Marlaska desoyó 2 cartas de Amnistía Internacional y un informe de ACNUR al expulsar a Benhalima

Fernando Grande-Marlaska tampoco hizo caso a un informe de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) a favor de conceder asilo a Benhalima que remitieron a su departamento los abogados del joven. 

EL ESPAÑOL ha podido confirmar la existencia de estas comunicaciones a través del entorno de la familia de Benhalima y de la propia Amnistía Internacional, que remitió una carta dirigida personalmente a Marlaska. También envió otra a Francisco Pardo, el director general de la Policía.

En ambos escritos se pedía anular la deportación y que se respetara el principio de no devolución. También se daba cuenta de varios casos documentados de torturas por parte de las autoridades argelinas a otros cuatro activistas del mismo perfil que habían participado en protestas contra el gobierno.

Además, explican las mismas fuentes, en la solicitud de asilo de Benhalima sus abogados aportaron al Ministerio del Interior pruebas sobre la persecución a la que se le había sometido junto al informe de ACNUR.

Según ACNUR, la concesión del asilo permitiría indagar y "profundizar en la persecución por motivos políticos y grupo social determinado"que existe en Argelia.

Además, esta preocupación fue recogida por Compromís y ERC que preguntaron por el caso a Marlaska en el Congreso de los Diputados mientras Benhalima permanecía retenido en el CIE de Valencia, a la espera de su expulsión de España. 

Como ha revelado EL ESPAÑOL la decisión de expulsar a Benhalima a su país llegó tan sólo cinco días después de que Argel mostrara su enfado y negara haber sido informado del viraje del Gobierno español respecto del Sáhara Occidental.

Defensor del Pueblo

Amnistía Internacional escribió una tercera carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que se interesara por el caso, en la que detallaba el peligro que corría de ser enviado a Argelia. Las fuentes consultadas aseguran que Gabilondo mostró interés por la historia de Benhalima: "Pidió información".

El Gobierno español era, por tanto, consciente de los riesgos de entregar a Benhalima a Argelia, que huyó de su país años atrás. Además, tal y como ha revelado EL ESPAÑOL, la sentencia con la que un tribunal militar de Argelia le condenó a muerte fue dictada en 2020. Según cuentan su familia, su círculo más estrecho y Amnistía Internacional, al exmilitar de 32 años de edad todavía "no se le había notificado" la misma, ya que le condenaron en ausencia.

Benhalima tiene hoy 19 procedimientos abiertos en Argelia por supuestos delitos penales, todos ellos atribuidos tras sus críticas al ejército argelino. A ojos de la defensa de Benhalima, o bien el Gobierno conocía la pena impuesta y siguió adelante con la deportación, o bien Argelia ocultó a España estos detalles a la hora de solicitar a las autoridades españolas que se lo entregasen. Ambas opciones, a juicio de estos colectivos y del entorno del activista, dejarían en mal lugar tanto a Exteriores como a Interior.

Carta a Argelia de AI

Benhalima trabajó como conductor y chófer para el Ministerio de Defensa argelino. Según denuncian sus allegados, fue ahí cuando empezó a ver de cerca presuntas irregularidades dentro de los círculos militares.

Decidió entonces empezar a publicar datos e información comprometedora sobre algunos de los mandos de las fuerzas armadas, dejándoles en evidencia, como por ejemplo facturas infladas. Lo hacía en sus redes sociales.

Después de aquello, alguien le avisó de que irían a por él. Pronto le llegaría un chivatazo de que le buscaban para detenerle, y logró huir del país. Amnistía Internacional relató que el activista había publicado "en 2019 una serie de vídeos en redes que exponían la corrupción entre los altos cargos del Ejército". También participó en el movimiento de protesta Hirak, que pedía "una reforma del sistema político".

Ahora, Amnistía Internacional pide por carta al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, que anule la condena a muerte del activista deportado por España. En la misiva, hecha pública este lunes, defiende el "derecho a la libertad de expresión" del joven y pide que se ponga fin "a su enjuiciamiento por cargos derivados de sus críticas a las autoridades argelinas". "En espera de su liberación, le insto a que se asegure de que se encuentra recluido en condiciones acordes con las normas internacionales y protegido contra la tortura", concluye el escrito.