Interior deberá mostrar los informes con los que justificó el acercamiento de etarras al País Vasco

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a desvelar los "informes, comunicaciones o cualquier otra documentación" enviada al Gobierno vasco acerca de los traslados al País Vasco de presos de ETA.

Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia en el que este organismo independiente, creado por la Ley de Transparencia de 2013, otorga diez días al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para publicar esta información, solicitada por un particular hace casi ocho meses, el 7 de febrero de 2022. Dicho ciudadano también pidió una copia del expediente penitenciario de los reos beneficiados.

Interior se opuso a conceder toda esta documentación. "Señalar que el expediente que justifica la clasificación y traslado de cualquier interno contiene datos personales para cuyo acceso y pública difusión sería necesario contar con el consentimiento de su titular. Entre otros, se trata de expedientes compuestos por informes de conducta, psicológicos y de carácter terapéutico, con un estatus jurídico de protección similar al de los datos de salud y cuya publicidad puede suponer la revelación de datos de carácter especial", justificó el Ministerio.

En su resolución administrativa, el Consejo de Transparencia da la razón a Marlaska tan sólo en este extremo. "En el caso que nos ocupa, es innegable que la información contenida en los informes de conducta, psicológicos y de carácter terapéutico que forman parte de los expedientes solicitados (...) contienen datos de salud que entran dentro del régimen de las categorías especiales de datos personales", razona.

Facilitar esta información concreta, aunque se anonimizasen los aspectos sensibles, tampoco sería viable, "pues, aun eliminando de ellos los datos identificativos, al ser públicamente conocida la identidad de los afectados, resulta fácilmente operable su reidentificación".

No obstante, el CTBG sí insta —no tiene capacidad para obligar a que se cumplan sus resoluciones— a Interior a hacer públicos el resto de datos solicitados. Es decir, la copia de los informes y demás documentos enviados al Gobierno vasco que verse sobre dichos acercamientos de presos etarras.

En su resolución, Transparencia reprocha que Interior no se haya pronunciado sobre este último extremo, mientras que sí se negó, con razón, a facilitar los expedientes penitenciarios. "Se desconocen las razones por las que denegó el acceso", subraya el CTBG.

Y el Consejo argumenta que la prohibición de publicar datos personales no afecta —o, al menos, no afecta enteramente— a la documentación que Moncloa envió al Ejecutivo autonómico.

"Así, si bien es posible que los informes remitidos al Gobierno vasco pueden verse afectados por la prohibición de acceso (...) cuando tengan la misma o similar naturaleza [que los expedientes penitenciarios], esta prohibición no parece, a priori, aplicable por entero a las comunicaciones y al resto de la documentación solicitada, en relación con la cual deberá, en su caso, justificarse la imposibilidad de anonimización antes de denegar el acceso", resuelve el CTBG.

"En consecuencia —finaliza—, no habiéndose alegado ninguna causa de inadmisión ni ningún otro límite, procede estimar la reclamación en este punto, instando al Ministerio [del Interior] a facilitar el acceso a la información solicitada, previa anonimización, en su caso, de los datos personales". Y otorga al departamento que encabeza Grande-Marlaska diez días para hacerlo.