Gandía paga 2,5 millones tras la ocupación que la ministra Morant permitió cuando era alcaldesa

Tal y como informó ayer EL ESPAÑOL, dos sentencias (una del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) condenan al Ayuntamiento, pero le instan a repercutir las indemnizaciones a la entonces alcaldesa y a algunos de sus concejales por "los daños y perjuicios derivados de su conducta". 

Según constata la documentación del expediente, el Ayuntamiento ha abonado con dinero público los primeros 2,5 millones de euros tras concluir la Justicia que Morant y sus ediles municipales impidieron "la legítima actuación de la autoridad judicial". La Junta de Gobierno local, de 20 de diciembre de 2021, autorizó la operación económica. 

La actitud de la actual ministra, siempre según las resoluciones adelantadas por este periódico, animó la ocupación ilegal del edificio público y atrajo a diversas redes de delincuencia. De hecho, se produjo un asesinato en ese edificio tiempo después tras una discusión entre bandas rivales. Desde finales de 2015 el edificio está descuidado y abandonado a su suerte.

El dinero abonado por el Ayuntamiento de Gandía ya ha sido cobrado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que financió el proyecto, mientras que la promotora a la que el consistorio adjudicó la concesión del edificio, Inmobles Reunits de Catarroja SL, ha iniciado otro proceso judicial para determinar la cuantía total de las indemnizaciones.

El coste total de la paralización del desahucio podría super los 17 millones de euros al reclamar la contrata el "lucro cesante" por la interrupción del contrato: el periodo de la concesión era de 50 años.

Extracto de la sentencia que aborda la conducta de Morant y su responsabilidad.

Fuentes del Ayuntamiento de Gandía aseguran que se opondrán a que la actual ministra de Ciencia e Innovación haga frente con su patrimonio personal a las indemnizaciones porque, según reiteran, no cabe en este asunto. El municipio sigue, como en 2015, gobernado por el PSOE.

Este lunes, el concejal socialista Vicent Mascarell afirmó en un comunicado que no existe "ninguna condena millonaria", sino "diferencias en los costes de liquidación" y calificó la noticia publicada por EL ESPAÑOL de "fake news de libro", pese a limitarse la información a recoger el contenido de las dos sentencias citadas.

Extracto de la segunda sentencia, dictada dos días después de ser nombrada Morant ministra.

A partir de ahora, en este momento procesal, se discutirá el valor de las indemnizaciones e Inmobles Reunits de Catarroja SL instó a finales de enero al Ayuntamiento a abrir expediente de reclamación patrimonial contra Morant, un asunto que podría tardar varios años en resolverse en los tribunales, admiten desde el consistorio.

Por tanto, el futuro judicial para los intereses de Morant se presenta complejo. Ahora los tribunales deberán fijar la factura total y si procede reclamar a la ministra por permitir en su día la ocupación y evitar un desalojo "en un ejercicio de demagogia ilícito" que interrumpió "la legítima actuación de la autoridad judicial", ha concluido la Justicia. Las sentencias son firmes.

Sentencias firmes

Este edificio se encuentra en la calle Perú de Gandía. Inmobles Reunits de Catarroja SL resultó en su día adjudicataria del concurso convocado por el Ayuntamiento, con el socialista José Manuel Orengo como alcalde, para otorgar la concesión privativa del dominio público de la parcela dotacional —de propiedad municipal— para la construcción de viviendas en régimen de alquiler para personas mayores, con discapacidad o menores de 35 años.

Durante años la concesión se desarrolló sin problemas, pero a finales del mes de junio de 2015, Morant, recién nombrada alcaldesa de Gandía, impidió el paso de la comitiva judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificó la primera sentencia el 13 de julio de 2021, dos días después de que Morant renunciara a la Alcaldía de Gandía para convertirse en ministra del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según subraya el Alto Tribunal valenciano, "consta que por la alcaldesa y determinados concejales se participó de forma activa en la paralización de actos de lanzamiento de personas que se encontraban ocupando sin título válido las viviendas que formaban parte de la explotación atribuida a la entidad concesionaria, no satisfaciendo las rentas, publicitando tales hechos y originando un efecto llamada".

Vista actual del edificio con las ventanas arrancadas.

A continuación admite que, meses después, "se generalizaran dichos impagos y ocupaciones ilegales de viviendas, quebrantando el equilibrio económico de la prestación, por causas imprevisibles ya que no era en modo alguno esperable que al amparo de un presunto interés social por los máximos representantes municipales se diera cobijo a comportamientos que atentaban contra la legalidad y perjudicaban los intereses de la generalidad de los ciudadanos de la ciudad de Gandía".

"La Sala no puede desconocer esa declaración jurisdiccional de hechos probados efectuada por una sentencia firme anterior", estimó el TSJ-CV.

Los daños

Este edificio de protección oficial de Gandía es hoy una ruina y está ocupado y abandonado por el Ayuntamiento.

Un informe emitido por los arquitectos técnicos municipales, de fecha 17 de marzo de 2017, contiene una descripción detallada de los desperfectos: puertas forzadas, años en los ascensores, barandillas arrancadas, techos rotos o sumideros obstruidos. Además, los patios interiores están llenos de basura y desperdicios, y se han registrado daños en los garajes.

"Indudablemente tales destrozos no se corresponden a los habituales desperfectos o desgaste por el uso normal del edificio, sino a la ejecución de actos de vandalismo por quienes lícita o ilícitamente los ocupa, constitutivos tanto la ocupación como lo desastrosos, de presuntas infracciones penales", recogen las sentencias.

Otro informe de los Servicios Sociales municipales, de fecha 26 de mayo de 2016, refleja "una situación de vandalismo generalizada". "No hay electricidad comunitaria, los ascensores no funcionan, las puertas de las viviendas están reventadas, las viviendas son desvalijadas de electrodomésticos y saneamiento, molestias por ruidos y acumulación de basuras".

Al parecer, la situación de ocupaciones ilegales arranca en noviembre de 2015, tras el desahucio paralizado por Morant, según consta en un informe del jefe de la Policía Local de Gandía. El edificio sigue abandonado.

La concurrencia de los hechos probados y firmes en sede judicial, así como el reconocimiento explícito de los daños por parte del propio Ayuntamiento, han empujado a la constructora que ganó la contrata del edificio de VPO a solicitar "la inmediata y urgente apertura del citado procedimiento de responsabilidad, ya sea civil o penal, que deberá dirigirse respecto a Diana Morant" y los concejales implicados para que hagan frente a las indemnizaciones.

Morant, preguntada por esta resolución en un desayuno organizado el lunes, indicó, en declaraciones a los medios de comunicación, que como alcaldesa y como ministra "siempre" da cumplimiento a la ley y, además, agregó: "Como política creo que en el centro de las decisiones políticas deben estar las personas y sus problemas".

También aseguró que ningún tribunal ha condenado al Ayuntamiento: "Esa información es incorrecta. No hay una condena ni al Ayuntamiento ni a mí por responsabilidad de nada. El Ayuntamiento de Gandía dará cumplidas explicaciones a esta causa, pero aquí lo que había era una situación de desahucio que afectaba a una madre y a su hijo y yo fui a auxiliarles".