La Policía ya no intenta ingresar a los inmigrantes en los CIE ante el rechazo de Argelia a readmitirlos
Las fiscalías de que las fuerzas policiales "han dejado de solicitar autorización para proceder a su internamiento".
18 septiembre, 2024 02:39Las tensas relaciones diplomáticas que arrastran España y Argelia desde el año 2022 han provocado que agentes de la Policía Nacional de diversas comunidades autónomas dejen de solicitar a los juzgados autorización para internar en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a los inmigrantes irregulares llegados a España por vía marítima.
El incremento de las embarcaciones tipo patera no ha cesado en los últimos años y cuando son interceptadas se tramitan los correspondientes acuerdos de devolución por infracción de la Ley de Extranjería. Pero la mayoría de las embarcaciones proceden de Argelia y actualmente están paralizadas las repatriaciones de los ciudadanos argelinos.
Como no están documentados por su país de origen, los agentes no pueden solicitar su internamiento hasta que se completa el expediente administrativo y los países emisores, en este caso Argelia, se niegan a aceptar a sus nacionales de vuelta.
Así lo recoge la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada tras la apertura del Año Judicial 2024-2025 y consultada por EL ESPAÑOL.
Caen los ingresos
En 2023, los fiscales emitieron un total de 2.726 informes sobre internamiento cautelar de extranjeros, una cifra similar a la del año anterior. De ellos, 2.019 fueron favorables y 707 desfavorables a la adopción de esta medida cautelar.
Sin embargo, los fiscales destinados en comunidades que reciben más inmigrantes por vía marítima confirmaron que "durante el año 2023 las medidas de internamiento en los CIE han disminuido", según expone la memoria.
Así, si bien el incremento de embarcaciones de tipo patera llegadas a la costa española no ha parado crecer, "en la medida que todas las embarcaciones proceden de Argelia, y actualmente están paralizadas las repatriaciones de ciudadanos argelinos, las propias fuerzas policiales han dejado de solicitar autorización para proceder a su internamiento en un CIE", manifiesta la Fiscalía.
La advertencia procede de las fiscalías de Valencia, Baleares y Murcia. Esta situación está provocando un bloqueo en las operaciones de retorno de los inmigrantes llegados a las costas españolas en situación irregular y los agentes se han quedado sin herramientas para poder solicitar su internamiento en un CIE, según señalaron fuentes de organizaciones policiales consultadas por este periódico.
"No solo está pasando con Argelia, también con Marruecos o Senegal", añaden. Como son rechazados por sus países, los inmigrantes son abandonados a su suerte cuando consiguen llegar a España porque las propias fuerzas policiales renuncian a pedir su internamiento en un CIE.
Ruta popular
Argelia suspendió en 2022 el acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación, suscrito con España el 8 de octubre de 2002, por el alineamiento de Moncloa con las tesis marroquíes en el contencioso del Sáhara Occidental.
En paralelo, la ruta argelina es cada vez más popular y las autoridades españolas no saben ahora cómo frenarla. Baleares, por ejemplo, ya ha recibido ya los mismos inmigrantes que en todo 2023, una situación que se añade a la presión que sufren otros puntos de España como Ceuta o Canarias.
Según la ONG Acnur, 10.639 personas llegaron por esta ruta en 2023, y unas 8.000 este año hasta finales de agosto. La ruta se despliega al este del mar de Alborán y es transitada principalmente por ciudadanos argelinos.
Las embarcaciones de motor, en su mayoría improvisadas y sobrecargadas, partían en un principio con el objetivo de llegar a la costa almeriense. Pero en los últimos años se han desviado hacia destinos más lejanos y peligrosos como Alicante, Baleares y Valencia, según recoge un informe elaborado este año por el colectivo Caminando Fronteras.
Si bien las aguas atlánticas hacia Canarias son reconocidas como las más letales, la ruta desde Argelia hacia Alicante y el Levante español ocupa el segundo lugar en términos de mortalidad, con 175 muertes en los cinco primeros meses del 2024.
Los principales puntos de salida hacia Murcia son Orán y Mostaganem. Tipasa o Chlef suelen embarcarse hacia Alicante. Y las pateras que parten de la capital Argel o Boumerdès, más al norte, acostumbran intentar llegar a Baleares, según esta organización.
La distancia mínima de la travesía es de unos 160 kilómetros, y suelen tener entre 5 y 6 metros de eslora y dos de manga, con motores de 60 a 140 caballos de potencia.
Las fuerzas policiales destacan la alta peligrosidad de esta ruta, al ser el Mediterráneo un mar cerrado y por la saturación de las embarcaciones (con entre 15 y 20 personas a pesar de que el máximo es 10).
Menores no acompañados
La Fiscalía también ha alertado de que en 2023 se ha apreciado "un notable incremento de los menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles".
En total, fueron localizados 4.865 menores, frente a los 2.375 que llegaron durante el año 2022. En su gran mayoría son del sexo masculino (4.627) y sólo se contabilizaron 238 niñas, siguiendo la tendencia de años anteriores, según el ministerio público.
El mayor número procede de Senegal (1.780) seguido por naturales de Marruecos (1.075), Gambia (657) y Argelia (472).
Igualmente, llegaron a España en patera un total de 923 niños en unión de adultos que afirmaban tener vínculo paterno-materno filial con la persona menor.
En el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre de 2023, figuraban inscritos un total de 12.878 menores no acompañados bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, frente a los 11.417 del año 2022.
Además, los fiscales abrieron un total de 7.422 diligencias preprocesales de determinación de la edad, lo cual supone un importante incremento respecto a las 4.805 tramitadas durante el 2022.
De ellas, 2.436 resultaron ser mayores de edad, 3.231 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran y 1.755 concluyeron "sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias".