Una vez se conoció la sentencia del caso ERE, la Junta de Andalucía -ahora en manos de PP y Ciudadanos- ordenó a su gabinete jurídico una investigación: "¿Podemos recuperar el dinero?". Según explican fuentes del Ejecutivo andaluz a este diario, el pronóstico "es muy malo" y conseguir que la Justicia ordene el reintegro "será muy difícil". Para más inri, a tenor de las resoluciones de los juzgados sevillanos y del Tribunal Superior de Justicia andaluz -TSJA-, las arcas públicas deberán pagar a los abogados de los condenados. Un montante que dependerá, en gran medida, del sueldo que reclamen los letrados. "Serán cientos de miles de euros", lamentan en el gobierno autonómico.
La sentencia, de 1.821 folios, cifra en 680 millones de euros el fraude cometido por los dirigentes del PSOE-A. Juanma Moreno Bonilla -presidente- y Juan Marín -vicepresidente- trabajan a contrarreloj para "encontrar resquicios" que determinen la devolución. "Pero no somos nada optimistas", reseña un portavoz de este Ejecutivo. ¿Por qué? "Tiene que ver con Susana Díaz".
En un primer momento, la Junta de Andalucía se personó en el caso como acusación particular. Corría 2016. La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitó que Chaves, Griñán y compañía -en caso de ser condenados- se vieran obligados a reintegrar los cientos de millones hurtados. No obstante, un mes después, la entonces presidenta, Susana Díaz, ordenó la retirada de la Junta como acusación particular y, automáticamente, quedó anulada esa petición de la Fiscalía. Así lo establecen las normas. "Esa fue la clave, nos ha dejado con muy pocas posibilidades", aducen las fuentes consultadas.
Ahora, según explican desde el Gobierno andaluz, tan sólo resta la opción de abrir un proceso por vía civil: "Vamos a ver qué se puede hacer, pero eso tardaría muchísimo tiempo, quizá años, y los condenados podrían declararse insolventes para no afrontar el pago. Con el gesto de Díaz, perdimos nuestro derecho más importante".
¿Qué pasa con los abogados?
Los altos cargos de la Junta, explican desde el Gobierno andaluz actual, tenían derecho, porque así lo establece la ley, a que el erario público sufragara sus defensas. Hasta que la propia Junta se personó como acusación particular. En ese momento, los ahora condenados debieron recurrir al sector privado porque la Junta no podía ser al mismo tiempo acusación y defensa.
Y, entonces, ¿quién paga? PP y Ciudadanos, desde su llegada al poder, se han negado sistemáticamente a sufragar los letrados de los dirigentes del PSOE-A. Pero los juzgados sevillanos -vía contencioso administrativo- y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han dictaminado que ese derecho es irreversible y que la Junta debe remunerar a los abogados de los corruptos.
"No estamos hablando de un caso normal... Viajes, dietas, trenes, muchísimas horas... Va a costar un dineral a todos los andaluces", narra un miembro del Ejecutivo autonómico.
Ya en enero, hasta veinte altos cargos imputados exigieron ese pago a la Junta. En un primer momento, los gobernantes regionales intentaron que el importe máximo fuera de 18.000 euros -el mismo importe que limita los contratos públicos de menor carácter-. Una forma de limitar el gasto. Pero los tribunales fueron claros: "Eso vulneraría el derecho a la defensa".
Por tanto, dibujan desde la Junta de Andalucía, el camino hacia la recuperación del dinero defraudado es "muy farragoso" y brinda "pocas posibilidades". Mientras, el sendero que conduce al pago de los abogados de los condenados es llano y sin baches.