La Junta de Andalucía se ha personado como acusación en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos por la ayuda de casi seis millones de euros a una empresa cárnica de Jaén.
Se trata de la sociedad Hijos de Andrés Molina (Hamsa), después denominada Campocarne y Primayor, a la que el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) concedió este préstamo 'puente' en 1999. Esta ayuda está considerada como el primer caso de los que conforman las 122 piezas separadas de los ERE.
En concreto, el juez investiga al expresidente de la Junta Manuel Chaves, al exconsejero socialista Gaspar Zarrías, ambos condenados en la pieza política del caso ERE, y contra otras 13 personas, entre los que figuran ocho ex altos cargos de la Administración andaluza.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha hecho este anuncio en su intervención en el Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Vox. Todo ello después de que el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla haya desestimado la solicitud de sobreseimiento promovida por la defensa de Gaspar Zarrías en dicha pieza.
"Nuestra obligación es defender los intereses de los andaluces", ha señalado Bendodo. La Junta de Andalucía ha aportado al juzgado "una información trascendente que el anterior Gobierno socialista había ocultado" y que "apareció en armarios acorazados" descubiertos por el actual Ejecutivo.
Los indicios
Bendodo ha hecho alusión además al auto del juez, en el que se desprende que hay elementos objetivos para investigar las circunstancias en la que se concedió este préstamo de seis millones de euros, así como "otras posibles irregularidades que se cometieron en su momento".
En este sentido, ha dejado claro que "no se trata de un caso de 1999, sino que hay cuestiones, como la no reclamación del crédito de ese dinero de todos los andaluces, que se remontan hasta 2007 y 2008".
Por ello, ha criticado que el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz, que dejó la presidencia a principios de 2019, "tampoco hizo nada por investigar este asunto". Por tanto, considera que serán los tribunales los que decidan el recorrido que tiene este caso, pero es "evidente que hay indicios para investigarlo".
El Gobierno andaluz va a colaborar en lo que "esté en su mano" en esclarecer este asunto. "Es nuestra obligación defender el dinero malgastado por el socialismo durante muchos años", que "ha ocasionado parte del empobrecimiento de esta tierra".
"Tiempos oscuros"
El consejero portavoz ha hecho hincapié en que el Gobierno de PP-A y Cs podrá tener diferencias con Vox, pero todos comparten "la necesidad clara de que Andalucía no regrese nunca más a esos tiempos oscuros y de impunidad en los que ha estado casi 40 años".
Por su parte, el diputado de Vox Rodrigo Alonso se ha congratulado tras este anuncio "por coherencia y por respeto a los ciudadanos" y ha recordado que en el Parlamento andaluz se aprobó una proposición no de ley en la que se establecía que el Consejo de Gobierno debía personarse en todos aquellos asuntos que hubiesen supuesto un desfalco del erario publico.
El diputado de Vox ha indicado que quienes "han tenido la osadía de desviar ese dinero a fines clientelares y contrarios a los intereses generales de los andaluces deben ser condenados también socialmente", al margen de lo que dictamine la justicia. "La tela de araña andaluza de la corrupción del PSOE merece ser castigada", ha concluido.