Ángel Luis Ortiz, el hombre "buenista" que limitó las correas de sujeción en reos violentos

La palabra "buenismo" es la más repetida cuando se pregunta por Ortiz entre los funcionarios de prisiones de todo el territorio. Ven en él a un hombre de "ideas utópicas que sobre el papel están bien y parecen lógicas", pero que al trasladarlas a la realidad "no aguantan el papel".

Por eso, a muchos en el seno de Prisiones no les sorprendió la noticia avanzada por EL ESPAÑOL de que Interior había concedido el tercer grado al supuesto asesino del niño de La Rioja. En contra del criterio de la prisión, Instituciones Penitenciarias optó por concederle el régimen abierto. Desde su llegada, Ortiz tenía como principal reto el aumento exponencial de los terceros grados en España.  

En julio de 2019, puso énfasis en otra norma polémica: los directores de las cárceles debían poner en conocimiento del Juzgado de guardia la denuncia de cualquier interno que asegurase haber sido objeto de algún tipo de agresión por parte de los trabajadores, aunque no constasen lesiones de ningún tipo.

"Esta orden posibilita a los internos denunciarnos sin ningún tipo de indicio o prueba. Sólo su simple manifestación tiene presunción de veracidad, mientras que nosotros carecemos de la figura jurídica de agentes de autoridad. Eso crea inseguridad en el trabajo y propicia desafección, porque cada vez que intervienes sabes que puedes estar en la picota", explica un trabajador con amplia experiencia.

Prisiones aduce que la norma ya existía y era un simple recordatorio del modo en que se debe actuar, pero el episodio enervó a los sindicatos de los funcionarios, ya que a su juicio se siembra la duda sobre los trabajadores y se les criminaliza, cuando son ellos los que sufren constantes amenazas y agresiones.

Justicia restaurativa

En poco más de tres años en el cargo, el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha dejado bien clara su filosofía en las cárceles de toda España, que en gran parte consiste en lo que se denomina "justicia restaurativa".

Para las fuentes consultadas por este periódico, Ortiz es "un hombre de buenas palabras", pero que se preocupa más por los presos que por los funcionarios. "Las órdenes que salen desde la Secretaría General van más en favor del reo que del trabajador", explica un funcionario con décadas de experiencia. "Desde que llegó al cargo ha sacado más normas encaminadas a controlar al vigilante que a tomar decisiones que ayuden al colectivo", asegura otro. 

La referida orden que prohíbe el uso de "medidas de sujeción mecánica (esposas o correas) por motivos regimentales" (mala conducta) obliga a los funcionarios a contar con "la autorización previa del director del centro", salvo en situaciones de urgencia. Desde entonces el uso de esposas (grilletes metálicos o de nylon desechable) se limita a un tiempo máximo de media hora. Si la resistencia y la beligerancia del recluso se prolonga más allá de ese tiempo, tienen que estar delante cuatro funcionarios para controlarle, y personarse cada hora para constatar si el interno se ha calmado.  

No todo son críticas hacia Ortiz. "Es un tipo compasivo, que escucha, inteligente, analista", dicen otros funcionarios. También lo dibujan como un hombre cauto, "que juega con el conocimiento y la jerga política en sus respuestas".

Ortiz nació en 1960 en San Clemente, una población de 7.000 habitantes de la provincia de Cuenca. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la Administración de Justicia ha sido auxiliar, oficial y magistrado con destino en distintos Juzgados, entre ellos el de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid.

Carrera profesional

Durante diez años fue asesor responsable del Área de Justicia y Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Varios son los nexos que le unen al actual ministro del Interior: no solo aprobaron juntos las oposiciones; también acudieron a la vez a la Escuela Judicial.

Antes de asumir la dirección de Prisiones desempeñó durante dos años y medio el cargo de director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, bajo el ala de Manuela Carmena. Permaneció en ese puesto hasta que su compañero de promoción Grande-Marlaska, le designó como responsable de Prisiones. Cobra desde entonces 137.000 euros al año. 

Cuando accedió al cargo de secretario general de Prisiones no cambió a ninguno de los subdirectores generales que tenía Ángel Yuste, su antecesor en el cargo en tiempos del Partido Popular. 

La actividad desarrollada, tanto como magistrado como en los diez años que trabajó en el Defensor del Pueblo, "le permitieron conocer y tratar especialmente las cuestiones jurídicas que afectan al colectivo de personas privadas de libertad, tanto adultos como menores", tal y como figura en su currículum, disponible en la web del Ministerio del Interior.

Uno de sus proyectos estrella en el ámbito de la justicia restaurativa es el de la puesta en marcha de un curso de reinserción para condenados por delitos de corrupción, al cual se han apuntado reclusos de la talla de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. 

Se trata de un programa de casi un año de duración. Consta de 32 sesiones. Los presos  llegan a tener encuentros con víctimas directas o indirectas de esta clase de delitos.