Eligio Hernández, fiscal general del Estado con el PSOE: "La única salida para García Ortiz es dimitir"
- El jurista, que ocupó el cargo con Felipe González entre 1992 y 1994, cree que el actual fiscal general ha "vulnerado la apariencia de imparcialidad".
- Más información: El Supremo acuerda investigar al fiscal general García Ortiz por revelar datos reservados del novio de Ayuso
Eligio Hernández (El Pinar, isla de El Hierro, 1947) era militante del PSOE cuando fue elegido fiscal general del Estado por Felipe González en 1992 y lo sigue siendo hoy. Retirado en sus cuarteles de invierno de los libros, las letras y la intelectualidad canaria, todavía conserva el ánimo para entrar en el barro y enmendarle la plana al Gobierno en sus encontronazos con el poder judicial.
En este caso no se trata de ninguna actuación del Ejecutivo, sino de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de investigar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Es la primera vez en Democracia que el líder del Ministerio Fiscal será investigado por la Justicia y Eligio Hernández se ve en disposición de reaccionar.
"En mi opinión, la única salida que tiene el fiscal general del Estado es dimitir. No sólo por el daño que está haciendo a la carrera judicial, sino por no ocasionar más perjuicios a la imagen de la Justicia", sostiene al teléfono con EL ESPAÑOL.
El exfiscal, antecesor en el cargo de García Ortiz entre 1992 y 1994, dice haberse leído detenidamente el auto de la Sala Penal del Supremo y haber visto "pocas resoluciones judiciales con tanto rigor jurídico, de forma que no quepa ninguna duda de que existen indicios para poder investigar".
Las querellas por las que se inició la investigación se centraban en la publicación de una nota difundida a los medios por parte de la Fiscalía General del Estado. En ella aclaraban que no había sido el fiscal, sino la pareja de Ayuso quien buscaba un pacto con la Justicia, a cambio de reconocer dos delitos fiscales por los que estaba siendo investigado.
Ahora, la Sala Penal del TS resta importancia a esa nota informativa. Pero sí aprecia indicios para seguir investigando en la filtración de dos correos electrónicos entre el fiscal y el abogado de Alberto González en los que se estaba negociando un acuerdo con la Justicia. Por tanto, García Ortiz se enfrenta a un caso por presunto delito de revelación de secretos.
Según Eligio Hernández, el auto de la sala del Supremo va más allá de las querellas, presentadas por la Fundación Foro Libertad y Alternativa y la organización Manos Limpias, acostumbradas a presentar denuncias contra el Gobierno que en muchos casos terminan archivándose.
Por eso, agrega Hernández, obviar el razonamiento del TS se entendería como una "crítica a su Sala Segunda [de lo Penal], lo que no le corresponde al fiscal en este momento".
García Ortiz, sin embargo, ha señalado que continuar en el cargo "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". Una decisión para la que cuenta con el "total respaldo" del Gobierno.
Quien fuera fiscal general del Estado con Felipe González considera que "cada minuto que tarda en dimitir está perjudicando a la Justicia en general".
Falta de imparcialidad
Antes que fiscal, Eligio Hernández fue delegado del Gobierno en Canarias y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designado por el Senado. Después de dejar el ministerio público volvió a la política para ser elegido diputado al Parlamento de Canarias por el PSOE.
Su relación con el poder político nunca estuvo en duda. Tanto es así que el Tribunal Supremo declaró ilegal su nombramiento como fiscal general del Estado —después de cesar en el puesto— al no haber desempeñado como jurista el tiempo suficiente que exige un cargo como éste. Aunque él siempre ha insistido en que su relación con el Ejecutivo no estuvo viciada.
"Lo he repetido desde hace más de 30 años y lo sigo diciendo: Felipe González tuvo conmigo un respeto escrupuloso. Jamás me dio una instrucción, ni verbal ni por escrito, ni me transmitió ninguna voluntad que lesionara el principio de imparcialidad del ministerio fiscal".
Algo que con García Ortiz no cree que ocurra. "Ahora hay motivos para pensar que la apariencia de imparcialidad ética se ha vulnerado, porque el fiscal general del Estado ha adoptado posiciones u opiniones muy conocidas en contra de la Junta de Fiscales".
Hernández se refiere a choques como los que García Ortiz —partidario de amnistiar de todos los delitos a los líderes independentistas del procés— mantuvo con un grupo de fiscales que se opusieron a acatar sus órdenes, al dejar fuera delitos como la malversación.
García Ortiz también era contrario a que el Supremo investigara por terrorismo la causa de Tsunami Democràtic, desoyendo a la cúpula fiscal. Aunque el caso finalmente se archivó en el TS después de que la Audiencia Nacional hiciera lo propio por un error en las fechas para continuar con la investigación.
Eligio Hernández cree que "el control político del Ministerio Fiscal actualmente no es posible, porque los tribunales a quien van a hacer caso es a la Junta de Fiscales". Pero sí propone que su nombramiento no dependa del Gobierno, sino que sea "independiente, como los jueces".
"Nos evitaríamos muchos problemas —advierte— al eliminar esa sospecha de falta de imparcialidad", que, según él, recae ahora sobre Álvaro García Ortiz.