El TC levanta las suspensiones del decreto andaluz anti burocracia recurrido por el Gobierno

El pleno Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes, por unanimidad, levantar la suspensión de varios artículos del decreto estrella de la Junta de Andalucía. Con su puesta en marcha el Gobierno andaluz modificaba o derogaba parcialmente una veintena de leyes y eliminaba más de 200 trámites burocráticos que afectan a toda la actividad económica andaluza, pero el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos consideró que vulneraba sus competencias.

Ante esta situación, el pasado mes de abril el Ejecutivo central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la norma regional. En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se mostró en contra de una serie de cambios introducidos en la ley del Audiovisual de Andalucía para permitir que empresas privadas pudieran gestionar las emisoras de televisión y radio de los ayuntamientos. También contra la reducción de los trámites para hacer obras en el entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC).

En un auto fechado en Madrid el pasado 9 de septiembre, el pleno del TC razona respecto a este último artículo que el Gobierno "no sólo no ha demostrado que la eficacia de la norma andaluza pueda originar daños irreparables al patrimonio histórico". Sino que también señala a continuación que "ni siquiera ha argumentado suficientemente qué perjuicios le puede ocasionar al interés general o particular digno de protección".

Desde el TC explican que su propia jurisprudencia recuerda que "el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que demuestre o, al menos, razone consistentemente su procedencia y su imposible o difícil reparación".

Presunción de constitucionalidad

Alega al respecto que "debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto del conflicto".

Sobre el primero de los artículos, el Tribunal también explica que la "genérica alegación" sobre los perjuicios que ocasionaría la eficacia del apartado 6 del artículo 28 a los intereses particulares --sobre la gestión de las televisiones y radio municipales-- "no es suficiente a efectos de considerar argumentados la existencia de los daños invocados". Aplica tal precepto al resto de apartados.

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, se ha pronunciado al respecto. Asegura que "esto demuestra, una vez más, "el interés del PSOE por torpedear todo" lo que pone en marcha el Gobierno andaluz.

El "boicot" del PSOE

De hecho, ha recordado que "el PSOE está tratando de boicotear la vuelta a las aulas, las tarjetas monedero para familias, la mejora de la atención primaria y también la eliminación de las trabas y más trabas burocráticas que existen en Andalucía para atraer inversión".

"Pues que el PSOE tenga claro que no lo va a conseguir", ha subrayado Bendodo. A su juicio el Gobierno de España "debe ser leal y no seguirle al juego a su partido", el cual es "el PSOE de la oposición por destrucción".

Se trata del primer paso que ha dado el TC al respecto. No obstante, el pasado mes de junio el PSOE andaluz presentó un recurso a este mismo tribunal "contra el fondo y la forma" de este decreto. Lo hizo de la mano de 50 senadores al considerar que constituye "un fraude normativo y parlamentario, un fraude jurídico y político".