El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este viernes en Valencia.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este viernes en Valencia. Efe/Ministerio del Interior

España la dana del siglo

"El Gobierno no puede mirar a otro lado": un informe del PP concluye que Sánchez debió declarar la Emergencia Nacional

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Un informe elaborado por el PP indica que el Gobierno debería haber aprobado la declaración de Emergencia de Interés Nacional, para coordinar todos los medios de ayuda, en la misma noche del martes, cuando ya era evidente que los efectos catastróficos de la DANA afectaban a tres comunidades autónomas.

"El Gobierno de España no puede mirar para otro lado, sin asumir su parte de responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a realizar", indica el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Esta catástrofe", concluye, "es una Emergencia de Interés Nacional, en la que la dirección corresponde al ministro del Interior y la dirección operativa al teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Así debería haberla declarado el Gobierno de España en la tarde noche del martes 29 de octubre, una vez comprobado el impacto de la DANA".

De hecho, el Ejecutivo central barajó esta opción durante el gabinete de crisis celebrado en la Moncloa rozando la medianoche del martes. Pero finalmente la descartó porque habría supuesto arrebatar el mando único al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el Gobierno se escuda en que Pedro Sánchez telefoneó a Mazón desde la India el martes por la tarde, y este le dijo que por el momento no era necesaria la ayuda material y humana de la Administración central.

Luego el presidente de la Generalitat "arrastró los pies" durante 48 horas —añade el Gobierno—, hasta solicitar el jueves por la tarde la presencia del Ejército, mientras seguía elevándose la cifra de muertos.

Sin embargo, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil aprobada en la etapa de Rajoy habilitaba al Gobierno para declarar la Emergencia Nacional, con el fin de asumir el mando único y coordinar todos los medios de ayuda, en vista de la gravedad de los acontecimientos.

El artículo 28.2 de la citada norma establece los tres supuestos en los que el Gobierno puede aprobar esta declaración: cuando estén en vigor los estados de alarma, excepción o sitio; ante catástrofes en las que "sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico" y, por último, las que "por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional".

Dos de estas circunstancias se dan en la DANA registrada el martes. En primer lugar, las lluvias torrenciales y el posterior desbordamiento de los cauces de los ríos han provocado muertes en tres comunidades autónomas: fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, pero también en Castilla-La Mancha y en Andalucía.

Y en segundo lugar, la catástrofe es de tales dimensiones que los servicios públicos de la región se han visto completamente desbordados y ha sido precisa la intervención del Ejército: ya son más de 200 los fallecidos, con cientos de desaparecidos y poblaciones enteras que siguen sin agua y luz desde hace cuatro días.

Así lo reconoció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado miércoles: "Lo que estamos viendo es devastador: pueblos enteros cubiertos de barro, gente buscando refugio en árboles y coches arrastrados por la furia de las aguas. Decenas de personas han perdido su vida y miles están desplazados".

Es decir, justo cuando comenzaban a contabilizarse los muertos causados con la DANA, la Comisión Europea no dudó que España precisa ayuda de la UE para paliar los efectos de la catástrofe, pero el Gobierno evita declarar la Emergencia Nacional para asumir la coordinación de todos los medios.

Según la citada Ley del Servicio Nacional de Protección Civil, corresponde al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aprobar la declaración de "Emergencia de Interés Nacional", "bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas".

Por tanto, no es preciso que ninguna de las comunidades autónomas afectadas soliciten formalmente la declaración al Gobierno, aunque sí deben ser informadas previamente de esta decisión, señala el artículo 29 de la citada norma.

La declaración también puede aprobarse por iniciativa del ministro, o a petición del delegado del Gobierno de la zona afectada. En este caso, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, participó en todas las reuniones del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la región, en la que se evaluaron los riesgos a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Una vez aprobada la declaración, el ministro del Interior debe asumir el mando único para hacer frente a la tragedia, es decir, "la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado".

Por su parte, el mando operativo correspondería al jefe de la UME, el general de división del Ejército de Tierra Francisco Javier Marcos Rodríguez.

Tras la primera fase de la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2020 a propuesta de Marlaska el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), que desarrolla la citada ley y establece los mecanismos de movilización de recursos y el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones.

Según este Plan, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) —que depende del Ministerio del Interior— debe funcionar "ordinariamente en modo de alerta y seguimiento permanente, en conexión, igualmente permanente, con los Centros de Emergencias de las Comunidades y Ciudades Autónomas (...), con el objeto de recibir y transmitir avisos, alertas y cualesquiera otras informaciones relevantes para la detección de posibles situaciones de riesgos de protección civil, así como la valoración de las mismas, la difusión que proceda y el apoyo a los órganos de dirección y gestión de las mismas".

El Ministerio de Transición Ecológica ha reprochado a la Generalitat Valenciana que no evaluara adecuadamente el riesgo que planteaban el martes las informaciones difundidas por la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Sin embargo, de acuerdo con el Plan impulsado por Marlaska, el propio Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de su Ministerio debía haber evaluado estos riesgos para advertir a la Generalitat Valenciana. También tenía potestad para lanzar alertas a la población. Pero no lo hizo.

Tras la petición de ayuda lanzada el jueves por Carlos Mazón, ya son más de 2.000 los efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la Comunidad Valenciana, con presencia de los tres Ejércitos: el de Aire (Zapadores y Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo), la Armada (Tercio de la Armada) y Tierra (Regimiento de Transmisiones n° 21, Regimiento de Operaciones de Información, Regimiento de Caballería Lusitania n° 8 de Paracaidistas y Regimiento Zaragoza n° 5 de Paracaidistas), informa Brais Cedeira.

Sin embargo, los medios aportados han resultado hasta ahora insuficientes. "Nos tienen olvidados", denunciaba este jueves el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, "no hemos visto un camión de bomberos, ni a la Guardia Civil, ni a la UME en días. Aquí no viene nadie".

"Hay gente que está conviviendo con cadáveres en sus casas, es muy triste. No hemos visto un solo vehículo de emergencias de ninguna institución, sólo tenemos a la Policía Local y una patrulla de la Policía Autonómica", lamentó el regidor en su dramático llamamiento.

Vecinos de poblaciones como Paiporta llevan desde el martes por la noche sin agua y sin luz, en algunos casos velando cadáveres en el interior de sus casas a la espera de que lleguen los servicios de emergencias para retirarlos.

Permanecen encerrados en casa de noche, a oscuras, por miedo a los saqueos que se suceden en los comercios y viviendas. En la mayoría de los casos, los agentes de las Policías Locales se encuentran completamente desbordados para hacer frente a los saqueos.

Mientas tanto, y a la espera de que llegue la ayuda, cientos de jóvenes de estas poblaciones caminan durante horas hasta Valencia, para poder llevar a casa agua y un poco de comida.