El Ministerio del Interior sigue manteniendo como su principal "reto" en el ámbito penitenciario aumentar los terceros grados. Así lo ha asegurado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, hombre de confianza al ministro Fernando Grande-Marlaska, en unas jornadas recientes sobre el sistema penitenciario.
Durante las XXIII Jornadas de Servicios de Orientación Penitenciaria, celebradas la semana pasada en Lugo, y en un ambiente proclive a su política, Ortiz hizo alusión a la filosofía que mantiene Interior desde su llegada al cargo. Así, celebró que durante su mandato, la cifra de terceros grados haya aumentado, y anunció que irá a más. "El reto es seguir avanzando en el número de internos en tercer grado, que actualmente supera los 8.000", manifestó.
Las conclusiones de las jornadas, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española bajo el lema "Derechos también en prisión", respaldaron a Ortiz, al mostrar "la valoración totalmente positiva de la tendencia, observada desde el año 2018, de potenciar la concesión de terceros grados y medidas de cumplimiento en medio abierto".
Por tanto, Prisiones se reafirma en lo adecuado de su política, pese a la polémica desatada a raíz del caso del crimen de Lardero, en el que un menor de nueve años fue asfixiado, supuestamente, por Francisco Javier Almeida, ya condenado previamente por agresión sexual y asesinato, y en situación de semilibertad.
En contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel, a Almeida, Prisiones le otorgó el tercer grado con un argumento despachado en sólo tres líneas en las que se aludía a la "existencia de cierta evolución positiva" del reo, sin justificar tal apreciación.
Política "adecuada"
Durante las jornadas celebradas en Lugo, Ortiz recordó que actualmente en España hay unas 46.000 personas cumpliendo condena, el 30% menos que hace una década. Pese a ello, aseguró con disgusto que España sigue siendo el tercer país "en tasa de encarcelamiento por 100.000 habitantes, tan solo por detrás de Portugal y Reino Unido".
También explicó que España tiene una tasa de criminalidad de 44,8 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 62, y que se cuenta con un presupuesto de 73 euros diarios por interno, diez euros más que la media europea.
No es la primera vez que Ortiz se manifiesta en estos términos. En una larga entrevista en La Voz del Patio, publicación elaborada en el Centro Penitenciario de Burgos, el responsable de las cárceles españolas, preguntado por sus "principales objetivos", fijaba tres, pero el primero, decía, es "incrementar el número de terceros grados".
Los ponentes de las jornadas aplaudieron una política penitenciaria que, dijeron, es "la adecuada", puesto que ha demostrado un alto grado de efectividad. Ortiz y su equipo, por tanto, seguirán dotando de recursos a las secciones abiertas y concediendo medidas alternativas a la prisión ordinaria.
La filosofía de Prisiones
En las jornadas se debatió la posibilidad de compensar con otros beneficios la pérdida de derechos de quienes estuvieron presos durante la pandemia. Tal postura incide en la línea "buenista" denunciada por los sindicatos de prisiones.
Era finales de 2019 y poco después, en febrero, Prisiones concedió el régimen de semilibertad al reincidente Almeida, cuyo asesinato en una inmobiliaria había conmocionado a la opinión pública en los años 90. Esa medida se tomó, como contó EL ESPAÑOL, en contra del criterio de los responsables de la cárcel cántabra de Dueso donde cumplía condena, y supuso el paso previo a la situación de libertad condicional en la que se hayaba cuando fue detenido por el asesinato del menor.
En esa misma línea, hace unos meses, Ortiz se jactó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de haber aumentado el número de presos en régimen de tercer grado.
Ortiz acudió el 22 de abril a ese órgano de la Cámara Baja para explicar las líneas maestras de su actuación al frente de Prisiones. Allí explicó a los diputados cómo la población reclusa "en medio abierto" había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde su llegada al cargo. Hacía referencia tanto a aquellas personas clasificadas en tercer grado como a las clasificadas en segundo grado (en torno a unas 600), pero con las que se tenía flexibilidad.
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