A última hora del sábado 24 de junio de 2017 una masa de fuego avanzaba con virulencia desde el paraje de La Peñuelas, en Moguer (Huelva) hacia el Parque Nacional de Doñana, el humedal más importante de Europa. Las llamas alcanzaron los 20 metros.
Tres años después la investigación judicial sigue sin concluir. Un caso muy grande -más de 3.000 folios conforman la causa- para un juzgado de pueblo con poco personal al que se le ha atragantado. Varias veces ha cambiado de juez instructor el número 2 de Moguer.
El fuego lo arrasó todo a su paso durante los once días. Se vieron afectadas más de 10.000 hectáreas de una vegetación de gran riqueza medioambiental -más del 80% es suelo protegido-, cables y líneas de alta tensión, 18 establecimientos turísticos y 50 hectáreas de cultivos de invernaderos. El más dañado fue el camping Doñana, que quedó asolado.
Además desaparecieron efectos personales de los más de 300 afectados, que tres años después siguen igual. Sin sus pertenencias y sin haber cobrado ninguna indemnización.
El grueso de las acusaciones particulares lo conforman quienes perdieron sus pertenencias en el citado camping, pero también están las administraciones, Junta de Andalucía y el Estado, como perjudicadas. Esto supone el principal escollo -también su localización y la tasación de sus bienes- para la agilización del caso, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales. En 2018 se hablaba de 2020 para la celebración del juicio. Ya no se atreven a poner fecha.
Los afectados
Uno de los damnificados es Ángel Ruiz. El fuego quemó la techumbre de la casa que heredó de su familia, a pie de playa en Mazagón, una de las más antiguas de la zona con los techos de viga de madera. En ella vivía todo el año con su mujer, su cuñada y con su hija, que tenía ocho años y que tuvo problemas psicológicos tras la experiencia. Ahora viven en un piso, también de su propiedad, que antes tenían alquilado, pero echan de menos su casa.
"El juzgado me ha peritado el arreglo de la vivienda en 200.000 euros, pero ahora tengo una casa sin techo en la que no podemos vivir y así llevamos tres años", remarca Ruiz en conversación con EL ESPAÑOL. También expresa su temor a la hora de cobrar. "La carbonera implicada se ha declarado insolvente y el consorcio de seguros no cubre los incendios".
Recuerda aquella noche con pavor. "Desde mi casa veía las llamas y fui uno de los primeros en llamar a la Guardia Civil. Salimos corriendo con lo puesto, nos montamos en el coche y nos fuimos en dirección a Huelva. Fue una pesadilla".
De igual forma, lamenta "la inacción" de la Junta y ha pedido una reunión con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, para abordar su situación. "No hemos conseguido ningún tipo de ayuda ni de adelanto y esto no es justo", señala.
Todo a favor
Desde las primeras chispas, el fuego lo tuvo todo a favor, una vegetación frondosa que prender, 42 grados de temperatura, la oscuridad de la noche y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.
Tal día como hoy, 25 de junio, hace tres años, el núcleo costero de Mazagón amaneció gris y con 2.000 vecinos desalojados, aunque el potencial de personas en peligro ascendían a los 130.000. El puesto de mando avanzado, instalado en el polígono Los Pinos, era un hervidero.
Se trasladaron casi 60 militares de la Unidad de Emergencia (UME) y los entonces ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, y Trabajo, la onubense Fátima Báñez, se trasladaron a la zona en helicóptero.
Por la expresión de la que era presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se podían adivinar los peores presagios. El calor era abrasador, el fuego se sentía muy cercano, el humo se veía cambiante sobre las nubes y millones de mosquitos se dieron un festín a costa de los allí presentes.
700 efectivos a pie y en medios aéreos trabajaron duro durante esos once días para extinguir el fuego que sólo causó un fallecimiento. Murió Homer, una hembra de lince que se encontraba en el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche. No aguantó la presión que le supuso el traslado.
Tres investigados
El juzgado investiga a la empresa Carbones Fergón y tres personas están bajo su foco: el administrador, el encargado y el jefe de mantenimiento. Si la Fiscalía tipificara los hechos como un delito por incendio imprudente y no intencionado, la pena máxima sería de tres años de cárcel, pero las indemnizaciones podrían ser cuantiosas.
Todo apunta a que fue una negligencia. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) de la Junta realizó un informe donde se recoge que el origen del fuego pudo estar en el contacto de algunas partículas de carbón vegetal, producidas horas antes del incendio. Éstas se convirtieron en ascuas por el viento que las transportó hasta la vegetación.
En el citado informe, la BIFF concluía que la empresa no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para minimizar y evitar cualquier situación de riesgo. Además no cumplía con algunas condiciones que la Consejería solicita en la autorización de su actividad.
De igual manera, el juzgado sostiene que aquel día hubo un momento en el que la fábrica se quedó sola, cuando en la referida autorización hace mención a una vigilancia permanente. La compañía solo tenía tres hornos autorizados cuando en realidad existían doce, los dos últimos construidos el mismo año, 2017. Además, el plan de autoprotección de la empresa contra incendios, que se autorizó diez años antes no había sido modificado a pesar de haberse ampliado la actividad.
Casi 100 millones
La Junta de Andalucía amplió los gastos de daños y extinción a 96,1 millones de euros, una cantidad que un principio se cifró en 73,2. En los primeros meses tras el incendio el Gobierno andaluz invirtió unos 720.000 euros en obras de emergencia, complementadas con las actuaciones financiadas por el entonces Ministerio de Transición Ecológica, a las que se destinó un millón de euros.
En primer lugar, se desarrollaron tareas vinculadas a la seguridad de las personas y, posteriormente, otras centradas en el freno de la erosión y la protección de árboles vulnerables.
No obstante, las actuaciones previstas comenzaron más de un año después porque los expertos recomendaron esperar a que la naturaleza actuara por sí sola. Las principales variedades vegetales plantadas han sido autóctonas con la idea de crear un mosaico natural con más garantía de resistencia al fuego. Este mismo año la Junta licitará un nuevo proyecto de restauración con un presupuesto que asciende a 3,19 millones de euros. En concreto, se actuará sobre 2.218 hectáreas.
Con este quinto proyecto de restauración, en total, la inversión destinada asciende a casi 7,8 millones. Cuando finalice, se habrán empleado casi 1,1 millones de plantas y se habrá actuado en más de 6.000 hectáreas, el 61 por ciento de los terrenos de titularidad pública afectado por el fuego.
Para su restauración la respuesta de la ciudadanía fue masiva desde el primer momento. De hecho, durante estos tres años se han conformado varios grupos de voluntarios que han trabajado en la zona en distintas campañas acompañados de monitores especializados.
Un enclave único
Se trata de un enclave único y exclusivo por su poder medioambiental y religioso, se encuentra allí la ermita de la Virgen del Rocío. Tanto que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa en el Palacio de Marismillas, en pleno parque natural, parte de sus vacaciones junto a su familia.
En verano de 2018 tuvo una invitada muy especial. Sánchez invitó a la canciller Angela Merkel a pasar unos días de vacaciones en la intimidad para poner rumbo a las políticas de la Unión Europea.
Pero guarda más cosas Doñana. Alfonso XIII y Francisco Franco iban a cazar cuando era coto privado, el presidente socialista Felipe González cultivó allí la amistad con el alemán Helmut Kohl.
También el presidente José María Aznar pasó en Doñana la Semana Santa de 1998 con el laborista británico Tony Blair y las familias al completo. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy también han pasado sus vacaciones en este humeda. Si sus marismas hablaran, podrían contar mucho.