Uno de los exdirectivos de la empresa malagueña de Isofotón, que está siendo investigado por la concesión de casi 38 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, asegura que su empresa, el grupo Affirma, es una de las damnificadas tras comprar la fotovoltaica malagueña. Su fin fue el cierre y el despido de cientos de trabajadores. "Aquello me costó más de 20 millones de euros".
En declaraciones a los periodistas, tras declarar en un juzgado de Sevilla durante dos horas, Ángel Luis S.S. ha explicado a la jueza que él no se enriqueció con las ayudas que concedió la Junta a la empresa cuando él estuvo al frente de la misma, sino que fue todo a parar a los trabajadores. "Pagamos 100 millones de euros al personal en tres años".
El montante total de estas ayudas asciende a 80 millones de euros entre los años 2005 y 2012, a través de avales e incentivos directos a fondo perdido, cuando gobernaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos están condenados por el caso ERE por la Audiencia de Sevilla. El empresario asegura que ni olió ese dinero.
Los investigados en la causa ascienden a 40 personas, 37 de ellos exresponsables y ex altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos exconsejeros, exviceconsejeros en materia de Economía y un sobrino de Felipe González.
La compañía fue fundada en Málaga en 1981, adquirida en 1997 por el grupo Berge Solar y llegó a estar presente en 60 países. Posteriormente, su firma compró el 80% de las acciones y el 20 restante la surcoreana Top Tec, que tenía una antigüedad de 15 años en el sector de las fotovoltaicas.
Por tanto, ha negado que fuesen unos "paracaidistas" que entraron en la sociedad por las ayudas de la Junta y que existiera "una trama" para hacerse con esas cantidades. Fue cuando invirtió esos 20 millones en ampliaciones de capital que, según él, no recuperó.
El exdirectivo, hoy día asesor de energéticas en el extranjero y residente en Panamá, también ha negado ante la jueza que tuviera relaciones con la Junta. "Ni las tuve ni las tengo ahora". Recibieron las ayudas porque presentaron un plan de negocios, pero este se vino abajo por el dumping chino cuando ese país empezó a vender por debajo del precio de mercado para eliminar a los competidores. Tras ello, el negocio quebró.
El contrato de la ministra
Por último, en cuanto a la contratación en 2012 de la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, asegura que comenzó a trabajar como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales. Fue captada a través de una empresa de Head Hunter -cazatalentos- con un contrato como una profesional más.
Se incorporó tras ser secretaria de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero insiste en que "ella no tuvo nada que ver con las ayudas que recibió la empresa desde la Junta y fue despedida como al resto de los trabajadores".
Ángel Luis S. S., estaba citado desde finales de julio para declarar como investigado en esta causa, fecha en la que presentó un primer escrito justificando su ausencia al coincidirle con un viaje de negocios de Panamá a México. La jueza lo puso en busca y captura, precipitándose a su juicio, y días posteriores se presentó en el juzgado, siendo citado hoy.