Interior paga un plus de 'productividad' a los directores que excarcelen más presos

El Índice de Calificación empleado para ello, un sistema interno de puntos, establece que se premia con un 2 a los centros donde los terceros grados sean del 60% de los reclusos o incluso más, con un 1,5 en los que el porcentaje se sitúe entre el 40% y el 60% y con un 1 en las cárceles donde esté entre el 20% y el 40%. La calificación es de 0, sin premio por tanto, en los centros donde el porcentaje es inferior al 20%, uno de cada cinco presos. 

El documento se remite al artículo 103.7 del reglamento penitenciario, que para condenas de hasta un año concede a la Junta de Tratamiento, si lo acuerda por unanimidad, la potestad de clasificar al interno. Pero si no existe el acuerdo unánime entonces será el Centro Directivo de la cárcel el encargado de decidir sobre el régimen en el que se cumple la pena. En la "Orden de Servicios" emitida por Interior se especifica que los incentivos salariales tendrán efectos a partir de la nómina de junio de 2020 "derivadas del periodo de devengo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y enero y febrero de 2020".

Se trata de un incentivo salarial en línea con la filosofía hecha pública por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González. En una entrevista con una publicación carcelaria en 2019, el máximo responsable de las cárceles españolas se fijaba como un objetivo prioritario el aumento exponencial de los terceros grados. Exactamente la medida de semilibertad que se le dio a principios de 2020 a Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del niño Alex, que este domingo quedaba en prisión provisional sin fianza.

Este jurista designado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, al que conoce y es amigo desde que fueron compañeros de promoción jurídica, se muestra satisfecho de haber aumentado durante su mandato el porcentaje total de terceros grados, un régimen de semilibertad, desde el 15% al 18%. Pero aún lo considera un índice "bajo", y por ello anima a los directores de las cárceles a trabajar en pos de ese objetivo. Así lo hizo hace apenas dos semanas en Cuenca, durante el encuentro anual de los responsables de los centros penitenciarios, según fuentes conocedoras del mismo.

"Sacar más terceros grados"

"Hay que sacar más terceros grados" es el apremio que se escuchó en aquel encuentro, al que asistió también el ministro, en el que se inauguraba la Escuela Oficial de Estudios Penitenciarios. Fuentes penitenciarias aseguran que en realidad todos los centros cumplen el mínimo del 20%, o lo que es lo mismo, la concesión del tercer grado a uno de cada cinco reclusos. Aunque la decisión, si la Junta de Tratamiento informa en contra y el preso recurre por la vía administrativa, puede tomarla Prisiones, como ocurrió en el caso del asesino del niño Alex. 

El máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ortiz, presume de haberse dedicado de manera académica a la cuestión carcelaría. Su tesis de fondo, expresada de manera sintética en la citada entrevista, es que "el Derecho Penal tradicional que conocemos ya ha dado de sí todo lo que puede dar, la pena de prisión da de sí hasta cierto punto. En primer lugar, hay que poner el foco tanto en la víctima como en la persona que induce un daño hacia ella" concluye.

Ortiz fue titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid y durante varios años ejerció como responsable del Área de Justicia y Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Varios funcionarios de prisiones le acusan de menospreciar su labor para reducirla, afirman gráficamente, a la "abrepuertas". En cambio, se quejan, está potenciando el trabajo de personas ajenas al día a día de la cárcel, como técnicos, educadores sociales, psicológos o sociólogos para las tareas de ayuda a los internos.   

Inferior a un año

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la orden de productividad no estaría ligada a las progresiones de grado. Esas mismas fuentes aseguran que lo que desde Interior se pretende potenciar es "la clasificación inicial en tercer grado exclusivamente para aquellas personas con una condena inferior a un año".

De ahí que en el documento figure especificado que se tienen que dar las condiciones del artículo 107.3 del Reglamento Penitenciario: clasificaciones iniciales, personas con menos de un año de condena y unanimidad en la Junta de Tratamiento del centro penitenciario.

Es decir, serían los miembros de la Junta de Tratamiento los que valoran si es adecuada la concesión del tercer grado según las circunstancias de cada caso (duración de la pena, entorno familiar, primariedad delictiva, antigüedad de la condena, si se tiene o no un puesto de trabajo...). "De darse esos elementos -aseguran- se apuesta por una clasificación en tercer grado para evitar que la alternativa del ingreso en prisión tenga efectos más negativos para la reinserción final, que es el objetivo primero (artículo 25.2 de la Constitución)".