La Junta de Andalucía ha dado un paso más para luchar contra el fenómeno de la okupación. La semana pasada aprobó en Consejo de Gobierno la puesta en marcha del Sistema Andaluz de Lucha contra la Okupación y de Asesoramiento para aquellos dueños de inmuebles víctimas de este problema. Entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero.
Las primeras medidas anunciadas fueron la elaboración de una guía informativa y la atención personalizada a estas personas en oficinas habilitadas en las delegaciones territoriales. La Consejería de Fomento tiene una en cada provincia.
Ahora se da un paso más con la puesta en marcha, en los próximos días, de un número de teléfono gratuito (900.100.112) para atender de emergencia a los afectados, han informado a EL ESPAÑOL desde la Consejería de Presidencia.
Es una de las primeras comunidades que habilita este servicio telefónico junto a Madrid. El pasado mes de septiembre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció para finales de año la puesta en marcha también de un servicio telefónico antiokupa.
Su funcionamiento en Andalucía será el siguiente: la llamada será atendida por un operador de la Junta que la derivará y filtrará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que correspondan, la Guardia Civil o Policía Nacional. Todo ello dependiendo de donde ocurran los hechos.
Casos de emergencia
Se trata de una herramienta para que los ciudadanos tengan alguna manera de canalizar sus casos a través de la Administración y será habilitado solo para atender situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando un propietario detecte que han cambiado la cerradura de su vivienda y ve luz dentro, o cuando un vecino le alerte de que le han okupado su propiedad.
La Junta ya puso en marcha oficinas en estas delegaciones provinciales para asesorar a ciudadanos con dificultades económicas y que corren el riesgo de perder su vivienda. Se trata del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID).
A partir de enero, el mismo ampliará sus atribuciones al habilitar este nuevo plan para atender a propietarios afectados por el fenómeno de la okupación. Lo hará en estas mismas dependencias y con el mismo personal específico, por lo que no supondrá un gasto adicional.
De hecho, desde el Gobierno andaluz insisten en que una cosa no quita la otra. Aseguran que las nuevas funciones se ejecutarán sin menoscabar las labores de asesoramiento a las personas que pudieran estar ante un desahucio inminente.
Así, cuando un ciudadano sea víctima de la okupación ilegal de su vivienda podrá acudir a una de estas delegaciones provinciales. En ellas encontrará atención personalizada, el personal valorará los hechos y le orientará sobre las medidas que pueda adoptar.
A su vez, le informará sobre las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma y le brindará las posibilidades de asistencia jurídica en coordinación con los colegios de abogados. También le facilitará el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar las denuncias pertinentes.
Siete okupaciones diarias
Durante el último semestre se han contabilizado en Andalucía 1.183 casos, lo que equivale a cerca de siete okupaciones al día. Una de las más llamativas fue la de un chalé en la localidad sevillana de Gines el pasado mes de febrero. Los okupas eligieron esa vivienda porque tenían perro y querían una casa con jardín, según explicó su propietario a El ESPAÑOL.
El objetivo es hacer de la Comunidad "una tierra libre de okupas", aseguran desde el Gobierno andaluz. Para ello, se ha constituido una mesa de coordinación con un grupo de trabajo específico para la puesta en marcha de iniciativas que garanticen los derechos de estos ciudadanos.
Su constitución ha estado presidida por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín; por el de Presidencia, Elías Bendodo, y por la de Fomento, Marifrán Carazo, responsables de las materias involucradas con este fenómeno.
Será la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) la que centralice todas las actuaciones a realizar para desalojar de forma inmediata a los okupas de estas viviendas. En la mayoría de los casos no suelen ser las habituales, sino las segundas residencias, y esconden detrás la actuación de mafias que se lucran a costa de los vecinos.
El interior de una vivienda okupada, tras ser desalojada por una empresa especializada.
Coordinación con las FCSE
Desde la Junta entienden que la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es esencial para actuar en las primeras horas de estas okupaciones. De ahí, la habilitación de esta línea telefónica. Por ello, a través de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, se asegurará la coordinación con las de Fomento y Justicia.
La labor de la Consejería de Justicia, que lidera Juan Marín, será clave también por su competencia como Administración prestacional de los órganos judiciales andaluces y como interlocutora con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior andaluza.
También, a través del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de esta Consejería, se impulsará la atención a las personas que hayan sufrido este tipo de delito. A ellas se les facilitará el asesoramiento jurídico, psicológico y social, así como el acompañamiento en todo el procedimiento judicial.
Plan nacional Antiokupación
Desde la Junta han reclamado al Gobierno un plan nacional antiokupación ante lo que entienden "pasividad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo es que esta iniciativa se extendiera a toda España, aunque otras regiones como Madrid ya han tomado cartas en el asunto.
La realidad es que esta problemática puede afectar a cualquiera. Existen cientos de perfiles y ninguna foto fija. Del nivel social más bajo al más alto, sin distinciones. Si ocurre, la indefensión del propietario es total. La ley apenas les protege, como se ha comprobado en muchos casos.