La Armada y la Guardia Civil han avistado 558 veces narcolanchas en el Estrecho en cuatro meses

Estas lanchas rápidas, cuyo uso está prohibido en España desde 2018, son utilizadas habitualmente por las redes de narcotráfico para transportar droga desde las costas de Marruecos, aunque también se ha acreditado su uso, de forma más ocasional, para el traslado de inmigrantes irregulares.

Se trata de embarcaciones neumáticas rígidas o semirrígidas, de hasta 18 metros de eslora, que pueden transportar a 20 personas y 3.000 kilos de droga. Están dotadas con dos o cuatro motores de alta potencia, que consumen 50 litros de combustible cada hora. Pueden alcanzar una velocidad de 130 kilómetros por hora, lo que con frecuencia les permite darse a la fuga en una persecución.

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Entre los meses de enero y abril, la Guardia Civil realizó 419 avistamientos de estas embarcaciones en la costa andaluza, utilizando también información suministrada por la red de radares SIVE, los medios de Vigilancia Aduanera (que depende del Ministerio de Hacienda) y las patrullas de la agencia europea Frontex que participan en la Operación Índalo.

Por su parte, las patrulleras de la Armada detectaron otras 139 veces la presencia de embarcaciones go fast. Durante los últimos meses, este cuerpo ha intensificado la vigilancia en torno a la isla de Alborán (situada a 85 kilómetros de la costa de Almería), tras detectar allí una creciente actividad de este tipo de embarcaciones ilegales.

De hecho, la Guardia Civil detectó a finales del pasado mes de febrero la llegada de 198 inmigrantes irregulares a este islote, de apenas 600 metros de longitud, situado a medio camino entre la costa de Marruecos y la de Almería.

El elevado número de embarcaciones go fast avistadas desde comienzos de año muestra la explosión que ha registrado este fenómeno, y la impunidad con la que actúan sus tripulantes, debido a la falta de medios técnicos de la Guardia Civil para darles caza.

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La presencia de narcolanchas se ha disparado, sobre todo desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió suprimir en septiembre de 2022 el equipo de élite OCON-Sur de la Guardia Civil, que se había anotado numerosos éxitos en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

No obstante, la presión policial en la zona del Estrecho ha provocado que las rutas de las lanchas go fast se diversifiquen y se desplacen hacia Almería.

La Guardia Civil a menudo carece de los medios necesarios para dar caza a las narcolanchas que constituyen una de las principales vías de entrada del hachís procedente de Marruecos en la Península.

Como ocurrió en la noche del 9 de febrero, cuando dos guardias civiles fueron asesinados por el piloto de la narcolancha, que arrolló la zódiac en la que los agentes navegaban.

Tal como informó EL ESPAÑOL, los agentes habían sido enviados en esta lancha neumática de pequeñas dimensiones a interceptar a seis narcolanchas fondeadas en la bahía de Barbate, porque las tres patrulleras de la Guardia Civil con base en Cádiz se encontraban averiadas.

Esto ha provocado que dos asociaciones de guardias civiles, Jucil y AUGC, hayan presentado sendas denuncias contra el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, por homicidio imprudente, lesiones graves y por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

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Jucil sostiene en su denuncia que los mandos enviaron a los agentes a hacer frente a los narcos "bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación".

Pese a las mencionadas dificultades, España y Portugal desmantelaron el pasado mes de abril una de las mayores redes de narcolanchas, en una operación conjunta en la que fueron intervenidas 10 embarcaciones, 4.000 kilos de hachís y 627 de cocaína.

La denominada Operación Grajuela fue desarrollada por la Policía Nacional, Guardia Civil, el cuerpo de agentes de Vigilancia Aduanera y la Policía Judicial de Portugal.

La red operaba desde Lisboa, aunque sus principales cabecillas procedían de Sanlúcar de Barrameda. En total fueron detenidas 19 personas.

La investigación de la Operación Grajuela tuvo su origen en mayo de 2023, cuando fue detectada la presencia de un minisubmarino, que se hundió debido a una avería cuando transportaba hacia la Península un cargamento de 6.000 kilos de cocaína procedente de Sudamérica.