La instructora del informe confidencial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre la víctima de los abusos del ex de Mónica Oltra, María José Navarro, ha declarado este miércoles en sede judicial que se limitó a "cumplir órdenes" y que lo elaboró a petición de sus responsables directos en la Generalitat.
Navarro, técnico jurídico de la conselleria de Oltra, confeccionó el expediente que cuestionaba el testimonio de la menor y que la Audiencia de Valencia calificó de "parajudicial". Este informe se encargó para determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la entonces adolescente.
Además, según apuntaron fuentes presentes en el interrogatorio, Navarro ha reconocido que sabía que el autor de los hechos era la pareja sentimental de la vicepresidenta valenciana y responsable de la conselleria que tutela a los menores en situación de desamparo.
Este miércoles se ha retomado en la Ciudad de la Justicia de Valencia la ronda de interrogatorios a los imputados en la investigación penal que determinará si el departamento que dirige la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís ocultó el caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, ha sido condenado a cinco años y su ingreso en prisión está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS).
Las declaraciones han arrancado a las cinco de la tarde y se han prolongado hasta pasadas las ocho. El lunes declaró Isabel Serra, directora territorial en Valencia de la conselleria en el momento en el que se produjeron los hechos, y la persona que encargó la apertura de este informe. Serra formó parte de la candidatura de Compromís en Xàtiva (Valencia) en las elecciones municipales de 2019.
Serra declaró que pidió la información confidencial por instrucción de la directora general de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad, Rosa Molero. Navarro también ha confirmado ante el juez las instrucciones que dio la directora general. Molero por el momento no forma parte de las personas investigadas citadas a declarar.
Hostilidad contra la menor
El primer relato de la menor sobre los abusos se produjo en febrero de 2017 y se comunicó a la dirección del centro de menores donde residía poco después. La denuncia ante Fiscalía no llegó hasta cuatro meses después -ya en junio de 2017- y porque la menor se lo comunicó a la Policía. Este miércoles Navarro ha reconocido que desde la conselleria no se dio traslado de este asunto a la Fiscalía de Menores.
La sentencia que condenó al exmarido de Oltra criticó “la hostilidad con que se describe a la menor cuando Navarro alude a la información que extrae sobre la misma de la prueba documental, olvidando que era una niña de 14 años presuntamente abusada”.
Así se describía a la menor en el expediente. "Carácter fuerte y duro, ha protagonizado insultos y agresiones a los educadores y ha sustraído pertenencias a sus compañeras; el 11 de octubre se produjo la primera fuga; se encuentra en tratamiento en salud mental por TDH, durante las fugas ha dejado de tomar la medicación y ha faltado a las citas con el psiquiatra con el consiguiente perjuicio para su salud".
La instrucción paralela que dirigió Navarro incluía toma de declaración a testigos e incluso la práctica de una pericial. Este miércoles insistió en que se limitó a cumplir con el trabajo encomendado y defender su trabajo.
Informe externo
La declaración de Navarro ha estado precedida de la de Isabel Añón, de la Fundación Espill, una organización que elabora informes para la conselleria. Navarro pidió a Espill que elaborara un informe externo que se incorporó a la investigación interna y que también puso en duda la credibilidad de la víctima.
Añón estuvo declarando en el juzgado durante dos horas y media. Según estas fuentes, defendió su trabajo como profesional externa y aseguró que se limitó a trasladar que el testimonio era "poco creíble", es decir, que existían dudas pero no era concluyente. En su caso, subrayó que no conocía al autor de los abusos y su relación con la vicepresidenta.
En la sentencia que condenó a Ramírez, el tribunal concluyó que los informes "podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador”.
Ramírez durante el juicio celebrado en la Audiencia.
Los dos informes, que inexplicablemente no se aportaron al caso inicialmente, sirvieron al acusado para lograr la repetición parcial del juicio. Pero el resultado fue el mismo (cinco años de cárcel) y la dura crítica de la Audiencia de Valencia al proceder de la Conselleria de Igualdad ha servido para abrir esta nueva investigación tras la denuncia presentada por la menor.
Atención
Igualdad ha defendido en todo este tiempo que los expedientes e informes que realizó tuvieron como origen la atención de la niña. "Los informes son el resultado de esa atención. También el de la fundación Espill a la que fue derivada la menor para su atención psicológica y emocional ante, en ese momento, una sospecha de abusos".
La oposición en bloque ha pedido en los últimos días a Oltra que asuma responsabilidades por estos hechos. Desde Vox, partido personado como acusación popular en esta causa, su portavoz en las Cortes Valencianas, Ana Vega, afirmó que "Oltra se ha convertido en una indigna representante pública que debería haber dimitido de todas sus funciones y dejar paso a alguien que de verdad quiera gestionar los servicios sociales".
Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha presentado una proposición no de ley para "el cese o retirada de competencias" de la vicepresidenta. Por último, desde el PP, la diputada Elena Bastidas, ha afirmado que "por dignidad política, Oltra debería haber dejado ya su cargo público".