tienen que ser reducidas y limitadas para que no vuelva a ocurrir esta situación".

"El coronel en todo momento actuó en conciencia con profesionalidad y absoluta lealtad al ordenamiento constitucional", prosiguen desde APROGC, desde donde valoran, como ya se ha comentado, negativamente el fallo. "Toda la sociedad puede entender que un puesto de libre designación puede ser asignado y removido en función del grado de confianza que haya entre el que asigna y el afectado. Pero es un argumento muy pobre para justificar una actuación que todos los que la siguen, están de acuerdo en que éticamente fue la más correcta en ese momento. En todo momento y lugar ha actuado de la misma forma, con lealtad y honradez, independientemente del color político del gobernante".

"Muy preocupante"

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC), asociación profesional de mandos del Cuerpo, expresa también su desazón ante las novedades judiciales del caso. Tanto es así que la califican de "altamente preocupante para el Estado de Derecho".

La inquietud de este colectivo radica en que, al igual que Pérez de los Cobos, todos los jefes de Comandancia de España ocupan puestos de libre designación, así como casi todos los mandos con empleo de comandante o superior, junto con los investigadores de Policía Judicial e Información de todos los empleos que se encargan de las investigaciones (incluidas las que se dirigen contra los políticos y cargos gubernamentales). En total unos cuantos miles de guardias civiles. "Según esta doctrina judicial -insisten-, todos estos pueden ser cesados sin mayor explicación, como si estuviésemos en la Edad Media donde todo se hacía sin la más mínima explicación según los intereses y gustos del señor".

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero en ella se concluye que "habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, manteniendo al interesado en el mismo e imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva, como hemos declarado, es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino".

"Desde el respeto a las decisiones judiciales, no es una buena noticia en lo referente a la defensa de los derechos laborales de los agentes", argumentan a su vez desde la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), En la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) entienden, de igual modo, que "el coronel tenía todo el derecho del mundo a recurrir", pero que ahora "la resolución judicial no le da la razón y, entonces, respeta la decisión judicial".

Postura del Gobierno

Desde el Partido Popular las fuentes consultadas expresan su completo respeto a la decisión judicial que se ha conocido este miércoles. También el Gobierno se ha manifestado en los mismos términos tras el veredicto.

Era la ministra de Justicia, Pilar Llop, la encargada de reafirmar su "absoluto respeto" hacia las resoluciones judiciales justo después de conocerse la decisión de la Audiencia.

"Respeto absoluto resoluciones órganos judiciales", ha insistido a su salida del Pleno del Congreso, si bien ha reconocido que no había visto "nada de eso", dado que en ese momento se acaba de conocer la decisión judicial.

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