El abogado del ex militar y activista Mohamed Benhalima, condenado a pena de muerte por Argelia y al que España entregó hace dos meses a ese país, ha sido detenido por las autoridades locales horas después de verse con la madre del joven.
El letrado, Abdelkader Chohra, es uno de los pocos en Argelia que se atreve a participar en causas judiciales en las que el gobierno puede salir mal parado. La detención ha sido ordenada por el juez de instrucción del Juzgado de Chlef. Ahora, se encuentra bajo arresto en la prisión de Chlef.
Fuentes próximas a la familia relatan a EL ESPAÑOL que la madre de Mohamed Benhalima grabó un vídeo explicando la condena a muerte impuesta a su hijo y que el documento se comenzó a difundir en las redes sociales.
En las últimas horas la mujer se vio con el letrado de su hijo. Al terminar ese encuentro las autoridades argelinas detuvieron al abogado. Ahora, indican estas mismas fuentes, "está asustada y tiene miedo de que la fuerzas de seguridad puedan ir a su casa a interrogarla, o incluso a detenerla".
Según el diario árabe Ennahar, el abogado ha sido detenido junto a otras personas por “incitación a alterar el orden público” así como por “organizar una manifestación sin autorización”. Entre los motivos de la detención estaría también "haber realizado un mitin frente al establecimiento penitenciario de Chlef", informa el mismo medio. Es ahí donde permanecería encerrado Benhalima después de conocer que ha sido condenado a la pena capital.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tomó la decisión de extraditarle a su país tan sólo cinco días después de que Argel mostrara su enfado y negara haber sido informada del viraje español respecto del Sáhara Occidental.
El Gobierno español ya era consciente de la persecución a Benhalima en Argelia, motivo que había causado su huida y su petición de asilo. Además, tal y como ha revelado EL ESPAÑOL, la sentencia con la que un tribunal militar de Argelia le condenó a muerte fue dictada en 2020, dos años antes de que Interior le deportara a petición de las autoridades de ese país.
Sentencia de 2020
Al exmilitar de 32 años de edad todavía "no se le había notificado" la sentencia, ya que le condenaron en ausencia, cuando se hallaba huido de su país. En 2019 había partido en dirección a España, a donde llegó tras enterarse de que iban a ir a por él tras denunciar la corrupción en el seno de las fuerzas armadas de Argelia.
Benhalima tiene a día de hoy 19 procedimientos abiertos en Argelia por supuestos delitos penales, todos ellos atribuidos tras sus críticas al ejército argelino.
"Es una condena dictada en 2020 cuando ya había salido de Argelia, pero no se le notifica hasta hace unos días", asegura Adrián Vives, de la plataforma CIES NO, desde donde están en contacto permanente con la familia del chico.
La familia del joven y el círculo de asociaciones y colectivos que le apoyan creen que Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores pudieron haber cometido dos errores: "La pena de muerte está contemplada en la constitución argelina. Deberían haberse asegurado de que no había ninguna condena de ese tipo. Tenían todos los elementos sobre la mesa para inferir que esto podía pasar".
Por tanto, a ojos de la defensa de Benhalima, o bien el Gobierno conocía la pena impuesta y siguió adelante con la deportación, o bien Argelia ocultó a España estos detalles a la hora de solicitar a las autoridades españolas que se lo entregasen. Ambas opciones, a juicio de estos colectivos y del entorno del activista y exmilitar, dejarían en mal lugar tanto a Exteriores como a Interior.
EL ESPAÑOL ya reveló, a través de fuentes próximas al caso, que al menos antes de deportar a Benhalima, Interior conocía que la fiscalía de Argelia solicitaba para él 10 años de prisión.
Se trata de un nuevo escándalo que atenaza al Gobierno en relación a las complicadas relaciones diplomáticas que mantiene en los últimos meses con Argelia y Marruecos, vecinos pero a su vez enemigos entre sí.
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