La Abogacía del Estado se niega a entregar al juez del 'Caso Ghali' el teléfono móvil y los correos de Camilo Villarino, mano derecha de la exministra de Exteriores Arancha González Laya argumentando que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales
En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL presentado ante el juez Rafael Lasala, que indaga en la presunta entrada ilegal en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, la abogada de los Servicios Jurídicos del Estado alega que "supondría un incumplimiento del mandato legal previsto" en dicha ley y que por ello "no puede acceder a lo solicitado".
La letrada asegura que la limitación "propia de estas materias alcanza a todas las autoridades y poderes públicos, incluidos los juzgados y tribunales". La respuesta llega después de que el magistrado atendiera a la petición de las acusaciones personadas en el caso, las cuales hace semanas solicitaron al instructor del caso la intervención del teléfono de Camilo Villarino, Jefe de Gabinete de la extitular de Exteriores.
El fin de esa diligencia, aseguraba el letrado Antonio Urdiales, consistía en localizar los correos electrónicos relativos a la entrada presuntamente irregular en España del líder del Frente Polisario.
A su vez, aquella petición se produjo una vez que la defensa de Laya y de Villarino, ambos investigados en la causa, reconociera que éste borró de la bandeja de su correo electrónico todos los mensajes relacionados con la gestión de la entrada del mandatario saharaui a territorio nacional el pasado 18 de abril.
Las pesquisas del magistrado se dirigen a revelar la identidad de la persona que envió a Villarino desde Argelia una copia del pasaporte argelino utilizado por Ghali en el hospital de La Rioja, en el que figura una identidad falsa, así como del documento de viaje utilizado por su hijo para regresar con su padre a Argelia, fechado el pasado 28 mayo, más de un mes después de su llegada a España.
Ese pasaporte, tal y como reveló este periódico, fue expedido en Argelia el mismo día en que llegó a España. En él figuraba Ghali bajo la identidad de Mohamed Benbatouche, con la que se le inscribió a su ingreso por Covid-19 en el hospital de Logroño.
Ahora, la abogada del Estado alega que su negativa a entregar el dispositivo parte de un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que determina las materias en el ámbito de la seguridad del Estado y de sus relaciones diplomáticas que deben acogerse a la Ley de Secretos Oficiales de 1969. Un resquicio al que también la exministra Laya acudió en su declaración para evitar revelar más detalles sobre la gestión de la entrada del líder del Frente Polisario.
"Especialmente sensibles"
Entre los supuestos que deben de ser protegidos mediante la ley de secretos, a los que alude ese acuerdo secreto, figura entre otros la protección humanitaria, con "especial incidencia" en casos "especialmente sensibles" en los que intervienen terceros países.
La explicación de la abogada del Estado alude también a que Villarino, mientras fue jefe de Gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, "mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos, por motivos de seguridad y de minimizar el daño en caso de hackeo de los distintos equipos. Ha de añadirse además que esta costumbre obedece a la necesidad práctica de proceder periódicamente a la eliminación de correos para evitar la saturación del buzón. Y que únicamente mantuvo en este caso la documentación ya aportada, en cuando no tenía la consideración de materia clasificada y dadas las publicaciones en prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño".
En todo caso, dado que los correos electrónicos pueden ser accesibles desde distintos dispositivos (ordenador, móvil, tableta, etc.), el escrito añade que Villarino "no puede precisar desde qué dispositivo en concreto se sirvió para acceder al correo en cuestión".
Nuevas citaciones
Por otra parte, el juez Lasala ha ordenado ya una nueva batería de declaraciones de testigos. Sin ir más lejos, la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, declarará como testigo ante el juez del 'caso Ghali' el próximo 29 de octubre
Está previsto que ese mismo día el magistrado escuche primero a la que fuera jefa de gabinete de Carmen Calvo en la Vicepresidencia Primera, María Isabel Valldecabres.
El letrado Antonio Urdiales reclamó la comparecencia de Crisóstomo en el marco de su tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó "con otros Ministerios" la entrada del líder polisario a España. El letrado señaló a la cartera de Interior, "habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Ghali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales", algo que desconoció en sede judicial el exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino.
Las acusaciones solicitaron la declaración de la que fuera número dos de Carmen Calvo tras la comparecencia de Villarino. Fue él quien señaló a la exdirectora de gabinete de la vicepresidencia primera como conocedora de la entrada de Ghali en España hasta 3 días antes de que esta se produjera.