La red que extorsionó a chavistas en España blanqueó 160 millones para los hijos de Maduro

Según la investigación, el cabecilla de esta red de extorsión sería el norteamericano Martín Rodil, abogado del exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea, quien en abril de 2016 declaró en el Consulado de España en Nueva York, ante agentes de la Policía española, sobre los pagos del régimen chavista a la Fundación CEPS ligada a los fundadores de Podemos.

A cambio de grandes sumas de dinero, la red ofrecía a sus clientes (exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez que se instalaron en España tras la muerte del dictador) protección y contactos con la cúpula de la Policía española, una estructura societaria para ocultar su fortuna en paraísos fiscales e incluso documentación con una identidad falsa para ocultarse de la Justicia.

El ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, la enfermera de Hugo Chávez (Claudia Díaz) y su marido, Adrián Velásquez Figueroa.

Entre los clientes de la red se encuentran el exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos (procesado en la Audiencia Nacional por el cobro de comisiones de la empresa española Duro Felguera), el exjefe de seguridad de la petrolera PDVSA, Rafael Reiter, y el expresidente de la Oficina del Tesoro de Venezuela Alejandro Andrade (conocido en los círculos chavistas como El Tuerto Andrade).

Según las fuentes próximas a la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, se beneficiaron igualmente de los servicios de esta red la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz (que también fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela en 2011 y 2013) y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Chávez en el Palacio de Miraflores.

La Audiencia Nacional autorizó la extradición de ambos a EEUU el pasado mes de noviembre, lo que demuestra que la "protección" ofrecida por la trama era papel mojado.

La investigación judicial se inició después de que el exdirector de los Servicios de Inteligencia de Venezuela Carlos Aguilera y el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado declararan a la Policía que la organización liderada por Martín Rodil les requería crecientes sumas de dinero a cambio de garantizar su protección en España.

Según un informe elaborado por la UDEF, Martín Rodil Alvaree (ciudadano norteamericano nacido en Venezuela) es "un lobista que se encargaría de negociar con agencias de inteligencia y seguridad de EEUU la colaboración y entrega de narcotraficantes y funcionarios venezolanos en causas seguidas en aquel país".

Los 'chamos'

La juez que instruye la causa, Cristina Díaz, ha citado a declarar el próximo 6 de octubre a 13 personas como investigadas. Entre ellas se encuentran los cuatro accionistas del grupo empresarial Columbus One Properties SL (Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde), que fue utilizado para blanquear 600 millones de dólares de Nervis Villalobos y del presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín Belisario.

Estos fondos procedían del cobro de comisiones y del fraude en el cambio de divisas a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La Justicia de EEUU remitió a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la grabación de una reunión celebrada el 1 de marzo de 2017 por un grupo de empresarios, en la sede de la sociedad Columbus One Properties SL, situada en la calle Orellana de Madrid.

Dos de los presentes en aquel encuentro eran el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico del Ministerio del Petróleo de Venezuela) y el asesor fiscal Pedro Binaggia. En la grabación, ambos indican que, de los 600 millones de la operación de blanqueo, 159 millones estaban destinados a "los hijos de la señora", "los chamos" o "los conocidos de Cilia".

Islas Caimán y Bahamas

En su informe dirigido a la juez María Tardón, la UDEF indica que estos apelativos corresponden a los tres hijastros de Nicolás Maduro, hijos de su esposa Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. Esto indicaría que la familia del actual presidente de Venezuela no sólo era conocedora, sino también beneficiaria, de la estructura de corrupción a gran escala de la petrolera PDVSA.

La red que blanqueó 600 millones de la corrupción de PDVSA invirtió parte del dinero en la compra de un hotel de cuatro plantas, situado en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, por 15 millones de euros. La compra del inmueble se escrituró en marzo de 2016. La trama lavó el resto del dinero a través de una estructura societaria con conexiones en Malta, Islas Caimán, Panamá, Bahamas y Andorra.

Un grupo británico explota el hotel, situado en Ciudad Lineal de Madrid, comprado por la red de blanqueo.

Gracias a la colaboración de la Justicia norteamericana, la Policía pudo detener en Madrid a dos de los accionistas del grupo Columbus One (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde), junto a uno de sus colaboradores, Ignacio Sánchez Cumba.

Alertado, otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó de España en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela. Antes de abandonar España, entregó una mochila llena de documentación a su mujer, que la abandonó en la taquilla de un gimnasio situado en el centro de Madrid.

Cita en el Villa Magna

Cuando la Policía recuperó esta mochila, halló en su interior documentación que acredita el movimiento del dinero por varios paraísos fiscales y los pagos del exministro venezolano Nervis Villalobos a la presunta red de extorsión.

Fruto de todo ello, la juez Cristina Díaz ya ordenó el pasado 25 de febrero la detención de varios implicados, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo. Entre ellos se encuentran el exmilitar israelí Alberto Galán Fereres (conocido como Avi), un inspector de Policía y el abogado José Aliste (que ha representado en España a varios de los exaltos cargos del régimen chavista).

Una de las víctimas de esta presunta red de extorsión relató a la Policía que, tras su llegada a España, asistió a dos reuniones en el hotel Villa Magna de Madrid, uno de los más lujosos de la capital, en las que Martín Rodil y José Aliste le presentaron a un estrecho colaborador del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.

En una de estas reuniones, también le presentaron a un agente de Policía que sería su contacto en España: debía ponerse en contacto con él, a través de un número de teléfono móvil que le facilitaron, si tenía cualquier problema legal. 

Carta del 'Enano'

Y le advirtieron de que, si la Policía intentaba en algún momento identificarle, debía evitar por todos los medios que le tomaran las huellas dactilares, pues eso activaría las alarmas de una orden de búsqueda por parte de la Justicia norteamericana.

Durante el registro de la casa de Nervis Villalobos en Sant Cugat del Valles (Barcelona), la Policía halló un escrito en el que el exministro de Energía de Venezuela recomendaba a Rafael Reiter (exjefe de seguridad de la petrolera PDVSA) contratar los servicios del abogado José Aliste. La carta está firmada con el apodo el Enano que, según explica la UDEF en un informe dirigido a la juez María Tardón, corresponde a Villalobos.

El Enano explica a Rafael Reiter que Aliste "es persona de mi absoluta confianza, que me ha ayudado a resolver mis problemas y dificultades en España. Es persona que está absolutamente conectada con todas las autoridades españolas (Policía, Judicatura, Fiscalía y Gobierno en general). Vamos, que como nosotros decimos, tiene pegada directa y constatada por mí (...) Ponte en sus manos y confía en él".

El escrito firmado por 'El Enano', que la UDEF identifica con el exministro venezolano Nervis Villalobos.

Rafael Reiter está procesado en España por el presunto cobro de comisiones durante su etapa como jefe de seguridad de PDVSA. La UDEF considera acreditado que Roberto Rincón (procesado en EEUU por la corrupción de la petrolera estatal venezolana) le regaló una mansión en Miami, que luego vendió por 4,3 millones de dólares.

En cuanto a Nervis Villalobos, mantenía un contacto estrecho con Fernando Valero, alias Chico, quien actuaba como enlace entre el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, y los hijastros de Nicolás Maduro.

Dos de los afectados declararon ante la Policía española que el abogado norteamericano Martín Rodil les reclamó elevadas sumas de dinero para ofrecerles protección ante la Justicia de EEUU. Rodil decía trabajar en estrecho contacto con el agente de la Agencia antidroga DEA Sandalio González y con los fiscales norteamericanos Sara E. Edwards, Robert S. Johnson y John. P. Pearson.