La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado una segunda denuncia contra el Gobierno andaluz relativa a la contratación urgente de 159 funcionarios interinos en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19. La misma excluía a embarazadas o en periodo de lactancia y a mayores de 60 años, motivo por el que la coordinadora andaluza de Mareas Blancas acudió a los juzgados.

Aquella denuncia iba dirigida contra el consejero de Presidencia, Elías Bendodo; la secretaria general para la Administración Pública, Vielba Gómez, y la directora general para la Administración Pública, Natalia Silva.

Mareas Blancas -plataforma para la "defensa de la sanidad pública"- les atribuía un delito de prevaricación de autoridad o funcionario público por estas contrataciones realizadas el pasado mes de julio "en ausencia de publicidad, mérito o capacidad".

El Ministerio Fiscal sostiene en su decreto de sobreseimiento, consultado por EL ESPAÑOL, que esta contratación "en ningún caso es irracional o arbitraria, esencia del delito de prevaricación".

Si excluía de la convocatoria a determinados colectivos, agrega la Fiscalía, fue con la finalidad de preservar su integridad y su derecho a la salud ante la pandemia. Por tanto, señala que los hechos denunciados no tienen relevancia penal ni revisten los caracteres del delito denunciado.

Circunstancias excepcionales

La Fiscalía andaluza se basa en que la Administración autonómica y las personas responsables denunciadas justificaron la convocatoria en circunstancias "excepcionales o extraordinarias" en el seno del marco de la emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19.

Así, sostiene que si excluía de la convocatoria a determinados colectivos fue con la finalidad de preservar su integridad y derecho a la salud ante la pandemia.

La contratación, concluye el Ministerio Público, encuentra acomodo legal en el decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra la evolución del coronavirus.

Este decreto permite tal convocatoria por el procedimiento de emergencia que facilita la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal con la mayor agilidad.

La Fiscalía Superior de Andalucía ya archivó recientemente, por los mismos motivos, una denuncia similar presentada por el sindicato CGT contra la Junta. Esta vez fue a raíz de otro proceso de selección de personal interino y laboral temporal en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19. Ahí estaban incluidos los 3.000 vigilantes de playa.

En concreto, este sindicato denunció el pasado mes de agosto a los responsables de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación en el referido proceso selectivo. La denuncia fue formulada por los mismos motivos.

Noticias relacionadas