Ángel Luis Ortiz se jactó en el Congreso de las excarcelaciones ocultando que pagaba por ellas

Ortiz acudió el 22 de abril al Parlamento para explicar las líneas maestras de su actuación al frente de Prisiones. Explicó a los diputados cómo la población reclusa "en medio abierto" había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde su llegada al cargo. Hacía referencia tanto a aquellas personas clasificadas en tercer grado como a aquellas clasificadas en segundo grado (en torno a unas 600), pero con las que se tenía flexibilidad.

Sin embargo, en su comparecencia, Ortiz no mencionó el plus de productividad que se otorga a los directores de cárceles por conceder más terceros grados. Según un escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del pasado 2020, esos incentivos económicos pueden ascender hasta los 2.000 euros anuales. El tercer grado penitenciario es, además, el requisito previo para que luego un juez pueda conceder la libertad condicional. La norma que rige los incentivos se remite al artículo 103.7 del reglamento penitenciario, y por tanto son sólo aplicables en casos donde las condenas no exceden del año de cárcel. 

"Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del nuevo equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad", aseguró Ortiz en el Congreso.

Explicó también que a su llegada al cargo había un total de 51.183 personas privadas de libertad en España. Esa cifra se ha visto reducida de manera sustancial. "En la actualidad ha disminuido el total de población reclusa en un 6,7%, descenso producido fundamentalmente a partir del mes de marzo de 2020", explicó.  

Para el secretario general de Instituciones Penitenciarias son "cifras inmejorables", "que dicen mucho a favor del funcionamiento de la Justicia penal en España". "Pocos países en Europa pueden presentar una tasa de población preventiva de solo un 16%", añadió.

"En este sentido, merece una mención especial la denominada modalidad de cumplimiento extrapenitenciario o telemática", añadió, y comparó los datos a abril de 2021 con los que había en junio de 2018 -antes de su llegada al frente de Prisiones-, para subrayar que se había producido un aumento de un 122%.

Según manifestó a los diputados, la modalidad de cumplimiento extrapenitenciario "tendrá en el futuro cada vez más importancia". "Es necesario indicar que apenas se han producido incidencias en esta modalidad de cumplimiento, que fue incentivada durante la pandemia", añadió. 

El tercer grado

El aumento exponencial de los terceros grados en España es una prioridad para el Ministerio del Interior, y lo era también cuando se concedió esa medida a principios de 2020 a Francisco Javier Almeida, detenido ahora como presunto asesino del niño de nueve años que jugaba en un parque de Lardero, un pequeño municipio de La Rioja limítrofe con Logroño.

Las palabras al respecto del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, un jurista estrechamente vinculado a Fernando Grande-Marlaska desde que ambos compartieron promoción en la carrera jurídica, dejan poco lugar a la duda o la interpretación.

La decisión de conceder el régimen de semilibertad a Almeida se tomó, como reveló EL ESPAÑOL, en contra del criterio de los responsables de la cárcel cántabra de Dueso donde cumplía condena, y supuso el paso previo a la situación de libertad condicional en la que se hallaba cuando esta semana fue detenido por el asesinato del menor.