El Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias siguen manteniendo suspendidos de empleo y sueldo a los dos funcionarios a los que la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) señaló falsamente como los autores de la supuesta agresión de la que dijo ser víctima a las puertas de su casa. 

Casi una semana después de que la Guardia Civil detuviera a esta funcionaria y la acusara de simulación de delito y de denuncia falsa, la situación de los trabajadores de la cárcel a los que se acusó de ese episodio continúa siendo la misma que el pasado mes de septiembre.

Fue entonces cuando la que era la número tres de la prisión -ya cesada de su cargo por Interior- interpuso una denuncia en la que señalaba tanto a sus subordinados como a la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Ahora se sabe que todo apunta a una gran mentira, y por eso la Guardia Civil la investiga tras denunciar la inexistente agresión perpetrada por parte de cinco encapuchados a la puerta de su casa en Benidorm.

En el telón de fondo del caso están las tensiones internas que venían registrándose en la prisión alicantina tras una investigación abierta a varios funcionarios, después de que estos tuvieran que recurrir a la fuerza para reducir a un preso violento.

"Gravedad incuestionable"

El incidente con el recluso ocurrió el pasado 16 de agosto, y se abrió una investigación interna. En vísperas de la declaración judicial por la reducción del interno, la subdirectora aseguró haber sido atacada a primera hora de la mañana a la entrada de su casa.

En la denuncia, la directiva, ahora cesada de su cargo por el Ministerio del Interior, señaló claramente a TAMPM, un colectivo de funcionarios de prisiones muy crítico con la actual filosofía penitenciaria impuesta por el ministro Fernando Grande-Marlaska. 

El día en que aseguró haber sido agredida, decía, observó a dos varones dirigiéndose de frente hacia ella en el portal de su edificio. Al mismo tiempo, notó cómo alguien, que le agarraba por detrás, le decía: "Mañana calladita". Al instante, dijo, le propinaron un puñetazo en la cara. 

Más tarde, en la denuncia, la subdirectora aseguró que en realidad la había abordado un grupo de 4 o 5 personas. Incluía además una secuencia de supuestos mensajes de WhatsApp repletos de amenazas que habría recibido días atrás de ese episodio: "Ya vemos que te has posicionado y de qué lado estás, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra". Tal y como relató, estos habrían sido enviados por "algún miembro" de la citada asociación. 

Ceses y dimisiones

Cómo adelantó en exclusiva este jueves EL ESPAÑOL, Interior llegó a asegurar que la falsa agresión denunciada por la subdirectora en la que se dejaba entrever que había sido cometida por varios de sus subordinados constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable". Así constaba en el oficio con el que llegaron a suspender provisionalmente de sus funciones a dos trabajadores de la prisión, a los que relacionaban con los hechos. Esa es la situación en la que se encuentran todavía a día de hoy.

El Ministerio creyó sin reservas la denuncia, sin esperar siquiera a las investigaciones de la Benemérita. "La gravedad de los hechos denunciados por la Subdirectora de Seguridad es incuestionable", rezaba literalmente el comunicado.

De ese modo, "las amenazas y agresiones sobre una directiva del establecimiento penitenciario en su propio domicilio, por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva" resultaban, para ellos, inequívocas.

Incluso Marlaska salió a respaldarla públicamente sin esperar a los resultados de la investigación de la Guardia Civil, transmitiéndole todo su apoyo en una entrevista, definiéndola como "una verdadera funcionaria".

Mientras tanto, ante la gravedad de las revelaciones de los últimos días, Tu Abandono Me Puede Matar ya ha convocado para este viernes a las 10 de la mañana una concentración a las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.  Este colectivo exige que se revoque la situación de los dos funcionarios, suspendidos desde el primer día. También pide "la restitución inmediata a sus puestos de trabajo con el abono de las retribuciones minoradas hasta la fecha".

Asimismo, TAMPM exige que se depuren todas las responsabilidades, incluso más allá de la ya cesada subdirectora. Apuntan al director de la prisión e incluso al subdirector general de Análisis e Inspección -"no debe seguir ni un día más al frente de la Inspección Penitenciaria"-.  Por último creen que Ángel Luis Ortíz, el secretario general, "no puede seguir al frente de esta Institución. La ha sumido en la decadencia más absoluta".

Noticias relacionadas