Los jueces, ante la denuncia de Sánchez de que actúan en connivencia con el PP: "Es falso. Nos usa de chivo expiatorio"

Durante un encuentro informal con periodistas en la Moncloa, Sánchez sugirió que PP cuenta con información privilegiada que le permite "jugar con las cartas marcadas" en los juzgados y tribunales. Ese comentario ha revuelto el mundo de la Justicia.

Sánchez pronunció esas insinuaciones después de que Alberto Núñez Feijóo le augurase un calvario judicial las próximas semanas. El líder del PP le recordó que este mismo jueves está citado a declarar en el Supremo José Luis Ábalos por el caso Koldo, que el día 18 acudirá a Plaza de Castilla como investigada Begoña Gómez, y que en enero hará lo propio David Sánchez ante un juez de Badajoz.

Diputación de Badajoz

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Las palabras de Sánchez también aludían a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. "Cuando les escucho, tengo la sensación de que la oposición juega con las cartas marcadas y eso me preocupa", indicó Sánchez.

"Aunque se limita a sugerir, sin decirlo a las claras, esas declaraciones, por venir de quien vienen, son muy graves", señala a EL ESPAÑOL Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), que compara las palabras de Sánchez con el "discurso populista" del presidente de los Estados Unidos.

"Es lo que ya le hemos escuchado a, entre otros, Donald Trump, y es muy grave, porque son acusaciones veladas que no se sostienen más que en el puro interés personal o partidista, sin ninguna prueba de ello", añade.

Tanto Portillo como Barco insisten en que los jueces instructores de las causas mencionadas "hacen su trabajo": investigar unos hechos que han sido denunciados y que podrían constituir delitos. "Donde no hay delito, se acabará archivando y donde haya, se abrirá juicio oral y habrá que esperar a que se celebre", insiste el presidente de FJI.

"Calculadas insinuaciones"

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), alerta de "las calculadas insinuaciones para desprestigiar al Poder Judicial que realiza el presidente del Gobierno".

"Este tipo de comentarios, especialmente cuando provienen del máximo representante del Poder Ejecutivo, socavan de forma muy grave la confianza de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces, que cumplimos con nuestra función constitucional", advierte en conversación con este periódico.

"Este proceso de deslegitimación de las instituciones nos lleva a una erosión progresiva del Estado de derecho y, en última instancia, existe el riesgo de convertirnos en un Estado fallido, incapaz de garantizar la justicia y la estabilidad social", señala.

"Atacar a los jueces parece la solución a sus problemas, pero los jueces no somos el problema", insiste María Jesús del Barco (APM), presidenta de la asociación judicial mayoritaria.

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A preguntas de EL ESPAÑOL, responde que Sánchez ha utilizado al Poder Judicial como su "chivo expiatorio", pese a que, "cuando los hechos denunciados revisten caracteres de delito, los jueces tienen la obligación de investigarlos".

"Y todo ello, aun cuando los presuntos autores de esos hechos delictivos sean miembros del Gobierno, miembros del PSOE o del círculo cercano del presidente", recalca. De hecho, de negarse a ello, los instructores podrían cometer un delito de prevaricación: tomar una decisión administrativa a sabiendas de que es injusta, arbitraria o contraria a su función pública.

El fiscal general del Estado

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, un total de 29 magistrados —11 de ellos del Tribunal Supremo— han respaldado hasta ahora los cuatro procesos penales que afectan a cargos próximos o familiares de Sánchez.

Además de su mujer, de su hermano y de Ábalos, se incluye en ese grupo la investigación contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Contra él se querelló, por un posible delito de revelación de secretos, el empresario Alberto González Amador, novio de Ayuso. Y dicha instrucción está en manos del Supremo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ahora bien, un dato relevante es que entre esos 29 magistrados varios de ellos tienen sensibilidad progresista. Por ejemplo, Leopoldo Puente, designado (por turno) para instruir la causa contra el exministro Ábalos.

"El funcionamiento normal de las instituciones incluye que los jueces puedan hacer su labor constitucional sin presiones, más o menos veladas, del presidente del Gobierno", insiste Fernando Portillo. "Y dejar caer que los jueces que están investigando al fiscal general del Estado que él nombró y al entorno de su partido y su Gobierno lo hacen por estar en connivencia con el partido de la oposición es el discurso populista que ya hemos escuchado a Trump", añade el presidente de Foro Judicial Independiente.

Portillo acusa a Sánchez de colocar su "interés personal o partidista por encima del interés general del país por el que debe velar y que le obliga a ser muy respetuoso con el Poder Judicial y no arrojar dudas sobre su independencia ni sobre su actuación".

"Los jueces investigamos con sujeción a la ley, con respeto a los principios constitucionales y sabiendo que nadie es impune ni está por encima de la ley", finaliza María Jesús del Barco. "Nadie, sea quien sea y cualquiera que sea su cargo, es impune ni debe serlo, pues la ley es igual para todos", concluye la presidenta de la APM, antes de lamentar "escuchar unas manifestaciones como éstas, pero que, desde luego, no definen a los jueces de este país".

El PP y el 'caso Koldo'

EL ESPAÑOL también ha tratado de recabar una valoración de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), la asociación considerada progresista dentro de la judicatura y la tercera en número de socios. Un portavoz de la misma ha declinado ofrecer declaraciones por el momento.

Las polémicas palabras de Sánchez, pronunciadas este miércoles, se producían tan sólo unas horas después de que el instructor de la causa contra Ábalos en el Supremo, Leopoldo Puente, unificara a todas las acusaciones populares bajo la dirección letrada del PP. El motivo de esta decisión no es otro que fue el Partido Popular el primero que se personó en dicha causa.

Además, este lunes, Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la rama del caso Koldo que no afecta a Ábalos, citó a las acusaciones populares y les planteó también la posibilidad de agruparlas.

Fuentes presentes en dicho acto relatan a EL ESPAÑOL las evidentes discrepancias entre el abogado del PP y el del PSOE, que se tradujeron en un enfrentamiento verbal entre ambos letrados. El PSOE ha sido el último en personarse en la rama que investiga la Audiencia Nacional de dicha causa. Aún no lo ha hecho en el Supremo.