Marlaska "impone" el 'decreto mordaza' que impide a los policías hablar con la prensa

El proyecto, adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL, ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de la Policía con la oposición de los sindicatos del cuerpo. Todos (excepto un colectivo que se abstuvo) han votado en contra de este documento con el que los agentes verán limitada su capacidad para aparecer o intervenir en los medios de comunicación. 

Según confirman diversas fuentes presentes en la reunión que se ha celebrado este miércoles, cuando los responsables de Interior fueron cuestionados por los sindicatos policiales, la respuesta fue que el nuevo Real Decreto seguiría hacia adelante de forma irrevocable: "Es una imposición del ministerio", sentenciaron, ante la mirada de los representantes sindicales.

Epígrafe del borrador de incompatibilidades que se presentará el 20 de julio en el Consejo de la Policía. EL ESPAÑOL

El punto más polémico de este proyecto establece que los agentes que quieran participar en cualquier medio, sea del tipo que sea, en una o en múltiples ocasiones, no podrán hacerlo sin que les dé permiso el Ministerio del Interior.

El apartado dice así: "La participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de Policía Nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía".

Todos consideran que el objetivo de la iniciativa es controlar la versión oficial de los hechos relacionados con la actividad policial. Al ser incorporada esta disposición como Real Decreto, se impide su debate en el Parlamento. PP y Cs ya han exigido explicaciones al Gobierno.

Este Consejo está formado por 12 representantes de la Administración y otros 12 sindicales de la Policía Nacional. Pero, de facto, todas las decisiones las toma el presidente del Consejo, es decir, el director general de la Policía. O sea, finalmente, el ministro del Interior. Los miembros de este órgano plantearon sus dudas, sus quejas, pero no pudieron hacer nada más, al carecer de poder real de decisión.

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Por eso, al final de la mañana la cúpula policial de Marlaska ya había dado vía libre a la tramitación del real decreto. Una vez cumpla su ciclo burocrático, acabará en el Consejo de Ministros, por lo que las diferentes organizaciones que defienden los derechos de los agentes estiman que para el mes de septiembre esta nueva norma ya estaría aprobada. 

Controversia

Los sindicatos recuerdan que en la actualidad ya existen procedimientos sancionadores en el seno de la Policía Nacional por si algún agente se sobrepasa en sus manifestaciones o en sus revelaciones. Estiman que por ello, entre otros aspectos, no es necesaria la puesta en marcha de esta medida tan controvertida. 

Este nuevo reglamento sólo prevé el acceso libre de los agentes a los medios cuando se trate de hablar de "reivindicaciones en defensa de los intereses laborales" de los funcionarios del cuerpo. Esto es, solamente para las denuncias de falta de medios o de efectivos, las exigencias en materia salarial o las reclamaciones con respecto a turnos de trabajo.

De este modo, la redacción de ese apartado deja la puerta abierta a que una intervención de un delegado sindical en un medio de comunicación podría ser sancionada si se saliera de ese estrecho guion marcado por el Ministerio del Interior.

"El más estricto"

La medida ha causado sorpresa en círculos policiales, tanto por lo que supone de recorte de libertades como porque se introduce a través de una norma de incompatibilidades cuya razón de ser es la de regular las condiciones de un posible segundo puesto de trabajo de los funcionarios, marcando las excepciones.

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Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se oponen frontalmente a esta reforma porque "pretende limitar al máximo los derechos" de los policías: "El recorte de libertades se acentúa en la elección de residencia, en la imposibilidad de ejercer otras ocupaciones en el tiempo libre o incluso en la libertad de expresión. Será el más restrictivo nunca antes visto en los años de la democracia, mucho más duro que en cualquier otro cuerpo de seguridad".

Lo que se pretende, según insiste Carlos Morales, portavoz del SUP, "es recortar la libertad de expresión en su faceta que todos tenemos como ciudadanos. No solo prohíbe, como es obvio, comentar en público cualquier información obtenida en el ejercicio de nuestra función policial, sino que también pretender prohibir que se emita cualquier opinión aunque no haya participado en ella, lo cual nos parece un retroceso".

El sindicato JUPOL, mayoritario en el seno de la Policía Nacional, concuerda en el "ataque" que supone esta medida: "Consideramos que se trata de un ataque directo a uno de los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión. Estamos en total desacuerdo con su aprobación, debido a que supone límites para nuestras funciones sindicales".

"Es una forma más de querer acallar voces, un reflejo más de lo que el Gobierno y la Administración quieren hacer con nosotros: silenciarnos y tener un control absoluto", ha asegurado Chus Nieto, una de sus portavoces. 

La Confederación Española de Policía (CEP), que también ha votado en contra del Real Decreto, cree que el ministro Marlaska ha establecido un precepto con el que se aplicará de forma "absoluta e indiscriminada" este régimen de autorización. "Da la sensación de que se pretende articular una prohibición generalizada previa de participación en cualquier medio".

Desde este sindicato aseguran que, una vez aprobada, acudirán a los tribunales para intentar revocarla. Otros colectivos estudian tomar la misma medida.