Universidades elimina los requisitos para ser rector que puso Castells: los elegirá el claustro

Un nuevo paradigma del sistema universitario más feminista, europeo, más internacional, con más presupuesto fijo, docentes más jóvenes, participación activa del estudiantado en todos sus órganos de gobierno y que esté presente durante toda la vida del ciudadano.

Así lo ha explicado el ministro de Universidades, Joan Subirats, en la presentación del borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en la que ha estado acompañado del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Subirats lleva 140 días como ministro de Universidades y, en este tiempo, ha seguido las líneas trazadas por su predecesor, Manuel Castells, quién había iniciado el cambio de la ley orgánica a la que Subirats no ha hecho excesivos cambios, aunque sí ha "simplificado".

La ley que ha liderado el ministro catalán es más simple y menos reglamentaria que la que intentó poner en marcha Manuel Castells. "Cuanto más quisiéramos entrar en detalles, más riesgo corríamos de generar rigideces de las que, después, nos podíamos arrepentir", ha puntualizado.

Aun así, el ministro sí plantea algunos cambios como incluir, por ley que el 1% del PIB se destine a sistema universitario. Propuesta que se había contemplado en algunos de los últimos borradores que había presentado Castells, pero que, cuando llegó a su primera lectura al Consejo de Ministros, se eliminó.

"Mi compromiso es conseguir el 1% del PIB y las CCAA deberán hacer su parte para que el conjunto del sistema universitario alcance estos objetivos. No podemos pedir esfuerzo a las universidades si esto no va acompañado de financiación", ha instado.

Más mujeres

Del mismo modo, el ministro y su equipo han eliminado las condiciones para el acceso ha puesto de rector. En el texto de Castells se exigía tener un mínimo de tres sexenios, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia en la universidad. Ahora sólo se habla de "méritos de investigación" y "experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los Estatutos".

"No entra en los criterios porque deberá de ser el claustro el que fije estos criterios", ha puntualizado Subirats, quién ha añadido que lo que sí deberá de ser el rector es "profesor permante funcionario". Una exigencia legal que ya está vigente.

Subirats sí mantiene algunos de los puntos más polémicos de la ley como las medidas de "acción positiva" en los concursos de acceso a puestos de docentes para favorecer a las mujeres. 

A este respecto, desde el redactado de borrador de la ley se especifica que se podrán establecer "medidas de acción positiva" en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado "para favorecer el acceso de las mujeres".

"A tal efecto -explica el texto-, se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate".

El Ministerio argumenta que esta redacción no concreta las medidas porque su objetivo es "permitir" que las universidades dispongan de herramientas para hacer una "discriminación positiva" cuando sea necesaria.

"Les da la posibilidad, pero no concreta, porque la situación de cada centro es diferente". Es decir, que será el claustro (tanto de las universidades privadas como públicas) el que decida aplicar este punto, pero el Gobierno no obligará a ello.

Más estudiantes

Como ha hecho desde que llegó al cargo, el ministro catalán ha reivindicado la presencia del estudiante en los propios órganos participativos. Por ello, los estudiantes podrán participar en los órganos de gobierno de la Universidad como el claustro o los consejos de facultad o departamento. Un mínimo del 25% podrá estar ocupado por estudiantes en estos órganos.

En la anterior ley las evaluaciones de los alumnos no tenían ningún tipo de significación, pero ahora sí. "Los estudiantes podrán hacer el seguimiento del profesor en comisiones en las que se habla de planes docentes y guías docentes", ha explicado.

Estos derechos de los estudiantes se completan con la posibilidad de que los alumnos puedan hacer huelga, un derecho recogido por primera vez para los estudiantes universitarios. El ministro ha puntualizado que a estos paros no se le debe denominar "huelga" puesto que "no son trabajadores".

"Los estudiantes serán relevantes a la hora de seguir la calidad de la docencia mediante control de las guías docentes y evaluación del profesorado". En definitiva, con la LOSU los estudiantes ganan en derechos.

Más Europa

La normativa que está centrada en la europeización del sistema universitario. En este momento hay 24 universidades europeas en España, más que en Alemania o en Italia, pero el objetivo del espacio europeo es que esta cifra se eleve a 500 en toda la UE.

Por ello, la ley especifica que las CCAA y el Gobierno deberán elaborar estrategias para "internacionalizar" el sistema universitario y potenciar y "priorizar" la movilidad de todos los estamentos universitarios, desde estudiantes hasta docentes o investigadores.

Un cambio respecto a la actual ley es que, cuando alguien viene a estudiar o investigar a España, se les dan permisos anuales. "Ahora queremos que se autorice todo el tiempo que dure la carrera o el doctorado", ha explicado Subirats. Cambio que, a su parecer, hará a nuestro país más "atractivo" para atraer talento extranjero.

"Si la gente quiere seguir siendo profesionalmente activa en la sociedad, su nivel de formación debe continuar a lo largo de toda la vida y la universidad tiene que estar en ese concepto de que es para todas las edades", ha reivindicado Subirats.

Con este objetivo, la LOSU incorpora la creación de títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración.

El ministro quiere que, con la nueva ley, se potencie la presencialidad como un factor "esencial" aunque no ha descartado las opciones híbridas.

Cuando el ministro llegó al departamento reivindicó su apuesta por que el aprendizaje que se genera en la universidad llegue a la ciudadanía. Por ello, quiere que exista una "transmisión constante" de conocimientos entre el entorno académico y la sociedad.

Esto se conseguirá haciendo que todas las publicaciones del personal docente e investigador de las universidades públicas sean accesibles.

Más profesores

Las universidades se hacen ‘mayores’ o por lo menos su profesorado. Por eso la LOSU integra una mejora de la estabilidad laboral para ser más atractiva a los jóvenes. Se plantea una carrera académica más definida, mas corta, mas establece, y "más garantiza que reduzca la precariedad y mejore la calidad".

Por ello, la LOSU modifica la figura del asociado que tendrá una docencia limitada a 120 horas y creará la figura del sustituto que suplirá la figura de PDI (Personal Docente de Investigador) con derecho a reserva de puesto de trabajo.

Desde el ministerio también crean la figura del visitante. Un docente con una limitación de duración de contrato de máximo 2 años.

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha explicado que el objetivo fundamental es que los docentes universitarios puedan estabilizar su contrato a los seis años de iniciar su contrato.

"Para el contrato primero de ayudante doctor no será necesario ninguna acreditación, pero cuando reciba su acreditación (tras dos años como ayudante doctor) sí le será necesario", ha explicado. Para la promoción a catedrático a los docentes se pretende que una herramienta "muy automatizada" donde los aspirantes puedan saber "perfectamente" su situación.

En la actualidad la edad media de estabilización de los docentes universitarios es cuando superan los 40 años. Por eso, la LOSU quiere que la carrera de docente que empiece con un contrato predoctoral que suelen ser de 4 años y, tras ello, un contrato de estudiante postdoctoral de profesor ayudante doctor, en el que el primer año se hace el curso de incentivación docente y dura seis años.

Con estas cuentas, el profesorado universitario se podría estabilizar en 10 años, algo que rebajará la edad media del profesorado de la universidad considerablemente.

La idea de Universidades es elevar este nuevo texto al Consejo de Ministros para que en este periodo de sesiones (que acaba a finales de junio) entre en el Congreso de los Diputados.