Los funcionarios acusados por la falsa agresión a una superior en la cárcel de Villena, de baja psicológica

Dos de los trabajadores de la cárcel de Villena (Alicante) implicados en el episodio de la falsa agresión a la subdirectora de este centro penitenciario se encuentran de baja psicológica. Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL de fuentes próximas a los funcionarios a los que se acusó sin pruebas de atacar a una superior a las puertas de su casa, "estos meses han sufrido y están sufriendo un verdadero calvario".

El Ministerio del Interior, que salió en defensa de esa responsable de la penitenciaría, sigue manteniendo suspendidos de empleo y sueldo a quienes apuntó la subdirectora de seguridad en su falsa denuncia por la cual ahora está siendo investigada por la Guardia Civil.

Los afectados en la causa, según un escrito remitido por sus representantes legales al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Benidorm, el que se encarga de la investigación de estos hechos, desean "reclamar por todos los daños y perjuicios causados" a todos los compañeros a lo largo de todos estos meses.

Estos trabajadores, a los que Interior apuntó sin dudarlo y sin esperar a las indagaciones que la Guardia Civil estuvo llevando a cabo hasta determinar que tal agresión nunca llegó a existir, entienden que el perjuicio que se les ha ocasionado es enorme. Han tenido que desembolsar "cuantiosas cantidades de dinero para contratar a letrados en su defensa". Su día a día, es decir, su vida cotidiana, "se ha visto gravemente alterada". Varios de ellos están siendo ayudados "por médicos especialistas para poder superar esta situación".

Prisiones, tal y como reveló EL ESPAÑOL, llegó a asegurar que la falsa agresión denunciada por la subdirectora -dejando entrever que la habían cometido varios de sus subordinados- constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable". Y así constaba en el oficio con el que se suspendió provisionalmente de sus funciones a dos trabajadores de la prisión alicantina.

De ese modo, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska dio absoluta y total credibilidad a la denuncia de la responsable de la seguridad en la prisión y sus acusaciones a los trabajadores, a los que apuntaba como autores del ataque presuntamente sufrido a las puertas de su casa. Incluso el propio Marlaska salió a respaldarla públicamente transmitiéndole todo su apoyo en una entrevista, definiéndola como "una verdadera funcionaria".

Acusación particular

El escrito presentado ha sido presentado en el juzgado por el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Este colectivo se había personado en la causa como acusación popular, pero a la vista de las últimas revelaciones -una vez se ha levantado el secreto de sumario- acaban de pedir al juez que les conceda figurar en el proceso como acusación particular. "La investigada ha denunciado de forma falsa y llego a acusar directamente a esta asociación en su denuncia en sede policial", señala el documento.

El "daño causado" a los trabajadores de la cárcel, explican los abogados de la acusación, "es irreversible". Incluso sus familiares, los mayores y los más pequeños, han tenido que soportar durante estos meses las noticias que y las acusaciones que iban surgiendo tanto desde el Ministerio del Interior. 

Los funcionarios falsamente acusados no solo han debido hacerse cargo de los gastos económicos derivados de su defensa". Además, uno de ellos, al que la subdirectora presuntamente señaló como el autor de la serie de mensajes amenazantes que recibió en su teléfono móvil, "se vio obligado a acudir a la vía penal para denunciar a la persona que presuntamente había remitido con número oculto y pudiendo haber suplantado su identidad, los mensajes a la subdirectora"..

Meses después, una vez la Guardia Civil concluyó sus averiguaciones, se descubrió que fue la propia superior la que se había enviado a sí misma los whatsapp plagados de toda clase de amenazas. Y que la agresión que denunció cuando salía de su casa rumbo al trabajo nunca llegó a existir. 

Días después de denunciar haber sido agredida, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió a defenderla. Calificó a la falsa víctima de "verdadera funcionaria". A su vez, los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los centros penitenciarios llegaron a convocar concentraciones de rechazo por el supuesto ataque. Hasta el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, acudió a una de ellas a las puertas de la cárcel de Villena y se fotografió junto a la falsamente agredida subdirectora. Lo hizo acompañado por la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, para mostrar su repulsa hacia una agresión que nunca llegó a producirse.

La denuncia

La subdirectora de Villena denunció la falsa agresión el día anterior a su declaración en una investigación interna promovida por Instituciones Penitenciarias para indagar en la actuación de tres trabajadores durante un altercado con un interno peligroso al que se vieron obligados a reducir. Este se había abalanzado sobre ellos para atacarles en uno de los pasillos del centro a mediados del pasado mes de agosto.

En su denuncia, llegó a asegurar que el pasado 6 de septiembre, a las seis de la mañana, observó a dos varones dirigiéndose de frente hacia ella en el portal de su edificio. Al mismo tiempo, notó cómo alguien, que le agarraba por detrás, le decía: "Mañana calladita". Al instante, dijo, le propinaron un puñetazo en la cara. 

La denuncia interpuesta por la subdirectora incluía una secuencia de supuestos mensajes de WhatsApp repletos de amenazas que la subdirectora habría recibido días atrás de ese episodio: "Ya vemos que te has posicionado y de qué lado estás, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra".

Sin embargo, la ahora investigada por simulación de delito y denuncia falsa no pudo aportar los originales de esos mensajes. La funcionaria aseguró a los investigadores que los mensajes le habían sido enviados desde un "número oculto", y que su teléfono le había desaparecido jornadas antes de su oficina y que por ello no podía remitirles la versión primigenia de esas supuestas amenazas. 

El incidente con el recluso ocurrió el pasado mes de agosto, y se abrió una investigación interna cuyas declaraciones se comenzaron a realizar en septiembre. La subdirectora era, indican fuentes penitenciarias, la persona encargada de guardar las imágenes de las cámaras de la cárcel que grabaron y registraron aquel episodio. Según denunció, los atacantes pretendían que las eliminara.

Acusación a funcionarios

Pese a todo, en la denuncia la responsable penitenciaria apuntaba ya directamente a funcionarios con nombres y apellidos e incluso al sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM), llegando a asegurar que "algún miembro de la misma" era la persona que le había enviado los mensajes, enlazando la falsa agresión de la que había sido víctima con esas supuestas amenazas.

Los investigadores del Instituto Armado sostienen finalmente que la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) fabricó ella misma esa prueba, y que lo hizo a través de uno de sus teléfonos. El terminal desde el que se profirieron las amenazas que recibió en forma de mensajes de WhatsApp era de su propiedad.