El Gobierno dio a Revilla el 'chivatazo' de que la Policía iba a registrar su Consejería de Carreteras

El dispositivo policial se desarrolló el pasado 22 de febrero, cuando agentes de la UDEF e inspectores de la Agencia Tributaria irrumpieron en la citada sede para intervenir documentación sobre el amaño de licitaciones de obra pública, en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

A lo largo de la jornada, la Policía detuvo a ocho personas, entre ellos el jefe del servicio de Carreteras de Cantabria, quien según la causa habría obtenido cerca de 3 millones de euros de las empresas a las que favorecía con la manipulación de concursos públicos.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento regional, Félix Álvarez, ha presentado una denuncia en Fiscalía al entender que el chivatazo de la delegada del Gobierno a Miguel Ángel Revilla ha podido constituir un delito de revelación de secretos, según el artículo 466 de Código Penal.

Puesto que la causa judicial se encontraba bajo secreto de sumario, la delegada del Gobierno estaba obligada a guardar silencio sobre el dispositivo, del que tuvo conocimiento a través del Ministerio de Interior.

El hecho de que alertara al presidente del Gobierno regional, señala Ciudadanos (Cs) en su denuncia, pudo provocar que otras personas tuvieran conocimiento de la operación antes de que se desarrollara, y destruyeran u ocultaran pruebas.

Miguel Ángel Revilla reconoció los hechos este viernes, en la rueda de prensa en la que comunicó que el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha presentado su dimisión por no haber sido capaz de detectar ese caso de corrupción en su departamento.

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En su comparecencia, Revilla aludió a lo sucedido en la mañana del 22 de febrero: "A las 7 y 20, cuando me estaba afeitando", relató, "me sonó el móvil y era la delegada del Gobierno en Cantabria que me comunicaba que a las 7 y media iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas inspectores fiscales y policías ante, un caso de corrupción muy grave, me dijo, donde había detenidos y habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la Consejería".

La delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, dio este aviso a Revilla "para que tuviera conocimiento de que a las 7 y media, que es la hora que abre la Consejería, se iba a proceder a ese registro con orden judicial".

El presidente regional continuó su relato: "Inmediatamente llamé al consejero, José Luis Gochicoa, que no sabía absolutamente nada y le digo: apresúrate, llega a la Consejería cuanto antes, mira lo que está ocurriendo ahí, ponte a disposición de las personas que con orden judicial estén llegando e infórmame inmediatamente".

Miguel Ángel Revilla se mostró muy inquieto porque no recibía este tipo de llamadas a primera hora de la mañana desde los tiempos en los que le alertaban de atentados terroristas, explicó: "Son esas cosas que le ponen a uno los pelos de punta, dentro de la trayectoria que llevo de 40 años, me entró verdadera preocupación. [No entendía] quiénes estaban involucrados en esta historia y cómo era posible un caso de corrupción".

La nuera de Tezanos

El PSOE es socio de Revilla tanto en el Ejecutivo regional como en el Congreso de los Diputados, donde el voto de su formación política, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), forma parte del llamado "bloque de investidura".

Pero la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones —que es nuera del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos— pudo vulnerar el secreto de sumario al alertar a Revilla de esta operación.

Fragmento de la denuncia que Ciudadanos ha interpuesto en la Fiscalía.

La titular del Juzgado número 5 de Santander ha enviado a prisión al jefe del servicio de Caterreras detenido, que está acusado junto a otras siete personas de los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental.

Según la investigación, las empresas que se beneficiaban del amaño de concursos hicieron pagos que suman 640.000 euros entre 2021 y 2022 a una sociedad en la que aparece como administradora la mujer del funcionario, que además cobraba un sueldo de una de estas empresas sin desarrollar ninguna actividad laboral real. Sus dos hijas recibieron de la trama en el mismo período pagos que suman otros 700.000 euros.

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En su escrito presentado ante la Fiscalía, Ciudadanos recoge varias informaciones publicadas en la prensa de Cantabria, según las cuales el funcionario no acudió a la Consejería el día de la redada y la jornada antes fue visto arrojando documentos a un contenedor. Algo que sugiere que Revilla no fue el único que conoció con antelación el dispositivo policial que se iba a desarrollar.

Estos hechos coinciden con la polémica que ha generado el caso Mediador, que salpica de lleno al PSOE. El diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo presentó su dimisión y renunció a su acta el pasado 14 de febrero, una semana antes de ser detenido.

La Fiscalía se opuso a que la juez lo enviara a prisión —de los implicados en la trama sólo cumple prisión preventiva el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas— y posteriormente también se ha opuesto a la petición de la Policía de registrar el despacho de Curbelo en el Congreso de los Diputados, donde recibió a varios de los empresarios implicados.

El PP cree que el PSOE tuvo conocimiento de la investigación judicial del caso Mediador —que se inició hace más de un año— y ha realizado una voladura controlada para frenar el escándalo, ya que a lo largo de los últimos meses se han sucedido las dimisiones de otros cargos públicos socialistas implicados.

Las 'mordidas' de Tacoronte

El pasado 31 de enero Ángel Pérez Peña presentó su dimisión como director insular de Deportes de Tenerife, alegando "motivos personales". Había sido precisamente una denuncia suya la que, un año antes, había alertado a la Policía sobre las comisiones que cobraban el mediador de la trama, Marco Antonio Navarra Tacoronte, y el diputado socialista Fuentes Curbelo.

Y el pasado mes de diciembre dimitió director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, aunque en este caso se alegó su implicación en la adjudicación de contratos irregulares de compra de mascarillas.