La jueza de Instrucción número 3 de Sevilla ha ordenado la detención del expresidente la empresa malagueña Isofotón Ángel Luis S. S. Este jueves debió personarse en el juzgado para declarar como investigado en la causa abierta sobre la concesión de casi 38 millones de euros a la compañía por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2012, y no lo hizo. Alegó que se encontraba en un viaje de negocios desde Panamá (país donde reside) a México D.F.
La intructora ha dictado esta orden de detención a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El exdirectivo de la empresa, que acabó cerrada y arruinada, está citado a declarar desde el pasado mes de julio cuando alegó que tenía este viaje programado. Esta circunstancia fue rechazada por la jueza en una primera instancia al no constituir "una causa legal de suspensión".
Ante la negativa judicial, según reza en el documento consultado por EL ESPAÑOL, el expresidente de Isofotón interpuso un recurso de reforma en la que solicitaba que pospusiera su declaración al 1 de noviembre. Como 24 horas antes de la hora fijada la jueza no había resuelto aún esta petición, no se personó en el juzgado.
Tampoco lo hizo su hermano Diego S.S., exvicepresidente de la empresa, citado también al inicio de esta ronda de declaraciones, aunque fue por una incidencia con la notificación, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.
Era viable
Quien sí declaró este jueves fue Óscar L., apoderado de la compañía, que defendió que entre 2010 y 2011, cuando la agencia IDEA le concedió los casi 38 millones, en avales y un préstamo, la situación de la empresa era viable: "Facturaba muchísimo".
A preguntas de las defensas, el investigado precisó que las expectativas se fueron al traste a finales de 2011, cuando China empezó a practicar dumping -esto es, a vender por debajo del precio de mercado para eliminar a los competidores- a las empresas europeas con una producción masiva de paneles solares.
Sin embargo, la jueza considera que estos avales presentan "graves irregularidades" relativas a la inadecuación del procedimiento en la concesión de tres de ellos, todos ratificados por el Consejo de Gobierno de la Junta. De ahí que haya solicitado sus actas entre 2005 y 2015 a la Consejería de Presidencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Los delitos
La instructora ve que se han podido cometer posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.
El montante total de estas ayudas asciende a 80 millones de euros entre los años 2005 y 2012, a través de avales e incentivos directos a fondo perdido, cuando gobernaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos están condenados por el caso ERE por la Audiencia de Sevilla.
Los investigados son 40 personas, 37 de ellas exresponsables y ex altos cargos de los gobiernos socialistas, como exconsejeros, exviceconsejeros en materia de Economía y un sobrino de Felipe González. Las declaraciones se reanudarán el próximo lunes.