"Gràcies, presidenta": el Congreso paga 12 millones por traducir al castellano al 4% de sus señorías

La práctica es bastante común entre los diputados nacionalistas vascos: una mínima referencia en euskera y el resto de la intervención, en castellano.

En esa misma sesión, tres horas más tarde, sube a la tribuna de oradores Isabel Pozueta, también diputada de Bildu. Comienza su discurso en euskera, recordando la muerte de un militante de la izquierda radical en 1978 por un disparo de la policía en la plaza de toros de Pamplona.

Le lleva poco más de un minuto su exposición, pero acto seguido la propia diputada pasa al castellano, traduce sus mismas palabras del euskera y desarrolla su interpelación al ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres. 

Esta próxima semana está previsto que se conceda un contrato público para la traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano de las intervenciones que se realizan en el Congreso de los Diputados. Tiene un valor estimado de 12,5 millones de euros y un plazo de validez de tres años, hasta 2027, cuando debería terminar de forma natural la legislatura. 

La medida cumplirá de forma definitiva con la propuesta realizada en septiembre por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que reivindicó el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento.

En la práctica, la traducción simultánea ya se está realizando desde entonces a través de intérpretes que trabajan bajo el régimen de autónomos, aunque la concesión del contrato público centralizará este servicio en una misma empresa. 

Los trabajadores de la compañía que obtenga la licitación deberán cumplir con estas funciones en las cuatro lenguas cooficiales de España: euskera, gallego, valenciano y catalán. Unos idiomas en los que se suelen expresar 26 diputados de grupos nacionalistas en el Congreso, o lo que es lo mismo, un 7% de sus señorías. 

Serían los miembros de ERC, Junts per Catalunya, Bildu, el PNV y el único representante del BNG, Néstor Rego Candamil. También podrían recurrir a estas lenguas los diputados de cualquier otro grupo parlamentario, aunque no suelen hacerlo.

Además, según fuentes del Congreso, los nacionalistas vascos hacen un uso bastante limitado del euskera. El ejemplo de las parlamentarias de Bildu suele ser lo más habitual en sus intervenciones.

Por tanto, los intérpretes trabajarían fundamentalmente para sus señorías de los dos grupos catalanes, que sí acostumbran a intervenir en su lengua, y el del BNG, que la utiliza siempre. Es decir, 15 diputados, un 4% de los escaños. 

Resulta imposible cuantificar el tiempo de sus alocuciones, porque depende de quiénes intervengan en cada una de las sesiones y de la duración de sus discursos. Si bien, el Congreso habría gastado desde septiembre una media de 6.250 euros al día por las comisiones y otros 4.000 euros por las sesiones plenarias, según datos recogidos del Portal de Transparencia de la Cámara baja por Europa Press. 

El precedente del Senado

Desde 2005, en época de José Luis Rodríguez Zapatero, se puede intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales en el Senado, por ser la Cámara de representación territorial. Aquella modificación permitió la contratación de más de una veintena de intérpretes y a lo largo de estos años ha ido contando de forma puntual con otros trabajadores autónomos. 

Es a algunos de estos últimos a quienes ha recurrido mayoritariamente el Congreso para prestar servicio desde septiembre hasta ahora, antes de que se conceda el concurso público. Trabajan casi siempre en remoto, no acuden presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, y cobran una media de entre 80 y 100 euros la hora. 

La Mesa del Congreso de los Diputados recurrió a una serie de contrataciones menores, por las que ninguno de los intérpretes podía recibir más de 15.000 euros más IVA. En el primer trimestre de este 2024 más de 40 profesionales han prestado algún tipo de servicio de traducción o interpretación. 

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con la gran mayoría de ellos, pero sólo una ha aceptado contar cómo es su trabajo y bajo condición de anonimato. La mayoría se muestran incómodos por las noticias que han aparecido en los medios sobre su actividad, ya que consideran que debido al debate político sobre su contratación se ha estigmatizado la profesión. 

Los miembros de una comisión utilizando pinganillos para escuchar la traducción de las intervenciones Europa Press

“Nos repartimos por lenguas, de forma que en los plenos estén todas cubiertas. Y para cada una de ellas suele haber más de un intérprete a la vez. Trabajamos por turnos de unos 20 minutos, porque es muy difícil seguir muchas intervenciones de forma continuada, y a veces los plenos empiezan a las 9 de la mañana y no terminan casi hasta la noche”, explica esta intérprete al teléfono. 

Reconoce que las tarifas que se han publicado son correctas y que en ocasiones el número de intervenciones en una sesión no es demasiado alto. “Pero es que un trabajo como el nuestro no es sólo intervenir en ese preciso momento, hay mucho trabajo previo. Si tengo una comisión de Ciencia o Economía tengo que estar mínimamente preparada en esas materias, porque si no es imposible seguirlas”.

“Y después -continúa-, si reclaman nuestros servicios pero al final no los necesitan o necesitan menos de lo esperado, creo que es normal que nos paguen por ello”, sostiene. Hasta ahora los plenos estaban siempre cubiertos por estos traductores freelance, mientras que en las comisiones los grupos debían solicitar su presencia con antelación, por lo que no siempre fue necesario contar con ellos. 

Críticas a la concesión

Esta solución provisional se resolverá una vez que haya una empresa que se encargue de todos los servicios de traducción, lo que debería resolverse el próximo martes 25 de junio. En el Senado ya se ha ejecutado una concesión similar, con la adjudicación a la compañía Oncall Europa, S.L., cuya matriz está en Australia pero que tiene una filial con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), de un contrato por valor total de 2,25 millones por éste y otros cuatro años más. 

El proceso ha levantado suspicacias en el sector. “Como la contratación de los traductores fue algo polémico, han querido hacerlo de la forma más cutre y barata posible. Y al final, en este caso, le han terminado dando la licitación a una empresa que tira los precios y trabaja por debajo del precio de mercado simplemente porque ofrecía sus servicios a menor precio”, afirma la profesional anteriormente citada. 

Hace unos meses las asociaciones de intérpretes, agrupadas en una organización llamada Red Vértice, consensuaron una carta en la que alertaban de la precarización de la profesión y de las condiciones en las que se plantean las adjudicaciones públicas. “Algunos llegan a tarifar la interpretación por minutos, ignorando no ya sólo el valor de la competencia y la disponibilidad, sino también otra parte fundamental del proceso, como son las horas de preparación”, denuncia el texto. 

La misiva está firmada por Emma Soler, que ha realizado actividades de interpretación y traducción este año en el Congreso de los Diputados, aunque está respaldada por el conjunto de la profesión. 

Un bedel del Congreso recoge los receptores abandonados en los escaños en septiembre de 2023. Europa Press

En su escrito la autora asegura que “los pliegos del Senado no sólo excluyen a cualquier profesional que se precie, sino que sólo dejan espacio a intermediarios, a menudo empresas multinacionales con pocos escrúpulos y rigor”. Argumenta que a estos traductores no se les exigiría “ninguna formación específica” ni se tiene en cuenta la “experiencia institucional o parlamentaria”. 

En definitiva, lo que vienen a denunciar los intérpretes del Congreso es que una institución pública deje esta actividad que ha generado tanta polémica en manos de algo parecido a call centers que tienen cientos de empleados repartidos por el mundo dedicados a traducir en remoto.

Retrasos en la publicación

Cuando las sesiones parlamentarias concluyen, el trabajo del intérprete todavía no ha terminado. Estos profesionales deben volver a escuchar las intervenciones originales en las lenguas cooficiales y mandar el texto transcrito y traducido al castellano.

Esto está provocando un retraso en la redacción de los diarios de sesiones, que tienen valor legal, de modo que ahora aparecen publicados unas dos semanas más tarde de la celebración de la correspondiente sesión cuando antes se hacía pocas horas después.

De hecho, este viernes el último texto del pleno y la diputación permanente que aparece en la página web del Congreso de los Diputados corresponde al pasado 13 de junio.

El Congreso ya gastó en septiembre unos 46.000 euros en alquilar los transmisores para posibilitar la traducción simultánea y compró otros 450 receptores de interpretación por valor de 7.671 euros. En las obras para la adecuación de las instalaciones también se contará con dos pantallas para que diputados y periodistas puedan leer los subtítulos en castellano. 

La presidenta de la Cámara cumplió con su promesa, los grupos nacionalistas se felicitaron, la oposición se mostró en contra y el primer día de su aplicación los diputados de Vox dejaron plantados a sus colegas amontonando los transmisores en el escaño del presidente Sánchez.