El TSJC mantiene el 25% de castellano para otros dos colegios en Barcelona y Tarragona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado las medidas de caracter cautelar que impuso en las aulas de dos escuelas, una de Castelldefels (Barcelona) y otra de La Canonja (Tarragona), para que se impartiese al menos un 25% de horas lectivas en castellano. 

Tal y como informó este diario, la Generalitat trató de esquivar con un decreto la aplicación de este porcentaje en la Educación, que, a ojos del TSJC, podría ser "fraude de ley". El 66% de los catalanes rechaza que se elimine el 25% de castellano, así lo desveló un sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. 

En los autos, consultados por Europa Press, el TSJC desestima dos recursos de la Consejería de Educación de la Generalitat contra autos del tribunal que descartaron la petición de tumbar estas medidas cautelares apelando a la nueva normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza, que fija explícitamente la inaplicación de porcentajes.

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El TSJC señala que la Generalitat ha cursado una solicitud de revocación de la medida cautelar "sin acreditar el resultado de la aplicación de la nueva legislación en el centro escolar afectado, bien entendido que el informe de inspección aportado con el recurso de reposición se limita a una aproximación genérica".

La Sección Quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el pasado mes de mayo a la Generalitat "el cumplimiento inmediato" de la sentencia que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano en todos los centros educativos de Cataluña. Con estas ya son 14 las escuelas en las que se ha rechazado la revocación de las medidas cautelares.

El pasado 25 de mayo, el Pleno del Parlament tramitó por la vía de urgencia la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, pactada por Junts per Catalunya, ERC, en Comú Podem y PSC, en la que se reconoce el castellano como lengua de aprendizaje

El tribunal ha remarcado que "no consta que la escuela haya aplicado la nueva legislación y cuál ha sido el resultado" y afirma que el proyecto lingüístico tendrá que ser revisado en función de los nuevos parámetros y la eventual revisión de la medida cautelar solo podrá ser abordada a la vista de la nueva situación, considerando el análisis de entorno sociolingüístico que lleve a cabo la escuela y de la concreta distribución de los usos lingüísticos que resulte para el alumno recurrente.