Feijóo: "Pedro Sánchez ha amnistiado a Puigdemont con una ley y a los de los ERE con el Constitucional"

— Es que no encontraba los otros, ¡yo creo que se los pone mi hijo!

Estamos a jueves. Media tarde. Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) recibe a EL ESPAÑOL en su famoso despacho de la planta noble de Génova 13. A lo largo de la conversación, aparca la simpatía que le caracteriza en el tú a tú cuando aparece Begoña Gómez en la conversación.

Le irrita sobremanera hablar del "entorno familiar" de Pedro Sánchez. Al final, hasta concede que no pediría la dimisión del presidente del Gobierno si tuviese otra actitud con este asunto. De lo que no hay duda, es de que él no dejó un virreinato en Galicia para esto.

Hace semanas, consiguió desembridar el pacto para renovar la Justicia, una misión que parecía imposible y que, a la postre, se ha convertido en un hito en los dos años largos que lleva al frente del partido. La buena acogida del acuerdo en su parroquia le ha levantado la moral. Pero la actualidad no da tregua, y las noticias, caso ERE, caso Koldo, caso Begoña, martillean hasta la extenuación.

Entretanto, en el exterior de la sede, la gente corriente camina a su aire, alejada del ruido de la política. Para concluir nuestro encuentro, Feijóo acepta hacerse unas fotos a pie de calle, a vista de todo el mundo. Hace unos días, estuvo en el pódcast del influencer Pedro Buerbaum [se enteró después de que era el fundador de la pollería] y cada vez son más frecuentes sus publicaciones en Instagram y TikTok, las redes que atrapan a los jóvenes. 

Es consciente de que en España, país que aspira a gobernar desde la Moncloa más pronto que tarde, hay una brecha entre la política y la sociedad por donde se cuelan los extremos. La amenaza es tan cierta que, al otro lado de los Pirineos, los conservadores republicanos han degenerado desde la hegemonía tras la Segunda Guerra Mundial hasta la insignificancia actual, por el auge de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. 

Hoy se decide el futuro de Francia. O la extrema izquierda o la extrema derecha. ¿Qué lección saca de la situación del país vecino?

A todos nos sorprendió la decisión de Macron de convocar unas elecciones tras unas europeas con tan buen resultado para los extremos; primera reflexión. Segunda: lo que ocurre en Francia, en España no puede ocurrir. Porque el Partido Popular es muy fuerte, tenemos el segundo mejor resultado de la Unión Europea.

¿Qué podemos extraer? hay que evitar los extremos. Para eso, hay que liderar la alternativa a la izquierda populista y, honradamente, creo que el PP, en los últimos dos años, lo está haciendo. Las últimas cuatro elecciones celebradas han sido cuatro victorias del PP y subiendo: municipales, autonómicas, generales y europeas.

El éxito del Frente Nacional de Le Pen está muy relacionado con su discurso en materia de inmigración. Usted ahora ha introducido esta temática en su discurso. ¿Por qué?

Porque es uno de los problemas más importantes de la Unión Europea, porque hemos firmado un pacto de inmigración los 27 países miembros y porque en nuestro programa así se reflejaba. En este comprometíamos más control en fronteras, inversión en los países en origen, donde se deja que las mafias actúen, y, después, una carta de valores para promover la integración de las personas que vienen a España.

Lo que es ilegal, es ilegal. Por tanto, la inmigración ilegal, es ilegal. La inmigración legal, es lo contrario. ¿Qué debemos perseguir?: a las mafias que trafican con seres humanos, que provocan miles de muertes en el mar. Y distinguir muy bien a la gente que llega porque quiere trabajar, y que acepta las leyes del país que los acoge, de la gente que viene a delinquir y sin interés de integrarse.

En muchas ciudades y pueblos españoles hay un problema de convivencia. Nuestra obligación es garantizar los derechos y libertades de los españoles. Reitero: inmigración legal sí, porque además es necesaria. Inmigración ilegal, no. Primero, porque es ilegal. Segundo, porque estaríamos creando un problema que en algunos lugares de Europa es el principal.

¿Y cuál es su propuesta en inmigración? Miguel Tellado habló de desplegar barcos de las Fuerzas Armadas en la costa y generó mucha polémica.

España es el segundo país de la Unión Europea con más personas inmigrantes provenientes de países de fuera de la UE. Las rutas de inmigración ilegal en Italia y los países bálticos están disminuyendo de una forma sensible. Sin embargo, la ruta del Atlántico occidental ha subido. El año pasado, un 83%. Los primeros meses de este 2024, un 300%.

Canarias está saturada, es un problema objetivo. Hace poco se aprobó en el Congreso una propuesta de incrementar hasta 10.000 el número de militares en las fronteras de Ceuta y Melilla. A nadie le sorprendió. El Gobierno también utilizó buques para disminuir las facilidades de entrada a nuestras costas.

Normalizar las avalanchas de inmigración ilegal en Canarias no es lo razonable. La inmigración legal es necesaria en España. Porque tenemos empleos no cubiertos, un envejecimiento de la población y somos un Estado solidario. Ahora, la inmigración ilegal es facilitar el tráfico de vidas humanas que muchas de ellas se quedan en el camino. Han muerto más de 6.000 personas accediendo a las costas de Canarias, de las cuales más de 300 eran menores. No podemos convertirnos en una frontera fácil y accesible para el tráfico de vidas humanas, que es lo que está ocurriendo.

Feijóo, ante la sede nacional de su partido, en la madrileña calle Génova. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

¿Cómo ve la oferta del Gobierno a las CCAA para el reparto de menores migrantes? ¿Votará su partido a favor de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso?

Los menores migrantes que están en Canarias ya se han estado trasladando a comunidades hasta colapsar las capacidades de asistencia de algunas de ellas. Varias comunidades están desbordadas y sus recursos para acoger menores, también. Nunca nos hemos negado al reparto, pero ¿cuál es la política migratoria del Gobierno? ¿Y con los menores? ¿Hay alguien que la conozca?

El Gobierno no consigue solucionar problemas en origen, como sí han hecho Grecia o Italia. No asume los recursos necesarios para atender a los menores, no asume los costes que supone atender a un menor hasta su mayoría de edad. Su planteamiento es extender el problema a los demás. Nos dicen que hay 6.000 menores en Canarias, que la previsión a final de año es la de llegar a 11.000 más.

¿Su propuesta es obligar a las comunidades a sustituir su absoluta ausencia de planificación y gestión? La competencia de las comunidades no es atender a continuas avalanchas de menores que entran de forma ilegal en los miles de kilómetros de la frontera española. Esa competencia es del Gobierno central, no del autonómico. 

Por tanto: ¿solidaridad? Sí, la hemos tenido, la vamos a seguir teniendo. ¿Cuál es el límite? La capacidad de recursos y medios para atender a menores en cada comunidad. ¿Qué hace el que es competente? Nada, no hace nada. Echa la culpa a los que solucionan los problemas y no soluciona ninguno.

En materia de seguridad, se están produciendo, cada vez con más frecuencia, escenas de película, como tiroteos en el centro de Madrid o Barcelona. ¿Le preocupa el aumento del crimen organizado en España?

Es una preocupación social de primera magnitud y uno de los ejes de trabajo de nuestro partido. La criminalidad aumenta año a año en España, según las cifras oficiales, sólo en 2023 casi un 6% en total.

Mientras el Gobierno parece mirar hacia otro lado, en lo que llevamos de legislatura hemos presentado medidas como una ley para endurecer las penas a delincuentes reincidentes, agilizar la expulsión de aquellos procedentes de otros países, mejorar las dotaciones de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en zonas de riesgo especial, como el Campo de Gibraltar; o que la Audiencia Nacional asuma las investigaciones relativas al crimen organizado para luchar contra él con las mejores herramientas.

"Me corresponde defender la bandera LGTBI en mi partido, no justificar lo que hace Vox"

Nuestro país ha sido, durante décadas, uno de los más seguros del mundo, y no podemos permitirnos que los españoles pierdan también la tranquilidad.

En Madrid se celebra estos días la fiesta del Orgullo. Hace un año, Sánchez logró resistir electoralmente porque agitó el fantasma del miedo ante la previsible entrada de Santiago Abascal en el Gobierno. ¿Ha habido un retroceso en derechos donde gobierna el PP con Vox?

Es evidente que no. El nivel de frivolidad y demagogia con la que se actúa es máximo. He visto la última polémica en Valencia. El criterio de la alcaldesa es que no haya pancartas o banderas relativas a reivindicaciones sociales, pero decide iluminar la fachada con los colores de la bandera. Bueno, pues se ha montado el típico follón de una demagogia bastante lamentable.

En mi partido, no lo digo yo, lo dicen ellos, tenemos personas gais y tienen responsabilidades no menores. Madrid es la capital de Europa del Orgullo con un alcalde del PP y una presidenta de la comunidad del PP.

Una vez escuché a un dirigente de su partido decir que donde más gais hay es en el PP.

(Risas). No sé si es el que más. Pero, desde luego, que los compañeros que son gais…

Son bien recibidos.

¡Absolutamente! Oiga, somos un partido, entre otras cosas, liberal. Por tanto, no nos metemos en cómo la gente ama, quiere o siente. Para esto ya tenemos a la izquierda, que es la que reglamenta la buena y la mala conducta.

En cualquier caso, Vox, partido a su derecha, no es precisamente amable con colectivos como el LGTB. ¿El PP se ha dejado influir por su discurso?

Tenemos presidentas y presidentes en las comunidades que tienen muy claro que las políticas contra el machismo, la violencia de género, la homofobia, están dentro de los departamentos del PP. Creo haber percibido que Vox ha ido ajustando algunas de sus manifestaciones o actitudes en estos temas. 

En todo caso, no me corresponde justificar lo que piense Vox. Lo que me corresponde es defender esa bandera en mi partido.

Aún no se ha cumplido un año desde que arrancó la legislatura y usted dice que está al borde del colapso. Le planteo una hipótesis: Illa logra la Generalitat y un Puigdemont con sed de venganza ofrece al PP sus votos para una moción de censura a Sánchez, ¿los aceptaría?

Junts va a hacer lo que le interesa a Junts, no lo que le interesa a España. Yo voy a hacer lo que le interesa a España. No sé si eso puede confluir. Lo que sí digo es que yo sé que no tengo votos para que prospere una moción, pero tengo una responsabilidad.

La Constitución me otorga un instrumento legal. De la misma forma que no tenemos votos para sacar la moción de censura, no renunciamos a plantearla en el momento que consideremos oportuno. 

Finalizada la entrevista, Feijóo charla con el periodista de EL ESPAÑOL, Pepe Luis Vázquez. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Sánchez está anunciando, a cuentagotas, un plan de regeneración que pone en la diana a los medios. ¿Qué le parecen las medidas que ya ha esbozado? ¿Qué va a hacer su partido? ¿Va a usar, como en la Justicia, el comodín de Bruselas?

He visto un par de informes detallados sobre el Reglamento de libertad de medios de la UE. Persigue exactamente lo contrario que dice Sánchez que va a hacer en su llamada regeneración democrática. Ese Reglamento surgió porque en algunos países estaban limitando la libertad de los medios. 

¿Y qué pretende Sánchez?

Cercenar la libertad de los medios. En nuestro país, en los últimos meses, nos hemos enterado de lo que ocurre en materia de corrupción a través de los medios. Eso ha conllevado determinados sumarios judiciales y el Gobierno ha respondido, primero, descalificando a los medios. Segundo, acusando a los jueces de lawfare. Y, tercero, diciendo que la oposición que denuncia los hechos publicados y los sumarios iniciados, es ultraderecha. Son las tres etapas del Gobierno.

Entonces, ¿cuál será la respuesta de su partido a esas medidas que anuncia Sánchez?

Una vez que conozcamos la ley de censura de Sánchez, actuaremos con todos los recursos que nos brindan el ordenamiento jurídico español y el europeo. No vamos a dejar pasar una ley de censura ni en una coma, vamos a proteger la libertad de los medios de comunicación y la independencia judicial, como hemos hecho con el acuerdo del CGPJ. Que no haya ninguna duda.

En un pasado no muy lejano, presidentes del Gobierno del PP y del PSOE no sólo señalaron a periodistas, sino que maniobraron para ver su cabeza en una pica. En caso de que usted llegue a la Moncloa, ¿se compromete a no actuar contra los medios críticos y a dejarse entrevistar por ellos?

Llevo en política mucho tiempo y, se puede imaginar, hay medios que me han criticado desde el primer día, todas las horas. Lo que hago en relación a estos medios es: nada. Aceptar sus críticas, a veces más fundadas, otras infundadas. Pero no he amenazado a nadie.

Puedo asegurar que la libertad de prensa es un derecho constitucional, la independencia de los medios es clave para mantener la democracia y sin medios y libertad de prensa no hay democracia. El tic autoritario que está planteando Sánchez no tiene precedentes en la Unión Europea.

Este viernes estaba prevista la declaración de la mujer de Sánchez en un juzgado de Madrid por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Finalmente, se ha aplazado. ¿Qué le parece?

Una falta de respeto al sistema judicial. Si no tiene nada que ocultar, no entiendo esa actitud, salvo que persiga desprestigiar al juez.

Al margen de si resulta o no condenada Begoña Gómez, ¿su conducta es ética?

Cuando el entorno del presidente del Gobierno está siendo investigado por corrupción, el problema es del presidente del Gobierno. No sé si se van a poder probar actos delictivos en las actuaciones comerciales de la mujer del presidente del Gobierno. Ni lo sé, ni me corresponde a mí tomar esa decisión.

Lo que sí digo es que esto va en contra de un principio ético que debe de garantizarse desde la Presidencia del Gobierno. Por eso, no conozco a ningún primer ministro europeo que esté en la situación de investigación del señor Sánchez: a su mujer, a su hermano, a su partido y a su Gobierno. La presunta corrupción en la que está envuelta la Presidencia del Gobierno de España me entristece como español y como político.

"No sé si habrá o no reproche penal a Begoña Gómez, pero la actitud del presidente es incompatible con la ética política"

El presidente del Gobierno tiene un perfil de autoexigencia muy bajo en lo que se refiere a la corrupción. Si en algún momento asumo la Presidencia del Gobierno y me veo envuelto en investigaciones por corrupción y tráfico de influencias de las personas que conviven conmigo en Moncloa, eso conllevaría mi dimisión. Lo vuelvo a reiterar, conllevaría mi dimisión.

Eso sería muy drástico, porque si luego Begoña Gómez resulta absuelta…

¿Usted cree que una investigación por corrupción y tráfico de influencias es compatible con la Presidencia del Gobierno? ¿Usted cree que esa investigación ha dado lugar a que el presidente del Gobierno haya amenazado con dictar una ley para cercenar la libertad de prensa, haya descalificado a los jueces que están investigando esos actos corruptos y haya descalificado al principal partido de España simplemente por pedir explicaciones?

¿Es normal que el presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación en el Congreso de los Diputados ni ha comparecido para explicar todo esto? ¿Es normal que el presidente del Gobierno de un país democrático no hace una rueda de prensa abierta a los medios para aclarar que todo esto es una tremenda confusión? Si todo esto lo hubiera hecho el presidente del Gobierno, yo no le hubiera dicho lo que le acabo de responder.

Comprendo que puede haber una acusación falsa, insisto, no sé si la esposa del presidente ha cometido actos delictivos. Lo que sí puedo asegurar es que no se ha dado ninguna explicación, cada vez tenemos más información y lo único que se hace es descalificar a los medios, a los jueces y a la oposición. Eso no tiene un pase.

Lo que pone de relieve este caso es la necesidad de regular la figura del consorte. ¿Ha pensado ya en alguna medida? ¿Nos la puede concretar?

El ordenamiento jurídico español, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, es lo suficientemente explícito. El delito de corrupción está penado, el de malversación, también. Y el conflicto de intereses tiene una vertiente administrativa y otra penal. ¿Por qué no ha ocurrido nunca en 47 años de democracia lo que está ocurriendo con la pareja del presidente del Gobierno? Nunca ha habido dudas al respecto con ningún presidente del Gobierno.

Si se quiere mejorar, clarificar, intensificar el ordenamiento jurídico, podemos hacerlo. Pero lo que no conviene en ningún caso concluir es que nuestro ordenamiento jurídico no está claro para distinguir entre lo que es un tráfico de influencias de una persona utilizando su estatus público de lo que es la corrupción, que es utilizar la posición política-institucional para que empresas financien actividades particulares.

Insisto, no sé si habrá o no reproche penal, pero la actitud del presidente es incompatible con la ética política y con la transparencia que exige ser presidente de España.

Hablemos de la amnistía. Su partido ha ganado peso en Bruselas tras las europeas. En los últimos discursos que le he escuchado ante Von der Leyen percibo que ha endurecido su advertencia sobre la situación del Estado de derecho en España. ¿Tiene certezas de que la Comisión se va a pronunciar en contra de la medida de gracia?

Bruselas ha sido durísima con Polonia y Hungría, porque han atentado contra el Estado de derecho y, en consecuencia, contra los tratados de la Unión Europea. Yo he dicho, y sigo diciendo, que la amnistía va en contra de esos tratados. ¿Qué va a hacer la Comisión? Contrastar si esa ley va en contra de los tratados. En mi opinión, sí. Y en opinión de los veintidós eurodiputados de mi partido, también.

Usted ha dicho que no confía en el actual Tribunal Constitucional, pero que aun así presentará un recurso. ¿Qué hará si la sentencia avala la ley?

Hemos conocido una decisión del Supremo de enorme calado, porque mantiene la inhabilitación a los que ya están condenados y mantiene la necesidad de juzgar a los prófugos. Por el delito de malversación. Y considera inconstitucional la amnistía para el delito de desobediencia. Ya es un mensaje del mayor órgano jurisdiccional de la Justicia española.

Cuando decíamos que la ley iba en contra del ordenamiento jurídico español, no estábamos diciendo una boutade.

El líder del PP, durante un momento de la entrevista con EL ESPAÑOL, en su despacho. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

¿Pero si el Constitucional avala la ley?

Claro que yo mantengo una discrepancia con la conformación del Tribunal. ¿Quién no? Acaba de anular sentencias en las que participaron más de 14 jueces en España. Deberían de haberse abstenido varios de sus miembros en el recurso de los ERE.

No es ningún ataque a nivel personal, pero ¿una persona que ha sido alto cargo de la Junta, diputado socialista por Cádiz y ministro de Justicia de Sánchez, puede participar en la sentencia de los ERE? No. ¿Una persona que ha sido directora general en Moncloa puede participar en esa decisión? No. ¿Una persona a la que uno de los presidentes condenados ha otorgado la Medalla de Oro de Andalucía debería haberse abstenido? Sí. ¿Y el presidente del Tribunal Constitucional que se abstuvo cuando estaba de fiscal en el Tribunal Supremo de atender a esa sentencia, no debería abstenerse ahora? Sí.

De los siete que han votado a favor, en mi opinión cuatro tendrían que haberse abstenido. ¡Hombre!

Quizás cabe reprochar al PP que en su momento no pidiera la recusación de esos magistrados.

Eso mismo pregunté yo. Me han confirmado que nosotros no podíamos pedir la recusación ante un recurso de amparo. En todo caso, que el Gobierno pretenda que lleguemos a la conclusión de que lo que se ha hecho en los ERE es algo correcto y lo que se ha hecho en el entorno de Sánchez es algo correcto, si no fuera nuestro país, daría para una broma.

Empecé a escuchar hace tiempo que se iba a revocar la sentencia de los ERE. ¿Cómo es posible? Cambia el Constitucional y, al cabo de unas semanas, se empieza a escuchar un runrún de que va a dejar sin efecto, en buena parte, la sentencia de los ERE. Porque los socialistas andaluces, vista la amnistía de los independentistas, piden una solución para ellos.

Mi opinión es que el presidente del Gobierno lo es por una amnistía a los independentistas y el secretario general del PSOE quiere seguir siéndolo por una amnistía del Tribunal Constitucional. Estamos ante dos amnistías, una a través de una ley y otra a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Sánchez ha amnistiado a Puigdemont con una ley y a los de los ERE con el Constitucional.

¿Usted cree que carecen de legitimidad estas resoluciones?

No tengo la menor duda de que tres o cuatro magistrados deberían de haberse abstenido en esta sentencia. No tengo la menor duda.

¿Pero carecen de legitimidad esas resoluciones?

Creo que están firmadas por siete magistrados, de los cuales tres o cuatro no tendrían que haber participado en el fallo. Esta es mi convicción política y jurídica. A partir de ahí, soy un demócrata. Y la democracia consiste en aceptar los fallos y en justificar la discrepancia sobre el fallo.

Estoy planteando, con hechos objetivos y datos concretos, que un señor que ha sido director general de Justicia de la Junta, diputado y ministro del Gobierno de Sánchez, no puede participar. De la misma forma que tampoco puede hacerlo la que fue directora general de Moncloa hasta hace unos meses, una magistrada que tiene la medalla de Andalucía dada por uno de los presidentes de la Junta condenado y un presidente del Tribunal que antes se abstuvo y debería de haberse abstenido ahora.

Me parece un hecho sin precedentes que cuatro de esos siete magistrados hayan firmado un fallo y hayan dejado sin efecto las sentencias de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. Sería bueno leer bien los votos particulares, son clarificadores. Ningún Tribunal Constitucional se atrevió nunca a hacer esto.

Visto el acuerdo que ha suscrito su partido con el Gobierno, no hay garantías de que se vaya a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Puede prometer que si cuando llegue al Gobierno no hay un nuevo modelo, lo impulsará usted? Antaño, el PP llevó esa propuesta en su programa y no la cumplió.

Es la primera vez en 45 años que la renovación del Poder Judicial se hace después de aprobar una reforma de la ley en la que se exigen incompatibilidades para formar parte del Consejo que antes no existían. Es la primera vez que para ser miembro del Consejo tienes que llevar cinco años fuera de cualquier tipo de cargo político nacional, autonómico o municipal.

Es la primera vez que todos los acuerdos en el CGPJ se tienen que adoptar con mayorías reforzadas. Es la primera vez que se sube la antigüedad para ser magistrado del Tribunal Supremo a veinte años de carrera.

Es la primera vez que se modifican los requisitos para ser fiscal general del Estado y se le aplica la máxima de que no puede tener ningún cargo político antes de ser fiscal general. Hemos avanzado tanto que el Gobierno acepta que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general hubiera sido ilegal con esta ley.

"Al PP le compromete el acuerdo del CGPJ, si el PSOE quiere desdecirse, será su responsabilidad y tendrá que explicarlo"

Lo que usted refiere es otro avance más. El PSOE es la primera vez que acepta que se hable de una mayor participación en la elección directa de jueces y magistrados en el Consejo por parte de la carrera judicial. A tal efecto, lo que pedimos a los jueces es que nos hagan una propuesta.

Es evidente que si le pide a los jueces que hagan una propuesta es porque usted está predispuesto a que esa propuesta le vincule. A mí me vinculará. Si al PSOE no le vincula, será su responsabilidad. Bien vale la pena haber introducido esa disposición en la ley. Al PP le compromete, si el PSOE quiere desdecirse de su palabra, será su responsabilidad y tendrá que explicarlo.

Sigue sin haber una garantía de que se reforme el sistema de elección con el pacto firmado. Por eso le pregunto: si no se lleva a cabo, ¿usted asume el compromiso de reformar la ley? ¿Será una de sus prioridades si llega al Gobierno?

Así es. Nos costó mucho redactar ese párrafo, el Gobierno siempre estuvo remiso a concretar el mandato y conseguimos encargar una propuesta de reforma legal que se basa en los mejores estándares europeos y que después sea verificada por la Unión Europea.

Esto es un antes y un después en la postura del PSOE y lo lógico es que si nosotros somos los que propusimos ese texto, esa reforma la vamos a apoyar en caso de que tengamos mayoría en la Cámara.

Una parte importante de su estrategia desde la oposición consiste en unificar políticas en las Comunidades Autónomas donde gobierna su partido. Esta semana ha presentado una EBAU común, ¿qué será lo siguiente?

España es un distrito único universitario: cualquier joven que aprueba la EBAU puede matricularse en cualquier universidad. Por tanto, si el distrito es único, lo lógico es que la prueba para acceder a la universidad sea común. Es lo que hemos conseguido. El próximo curso habrá una prueba común en 12 comunidades que tendrá lugar el mismo día, la calificación se obtendrá el mismo día y los contenidos y criterios de corrección serán similares.

Eso es profundizar en la igualdad de oportunidades. Se lo hemos ofrecido al Gobierno y a las comunidades socialistas, que son pocas, y parece ser que nos dicen que no, ellos sabrán. Iremos por esa vía en toda España antes o después.

El siguiente planteamiento es que las Reales Academias nos ayuden a hacer contenidos curriculares iguales. Por ejemplo, hemos pedido a la Academia de la Historia que haga una propuesta para los libros de Historia de educación secundaria. Es una buena aproximación hacia esa equidad.

Y más allá de la EBAU, ¿cuál será el próximo campo en el que van a unificar políticas las autonomías del PP?

La facilidad del mercado en España. Que no se estrangule con 17 normativas la posibilidad de hacer actividad económica, comercial y empresarial en el conjunto de España. Es una materia en la que estamos trabajando.

Es decir, que a la hora de montar una empresa, el papeleo, como se dice en términos coloquiales, sea el mismo en una comunidad que en otra.

Correcto. Para que una licencia que se da en una comunidad para una actividad comercial sirva en el resto del territorio. O que los requisitos para hacer una actividad comercial sean iguales o comunes en el conjunto del territorio.

¿El Estado autonómico es una buena fórmula para organizar España? Sin duda. Pero, después de unos años, conviene aplanar las dificultades y disminuir la burocracia y la multiplicidad de legislación que han dictado las asambleas de las comunidades, los decretos del Gobierno y la normativa municipal. Facilitar la inversión en nuestro país es, sin duda, una obligación de cualquier político responsable.

Feijóo, en la madrileña calle Zurbano, posa para EL ESPAÑOL. Javier Carbajal EL ESPAÑOL