La investigación vincula una fundación que preside Nadia Calviño al ‘caso Mediador’

La magistrada María de Los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que investiga desde Santa Cruz de Tenerife, el caso Mediador, un caso de corrupción con ramificaciones nacionales, investiga 4 contratos que una fundación que preside la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, adjudicó a una de las empresas investigadas en la trama.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes judiciales, se trata de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), una institución pública en la que figuran dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado. En el momento de los hechos estaba presidida por Carmen Calvo, entonces también vicepresidenta. 

La jueza investiga esos 4 contratos por valor de 2,3 millones de euros que se otorgaron a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL. Esta compañía es propiedad de José Santiago Suárez Estévez, uno de los 12 investigados en esta causa. 

La noticia, que ha adelantado el diario La Provincia y ha podido confirmar este periódico, es que ahora la instructora del caso quiere conocer todos los detalles de esos contratos. Se trataría de varias adjudicaciones del proyecto de Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel en los años 2020 y 2021. Allí es donde se encontraba en ese momento uno de los investigados, el único que continúa en prisión, el general de división Francisco Espinosa Navas.

Cuando se produjeron los supuestos hechos delictivos de los que se le acusa al exgeneral, él ya no formaba parte de la estructura orgánica directa del Cuerpo, pero sí era colaborador del Proyecto europeo GAR-SI Sahel, de formación de agentes en esa región del África subsahariana. Los contratos iban destinados a dotar de material a las misiones de formación comandadas por este mando de la Benemérita.

El auto de la magistrada en el que ordena indagar en esta la compañía de vehículos aéreos no tripulados data del pasado 13 de febrero. La jueza quiere que se remita a Asuntos Internos de la Guardia Civil un listado con los números telefónicos de las personas que participaron en esos expedientes.

Antonio Brito, el abogado del supuesto mediador de la red, pide que se respete la presunción de inocencia de su cliente, y que respeta el "necesario trabajo de los medios de comunicación, combinado en la medida de lo posible con evitar juicios paralelos".

Detenidos

Esta noticia amplifica el foco de un caso que nace a nivel local pero cuyas conexiones parecen ya extenderse al ámbito nacional. A esta noticia se le suma la detención este lunes de Juan Bernardo Fuentes, hasta hace unos días parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados.

La Policía Nacional le arrestaba este lunes en su casa de Puerto del Rosario (Fuerteventura) como uno de los 12 miembros de esta trama presuntamente dedicada a extorsionar a empresarios del sector primario de las islas Canarias a cambio de favores.

Concretamente, la causa investiga las supuestas comisiones exigidas a cambio de que las granjas no fueran objeto de una inspección, además de los acuerdos para agilizar o desbloquear expedientes relativos a los fondos europeos.

Entre los doce investigados también figura el ex director general de Ganadería del Gobierno Canario, Taishet Fuentes –sobrino del congresista del PSOE por Las Palmas arrestado este lunes– ya en libertad con cargos.

[Un diputado del PSOE, su sobrino y un general de la Guardia Civil, investigados por estafa con fondos UE]

Por el momento, el General retirado Francisco Espinosa ingresó este fin de semana en prisión provisional "comunicada e incondicional", decretada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. Es el único encarcelado. Se le acusa de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal entre 2020 y 2021. 

Redada

La principal redada de esta operación se efectuó hace menos de una semana. 18 registros repartidos por distintos puntos de la geografía nacional (entre ellos, las Islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura), se sustenta sobre "indicios sobrados de actividad delictiva" de un "grupo organizado". Los papeles de sus presuntos integrantes son descritos en distintos autos dictados por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, instructora del caso.

Además del diputado socialista, su sobrino y el general retirado de la Benemérita, los demás arrestados eran empresarios que supuestamente habrían efectuado distintos pagos a cambio de servicios, tal y como señaló Diario de Avisos. Estos consistirían desde facilitar el acceso a subvenciones europeas o acceder a las ventajas de la Zona Especial Canaria (ZEC) hasta evitar inspecciones en sus negocios o suspender sanciones ya impuestas.