El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, que estaba de guardia este jueves, ha abierto diligencias para determinar si se produjo un delito informático en la votación por la que el Congreso aprobó, con tan sólo un voto de diferencia, la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Partido Popular, cuyo diputado Alberto Casero fue el autor de este voto involuntario y supuestamente erróneo, atribuye la situación a un "fallo informático".
Fuentes próximas al caso confirman a EL ESPAÑOL que el magistrado Adolfo Carretero ha rechazado acordar medidas cautelares y ha remitido las actuaciones al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla para su reparto y que sea el juez al que le corresponda el que continúe la tramitación y, si lo estima oportuno, ordene diligencias.
Carretero ha tomado esta decisión tras la denuncia de un particular —el abogado Esteban Gómez Rovira— que también solicitaba que la Guardia Civil requisara el ordenador con el que votó Casero, que habría sufrido esos problemas técnicos y que registró un voto ajeno a su voluntad. Esta pretensión ha sido rechazada.
El denunciante también pedía requerir a la Guardia Civil que accediese al Congreso de los Diputados "para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios".
El juez Carretero ha considerado, no obstante, que "no ha lugar en este momento para la diligencia solicitada" al no ver indicios de delito, aunque "sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento". El Ministerio Fiscal también se había opuesto a practicar las diligencias de averiguación propuestas por el denunciante. En los últimos meses, Gómez Rovira ha interpuesto otras denuncias contra miembros del Gobierno. Asimismo, dos de ellas dirigidas contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, fueron archivadas.
"Error informático"
Este jueves por la tarde, el PP atribuyó a un fallo "informático" el voto afirmativo del diputado por Cáceres Alberto Casero, lo que permitió al Gobierno salvar la reforma laboral de la ministra Yolanda Díaz.
Este error —ya sea humano o electrónico, que está aún por ver— fue decisorio, ya que la votación se saldó con 175 votos a favor del decreto y 174 en contra.
En una comparecencia sin preguntas en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, denunció que, antes de la votación, su grupo comunicó a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, esta "anomalía".
Sin embargo, Batet no reunió a la Mesa del Congreso para abordar este asunto. Fuentes parlamentarias indican a EL ESPAÑOL que los servicios de la Cámara Baja confirmaron que no detectaron "ningún problema técnico" en el televoto.