Un escolta de Ábalos, hermano de un detenido, fue destinado a Moscú con un sueldo de 13.000 €/mes

El agente en cuestión es Rubén de Aldama Delgado, hermano del empresario Víctor de Aldama Delgado, presidente del Zamora Club de Fútbol detenido en la Operación Delorme. Y el nuevo puesto al que le destinaron fue la embajada de Moscú.

Lograr una plaza en embajadas como la de Moscú es algo considerado como un premio dentro de la Policía. El sueldo de un agente con esa responsabilidad es de 13.000 euros al mes, según ha podido conocer EL ESPAÑOL en fuentes de Interior.

La figura de Rubén de Aldama conecta de esta manera a Ábalos con el empresario y dirigente del equipo de fútbol Víctor de Aldama, conocido del ministro y socio de su asesor, Koldo García Izaguirre, en la trama de corrupción que se lucró en la pandemia de la Covid con la venta de material sanitario.

Un enclave como la embajada de Moscú es uno de los puestos más jugosos a los que puede optar un agente de la Policía Nacional. El hermano del detenido en el caso Koldo pasó allí, según las fuentes consultadas, aproximadamente dos años.

Después de ese tiempo, Rubén de Aldama regresó a España. Ahora ha sido ascendido a oficial de Policía y trabaja en las dependencias de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en Madrid.

Víctor de Aldama, hermano del agente, ha sido detenido junto a Koldo García Aguirre y otras 18 personas en el marco de una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las indagaciones señalan a Koldo como "elemento principal" de una trama que habría recibido comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de material sanitario. Estos contratos, al ser tramitados por el procedimiento de emergencia, obviaban controles administrativos y permitían elegir a dedo a la empresa beneficiaria. 

Al menos dos ministros de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos, y dos presidentes autonómicos del PSOE, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, concedieron contratos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la que llegaba presuntamente con el aval de Koldo García.

Marlaska y Ábalos habían sido nombrados "autoridad competente delegada" en la lucha contra la pandemia.

Víctor de Aldama es un hombre de negocios a cuyo nombre figuran hasta 56 sociedades distintas en el Registro Mercantil. Según la Guardia Civil, De Aldama era amigo del ministro Ábalos y con él viajó, por ejemplo, a México.

Investigación

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción arrancó después de que el PP interpusiera una denuncia en marzo de 2022 por contratos presuntamente irregulares en la peor época de la pandemia de la Covid-19.

Tras aquella denuncia, la Fiscalía Anticorrupción inició unas pesquisas que se han prolongado durante año y medio y que ahora ponen el foco en el hombre de máxima confianza del exministro de Transportes.

La UCO descubrió que el entorno del ministro fue clave para que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas recibiera contratos de Adif y Puertos del Estado. La compañía pasó de facturar 0 euros a 53 millones a finales de 2020 gracias a los contratos públicos por la compra de material sanitario.

Al investigar al hombre de confianza de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Anticorrupción advirtió también el notable incremento de su patrimonio. El asesor y su mujer se habían comprado varias casas en Benidorm, cerca de la playa, y también una parcela rústica de más de 600 metros cuadrados en la localidad alicantina de Polop. El hermano de Koldo, otro de los detenidos, había realizado similares adquisiciones por aquel entonces.

Las 26 entradas y registros simultáneos en Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres dan idea de la magnitud de la operación. Entre los implicados figuran empresarios como José Ángel Escorial Senante, cuyo nombre aparece vinculado a empresas off shore en Malta.

Este empresario estaba al frente de la sociedad Purdey Investment S.L., la firma tras la que se encontraba la compañía Soluciones de Gestión, ahora investigada por recibir las adjudicaciones millonarias.

Por el momento, sobre los detenidos pesan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.