Ofensiva parlamentaria de PP y Cs por el tercer grado y el plus de productividad por concederlo

Tanto los de Pablo Casado como los de Inés Arrimadas indagarán en esas comparecencias sobre el papel de Ortiz en la concesión de ese tercer grado en particular, que se concedió por Prisiones a principios de 2020 y que permitió luego su puesta en libertad condicional. Pero populares y naranjas también le cuestionarán por su filosofía a favor de aumentar exponencialmente los terceros grados, el principal régimen de semilibertad para los reclusos, y por los incentivos salariales fijados por clasificaciones más laxas de los presos, como desveló EL ESPAÑOL. Un asunto que será objeto, también, de preguntas parlamentarias al Gobierno. 

Fuentes de ambas formaciones consultadas por este periódico aseguran que reivindicarán en sede parlamentaria, ante los máximos responsables de las Fuerzas Armadas y las cárceles, que el tercer grado no sea algo que "se aplique sin distinciones a toda la población reclusa". También que se tenga en cuenta el perfil de determinados delincuentes sexuales o asesinos, como el presunto asesino del niño Alex, cuyo historial delictivo y su reiteración en el crimen podría hacer presagiar, precisan, el fatal desenlace.  

Grande-Marlaska afirmó este domingo en Logroño, adonde acudía por una cita previa en el congreso del PSOE de La Rioja, que estaba "evaluando" lo sucedido para, dijo en declaraciones a la prensa, "sacar conclusiones".

Ángel Luis Ortiz, el hombre elegido por Marlaska para hacerse cargo de las cárceles de nuestro país nada más llegar al Gobierno en 2018 fijó como su primer y prioritario objetivo ese incremento de los terceros grados. En una entrevista a finales de 2019 con la publicación La Voz del Patio, elaborada en el penal de Burgos, presumía de haber aumentado durante su mandato esas concesiones del 15% al 18%. Sin embargo, afirmaba que aún era un índice bajo y explicaba cómo le había trasladado a los directores de los centros penitenciarios que tenían que hacer por cumplirlo.

Esas directrices se repitieron hace apenas unas semanas durante la reunión anual de directores de prisiones en Cuenca, a la que también asisitió el titular de Interior. Y muchos funcionarios de prisiones las denuncian, asegurando que quien no las cumple corre el riesgo de ser apartado o incluso trasladado de módulo a uno que sea más conflictivo o peligroso. 

En el PP consideran que sus afirmaciones muestran una "línea política" en favor de los terceros grados por las que Interior debería dar explicaciones a la ciudadanía. Junto a este debate, Pablo Casado lleva semanas abanderando la defensa de la Prisión Permanente Revisable, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y avalada ahora, en contra del recurso del PSOE, por el Tribunal Constitucional (TC). El líder de los populares aboga por ampliar los supuestos para esa pena máxima, incluyendo a quienes, por ejemplo, oculten el cadáver de su víctimas, como ha ocurrido en varios de los casos que más han conmovido a la opinión pública los últimos años. 

La postura del PP es exactamente contraria a la de algunos de los socios del Gobierno, que abogan por derogar esa Prisión Permanente Revisable. Este mismo martes el PNV lo solicita mediante una iniciativa en el Senado.