Interior telefonea a los sindicatos policiales para calmarlos: no se cederá Extranjería a Cataluña

El nerviosismo no ha cesado ni cuando Fernando Grande-Marlaska ha tratado en las últimas horas de tranquilizarles prometiendo que, en lo esencial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán desempeñando esa competencia en Cataluña.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes próximas al Ministerio del Interior, un miembro del gabinete del ministro se puso en contacto este jueves con los sindicatos para calmar a los representantes policiales. Según esas mismas fuentes, Marlaska les garantizó que no se cederán competencias contempladas en la Ley Orgánica de Extranjería. 

El ministro les dio su palabra a través de un asesor del director general de la Policía Nacional. No se llegó a celebrar una reunión como tal, pero verbalmente Interior se ha comprometido con sus expertos en materia migratoria. 

Pese a la promesa, mandos de la Policía Nacional consultados por este periódico no terminan de fiarse de que no se toque "nada más que lo esencial". Por eso, continúa la incertidumbre.

El anuncio de la cesión de Inmigración cogió a todos por sorpresa, incluido el propio Ministerio del Interior, donde no conocen  todavía la letra pequeña de lo que quiere Junts, cómo se le puede ceder ese control y si es legal hacerlo. 

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Tan sorprendente fue lo ocurrido que las llamadas y mensajes entre las unidades de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras corrían como la pólvora en las últimas horas.

"Están a la expectativa", desvelan mandos policiales, que no terminan de ver cómo podría hacer el gobierno para que esas cesiones se puedan llevar a cabo sin que las tumbe después el Tribunal Constitucional. "Una cosa es el acuerdo político y otra el acuerdo jurídico. Es una competencia exclusiva de la policía del Estado. Es indelegable".

"Los Mossos d'Esquadra", continúan los mandos consultados, "harán entonces un trabajo policial de forma autónoma, al margen del Estado, que países como Francia no podrán aceptar".

Entre las unidades dedicadas a esa especialidad hay temor e incertidumbre. También los mandos, responsables en materia migratoria en el territorio nacional, observaron con estupor el resultado de una alocada sesión parlamentaria: "Esto es una aberración. Un caballo de Troya para sacarnos de Cataluña". 

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Silencio en Interior

Al anuncio de Junts le siguió el mutismo en el Ministerio del Interior. También en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por el momento, no ha quedado del todo claro cuáles serán las competencias que se transfieran a la Generalitat.

Ya se encargaban este jueves de explicarlo los dirigentes de Junts, celebrando lo que para ellos ha sido un "gol" absoluto en estos primeros compases de la legislatura. Se desconoce por el momento la "letra pequeña", de la que los partícipes del pacto se niegan a hablar; sin embargo, ya se puede entrever qué exigirán la formación que dirige el prófugo Carles Puigdemont.

Dirigentes como Míriam Nogueras o Jordi Turull explicaban que aspiran a una gestión integral de la materia, de forma que puedan controlar los permisos de residencia, la expedición de documentos, imponer los requisitos lingüísticos para la acogida en la comunidad autónoma y también la capacidad de controlar "flujos migratorios".

Turull, secretario general de Junts, aseguraba este jueves que aspiran a que Cataluña pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes: "Tenemos que mirar en qué condiciones nosotros a estas personas se las puede echar".

Sánchez salió políticamente vivo este miércoles de una votación en la que quedó en evidencia la fragilidad de su Ejecutivo. Junts, in extremis, proclamaba la amnistía del presidente del Gobierno a cambio de un precio muy alto, dejando claro quién maneja el mando a distancia de la legislatura. 

Los independentistas perdonaban la vida a Sánchez al lograr ocho nuevas concesiones para seguir vaciando competencias al Estado. Entre ellas, la gestión migratoria, una insólita licencia otorgada a un gobierno autonómico.